Fecha : 2011-10-30
  Violencia intrafamiliar cercena los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres
Reportaje

Organismos internacionales dicen que la violencia doméstica es un problema de salud pública. Expertos afirman que es un asunto con componentes sociales, psicológicos, económicos y de género.

"Los factores que configuran la violencia son sociales, económicos y de desigualdad", apuntó el doctor Jhonny López, director del CIES.

"Es muy importante que cualquier mujer o varón sepa qué son los derechos sexuales y reproductivos desde que nace". Patricia Miranda, terapeuta.

Cuando el varón y la mujer tienen los mismos derechos y capacidades, la situación de violencia disminuye, sostiene López.

KAREM GANDARILLAS

Cambio


La violencia intrafamiliar cercena los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y las mujeres que la padecen, aseveró Patricia Miranda Dávila, presidenta de la asociación Crisálida, que aglutina a personas que vivieron ese flagelo.

La salud sexual se da en función a la relación de la persona con su entorno, e implica enfermedades de transmisión sexual, de relaciones de poder y violencia, entre otros, indicó por su parte el doctor Fernando Álvarez, gerente regional del Centro de Salud Sexual y Reproductiva (CIES).

A su vez, Miranda recordó que la violencia doméstica constituye un problema de salud pública, según determinó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Muchas mujeres víctimas de la violencia familiar tienen pánico decirle a su pareja que use condón por miedo a que las pegue, y se callan cuando tienen infecciones de transmisión sexual”, aseveró la especialista.

Éste es un tema que compromete su salud mental, porque las agresiones cohíben su vida sexual, aseveró con un tono de voz grave.

Los traumas generados en esa área determinan que luego las madres repriman a sus hijas mujeres. “Les hacen ver que el sexo es sucio” y que deben llegar vírgenes al matrimonio, lo que se traduce en heridas transgeneracionales.

Cuando el hijo es varón, pueden lastimar su autoestima y provocar que el niño o adolescente se cuestione sobre su sexualidad y vea otras alternativas.

Otra de las consecuencias es que al crecer el hijo reproduzca el círculo de violencia y dañe a su pareja. Eso se genera porque para un niño “es tormentoso vivir con una madre tan herida”, comenta.

Las represiones y heridas conducen a actitudes autodestructivas que llevan a los sujetos al camino del alcohol y las drogas, y la sociedad no es capaz de ver lo que hay detrás de esas personas.

En 2003, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) informó que en un sondeo a 17.654 mujeres, el 2,7% estaba de acuerdo con que su esposo la golpee por negarse a tener relaciones. De ellas, el 22, 8% estaba casada o unida y el 23,2% divorciada, separada o viuda.

En ese marco, la educación sexual debe comenzar desde etapas tempranas, proporcionando a los menores de edad información adecuada sobre los cambios que se presentarán, explicó el doctor Álvarez.

Agregó que dentro de esa perspectiva deben abordarse valores de autoestima, además del cuidado e higiene del organismo.

Una información adecuada y dosificada según grupos etarios previene ciertas enfermedades.

“En el tema de las niñas, por ejemplo, les informamos del cuidado y la prevención sobre el cáncer de cuello uterino a través de las vacunas”, dijo.

También se informa a las mujeres sobre la importancia de exámenes de Papanicolaou y sobre mamografía, destinados a detectar los cánceres de cuello uterino y de seno, respectivamente.

Pero, como la salud sexual es un tema integral, el CIES también proporciona a la población información sobre lo que es la violencia y cómo se la puede reconocer para ponerle un alto.

Esta acción, dijo, se realiza mediante charlas de sensibilización y la conformación de grupos de auto apoyo, cuyo fin es sacar a las mujeres de los ciclos de violencia.


LA FRASE

Si un niño tiene presente que la sexualidad es parte tanto de su cuerpo como de su subjetividad, aprende a cuidar y valorar esa parte en su vida.

Patricia Miranda.

terapeuta.


LA CIFRA

2,7 por ciento de las mujeres acepta el maltrato por negarse a tener intimidad con su pareja.


¿Qué son los derechos sexuales?


El proyecto Conexión determinó que “los derechos sexuales son inherentes a las personas y tienen la finalidad de garantizar la capacidad de decidir autónomamente sobre la sexualidad y la función reproductiva”. (Bolivianas en cifras, serie 1).

Están ligados al placer físico, sexual y emocional, y a la información sobre sexualidad, así como al derecho a la educación sexual. “Son parte de los derechos humanos y en la época actual se han vinculado con la ciudadanía”.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) aún hay resistencia de los sectores estatales y sociales que impiden considerar los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de real importancia.

Al respecto, Ana Gonzales, presidenta de la Asociación Para la Prevención de Embarazos No Deseados (Apprende), afirmó que esta temática todavía se considera un tabú, por lo que la población cae en falsas creencias.

Recordó que hay diversos métodos anticonceptivos que se clasifican en temporales y permanentes. Entre los primeros citó los hormonales de uso regular y los de emergencia, así como a los dispositivos intrauterinos y los de barrera, que incluyen los condones.


Aborto causa el 10% de la mortalidad materna


En Bolivia, el aborto ilegal constituye una de las causas principales de la morbimortalidad materna (10%), según un informe de la organización Conexión-Fondo de Emancipación, elaborado en 2010.

La misma cifra maneja la Asociación Para la Prevención de Embarazos No Deseados (Apprende), que sostiene que esto representa que cada año mueren 65 mujeres por abortos inseguros.

“El aborto está asociado a la culpa de la mujer y no se habla de una responsabilidad social”, afirmó la terapeuta Patricia Miranda, quien dirige un grupo de terapia itinerante para víctimas de violencia doméstica desde hace varios años.

Según Apprende, uno de cada cuatro embarazos en jóvenes termina en aborto, mientras que tres de cada cuatro adolescentes tienen su primera experiencia sexual sin protección.

Los datos que extractó Conexión revelan que“se realizan 115 abortos ilegales por día y 40 a 50 mil por año (Red ADA)”. Sin embargo, esa práctica va en disminución, en 2005 se registraron 41.211 casos y en 2010, 39.928.

Miranda indicó que a los grupos de ayuda para sobrevivientes de violencia intrafamiliar llegan mujeres que han sufrido 20, diez o siete abortos. A ellas “les cuesta mucho hablar de ese tema, a veces están a punto de enloquecer de la culpa”.

El 79% de las mujeres bolivianas no está de acuerdo con esa práctica, pero la acepta en casos de violación (43,5%), por peligro de la vida de la madre (24,7%), por malformación del feto (24,6%), porque la madre es menor de edad (13,7), según datos de la Coordinadora de la Mujer (2007).

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan cuenta que cada año alrededor de 211 millones de mujeres se embarazan, de las cuales 87 millones quedan encinta de forma involuntaria.


Pobreza atenta contra derechos reproductivos

Acorde al informe de Conexión-Fondo de Emancipación, en Bolivia, la situación de pobreza y la distancia del lugar de residencia de las mujeres respecto de los centros de salud son dos factores que determinan el acceso a servicios médicos y la mortalidad materna.

Los derechos reproductivos permiten auto determinar con libertad la vida reproductiva, y al igual que los derechos humanos son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza, coinciden los expertos.

En este sentido, están ligados tanto con la información sobre métodos anticonceptivos, como con el acceso a la atención sanitaria.

El documento de Conexión extrae cifras de Bravo y Zapata (2005) e indica que el 60% de mujeres pobres del área rural fueron atendidas por un familiar; sólo el 29% accedió a personal capacitado, mientras que el 65% de la población pobre no recurrió a servicios competentes.

En el área urbana, el 80% de las mujeres pobres recibió atención capacitada, frente al 97% de mujeres de mayores recursos que obtuvoó atención sanitaria.

Así, las mujeres con mayor riesgo son las indígenas del área rural, quienes no acceden a servicios médicos, “presentan cuadros complejos asociados a bajos ingresos, desnutrición, violencia, ningún o escaso nivel educativo e inserción laboral desprotegida”.

Este grupo presenta un déficit de atención prenatal, parto y post parto que inciden en la mortalidad materna “la atención de emergencia sólo existe en centros urbanos y centros poblados”, sostiene el informe.

Pese a la implementación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) no se redujo la mortalidad materna y ésta sigue en ascenso.

Juventud


La presidenta de la Asociación Para la Prevención de Embarazos No Deseados (Apprende), Ana Gonzáles, afirmó que los jóvenes y adolescentes bolivianos tienen información escasa y errada sobre métodos anticonceptivos, hecho que los expone a contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.


EL DATO

El artículo 122 del Código Penal sanciona a la mujer que causó su aborto o permitió que otro lo cause, con prisión de uno a tres años.

El artículo 266 considera un aborto legal, impune y no sancionado si el embarazo es producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, o cuando la vida de la madre corre grave peligro, en cuyo caso se lo denomina aborto terapéutico.

El artículo 267 sanciona el aborto preterintencional. Castiga con cárcel a quien cause la pérdida del feto con uso de violencia, pero sin intención. El 268 castiga el aborto culposo con trabajo; y el artículo 269 pena a quien incurre en la práctica habitual.

El artículo 342 castiga a quienes causen aborto de forma maliciosa "con presidio mayor en su grado mínimo", si hay violencia contra la mujer embarazada, y “con presidio menor en su grado máximo, aunque no la ejerza, si obra sin consentimiento de la mujer”.

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18 de abril en la historia

1995. Mediante Decreto Supremo Nº 23993, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada declara que las huelgas, marchas, bloqueos callejeros y otras actividades de protesta ocasionan una situación de "conmoción e inestabilidad" que justifican la declaración de un estado de sitio.

1996. Se aprueba el D.S. 24275 que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEMIN).