Mientras el oficialismo ve que la recuperación de los recursos trae desarrollo, la oposición no descarta mal manejo.

Para oficialistas y opositores, la nacionalización de las empresas generadoras de electricidad es parte de un reto que asume el Gobierno para generar mejoras en la política social y en el manejo transparente de los recursos económicos del país. Mientras parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) valoran las acciones de recuperación de las capitalizadas, la oposición las mira con escepticismo.

El 1 de mayo, en el marco de los festejos por el Día del Trabajo, el presidente Evo Morales nacionalizó las generadoras de Corani, Huaracachi y Valle Hermoso; además de la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec). Ayer pasó a la administración del Estado la planta fundidora de antimonio de Vinto. Estas políticas suscitaron reacciones políticas. Cambio conversó con seis parlamentarios sobre el tema.

Para la diputada Betty Tejada (MAS), la nacionalización es parte de una política estructural, la cual derivará  en la baja de las tarifas de energía eléctrica, al menos en 20 por ciento.

“Lo que está haciendo el Presidente es cumplir con la Constitución e ir resolviendo los problemas económicos de las grandes mayorías, de manera estructural: cuando hablamos de servicios básicos no sólo es volverlos al Estado, sino bajar las tarifas”, señaló.

“Ha sido un error la privatización, ahora estamos entrando a la etapa de la nacionalización y esto va a dar frutos, inclusive para que se dé un bono más”, sostuvo el parlamentario Juan Carlos Claros (MAS) a tiempo de auspiciar que los nuevos recursos podrían ampliar políticas sociales.

Según Javier Zavaleta, parlamentario del Movimiento Sin Miedo (MSM), el Gobierno cumplió con lo que manda la Carta Magna, ya que los servicios básicos no pueden ser administrados por privados y tienen que ser accesibles a toda la población. “Más allá del costo que esto significa, es un derecho que tiene la población”.

Bernardo Gutiérrez (PPB) apoyó la nacionalización de las generadoras de electricidad cochabambinas, pero cuestionó la nacionalización de la Elfec, que a su juicio ya era parte del patrimonio de los bolivianos, por lo que en realidad no se trata de una nacionalización sino de una “intervención”. Actualmente esta empresa está en manos de la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios de Cochabamba, señaló.

Por su parte, el diputado Pedro Nuny (MAS) pidió a los opositores desmitificar la idea de que el Gobierno no puede contra la corrupción y considera que ahora el Estado tiene oportunidad de aplicar una política más incluyente y a favor del pueblo.

La senadora Centa Reck, del Plan Progreso para Bolivia - Convergencia Nacional (PPB-CN), se mostró escéptica con el proceso de nacionalización que el gobierno de Evo Morales viene implementando. La parlamentaria puso de ejemplo el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa en la que luego de pasar a manos del Estado se generó denuncias de corrupción por su mala administración, y que la época de la capitalización tuvo rasgos positivos.

“El problema de las entidades extranjeras que capitalizaron nuestras empresas fue que dejaban muy pocos dividendos para los bolivianos, los contratos que se habían hecho eran absolutamente desequilibrados, las ganancias debieron haber sido más compartidas, pero no eran malas administradoras. Sin embargo, ahora  lo que vemos en el Estado es que aunque tiene la posibilidad de tener la mayor parte de las ganancias para beneficio de todos, no se sienten los réditos económicos, no se mejoran las empresas y no se crean empleos; lastimosamente el Estado es pésimo administrador”, agregó.

asambleístas legislativos

Estado debe recuperar todas las empresas

Pedro Nuny

Diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS)

“Saludamos la nacionalización de las empresas, es importante y creo que es una muestra de la buena voluntad política que tiene el gobierno para con todos los bolivianos, para buscar días mejores. Este proceso sigue marcando historia, estamos  bastante contentos, el Estado tiene que seguir en esa línea, recuperando nuestros recursos”. 


No hay resultados con nacionalización 

Centa Reck

Senadora por Plan Progreso  para  Bolivia - Convergencia Nacional  (PPB-CN)

“Soy escéptica del proceso de la nacionalización, tal como se está haciendo, porque después de toda la experiencia que tuvimos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hasta ahora no hemos visto resultados positivos como dividendos para el país, sino todo lo contrario, se vio mucha corrupción, mala gestión...”. 


Con nacionalización, más bonos sociales

Juan Carlos Claros

Diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS)

“La nacionalización es un gran logro que se da al pueblo boliviano; hemos empezado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,  ahora con las generadoras eléctricas  justamente para que estas empresas  sirvan más al interés económico de la población y esto dará frutos, inclusive para que se dé un bono más como el de la Renta Dignidad”.


Respaldo al Gobierno en recuperar empresas

Bernardo Gutiérrez

Senador por Plan Progreso para  Bolivia - Convergencia Nacional  (PPB-CN)

“Desde el posicionamiento ideológico que tenemos hay que darle, por supuesto, un respaldo al Gobierno en la posibilidad de recuperar las generadoras de electricidad y todas las empresas que están con las transnacionales. Hemos visto que el Estado debe recuperar para sí aquellas acciones que le pertenecen por derecho a los bolivianos”.


Nacionalización es política estructural 

Betty Tejada

Diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS)

“La nacionalización me parece un logro, una clara señal del presidente Evo Morales para  resolver de manera estructural  el tema económico de los ciudadanos. No es casual que en el Día del Trabajador se nacionalicen las generadoras, que significa la rebaja en un 20 por ciento de las tarifas eléctricas; son políticas estructurales, no paliativos”.  


Se está cumpliendo con mandato de CPE

Javier Zavaleta

Diputado por el Movimiento Sin Miedo (MSM)

“En el caso de la nacionalización de las generadoras eléctricas, lo que se está haciendo es simplemente dar cumplimiento con la Constitución Política del Estado (CPE), porque establece que los servicios básicos no pueden ser  administrados por privados y mucho menos para el usufructo de algunas empresas; se vela por servicios para la población”. 

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