Para evitar que la justicia se paralice, analiza recurrir a fiscales y jueces probos. Independencia de poderes está garantizada, indica.

El Gobierno pedirá a los colegios de abogados que sugieran los nombres de personalidades para que ocupen las acefalías en el Poder Judicial, en forma interina, con el fin de que se dé continuidad a la administración de justicia mientras la Asamblea Legislativa hace viable la elección de magistrados.

También se analiza invitar directamente a fiscales o jueces probos para que llenen esos vacíos de forma temporal. El objetivo es claro: que la administración de justicia no se paralice y que se dé una revolución judicial que elimine la corrupción y la burocracia en ese campo.

El anuncio fue efectuado ayer por el presidente del Estado, Evo Morales, quien criticó a los anteriores gobiernos neoliberales porque éstos “cuotearon” el Poder Judicial.

Ante ello, el mandatario resaltó el hecho de que ahora hay plena independencia de poderes, pero también hay, y debe haber–dijo–, coordinación entre éstos en el marco de la Constitución Política del Estado.
Las afirmaciones del Presidente suceden en momentos en que el Senado analiza un proyecto de Ley de Transición Judicial que busca refundar la justicia, elegir a los magistrados en comicios previstos para el 5 de diciembre de este año y evitar que la administración de justicia colapse.

Según informes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, hay más de 13.000 casos paralizados: en el Tribunal Constitucional se acumularon 5.659 causas desde el año 2007; en la Suprema los procesos pendientes bordean los 7.000 casos. A esas cifras se suman más de 1.000 casos demorados en el Tribunal Constitucional.  
Frente a ese panorama se suman las quejas ciudadanas que cuestionaron los niveles de corrupción, burocracia y retardación de justicia, según un sondeo rápido realizado por este diario –esta semana– a los litigantes que se aproximaron a la Corte de Justicia de La Paz.

En ese contexto, el Presidente dijo ayer que “es obligación de todos dar continuidad a la justicia. No puede estar parada la justicia”. Por ello, la Asamblea analiza la Ley de Transición Judicial, que permitirá que “el pueblo elija a sus autoridades” en las urnas, modalidad que es inédita en Latinoamérica, según dijo Morales.  
Esa elección, sin embargo, tardará hasta 12 meses, período en el cual “la justicia boliviana no puede estar parada”, dijo el Jefe de Estado. Para evitar esa paralización, la ley citada permitirá que el Presidente elija autoridades interinas mientras la Asamblea no designe a los titulares.

Pero esas designaciones no serán arbitrarias, ya que se consultará con organizaciones del sector, dijo.
“Ahora no conozco muy bien a los abogados y expertos, en todo caso voy a pedir a algunas instituciones, organizaciones (que sugieran nombres) para no equivocarnos. Es difícil dar nuestra cabeza por alguna autoridad. Así como puede haber buenos dirigentes campesinos o malos dirigentes campesinos, hay buenos profesionales o malos, ¿cómo escoger al mejor?”, dijo el mandatario.

Abrió la posibilidad de que entre los invitados estén “abogados que están prestando servicios desde la Fiscalía o jueces. Puede haber, como también no. Pueden ser convocadas otras personalidades, pero con el compromiso de hacer una profunda revolución en el Órgano Judicial”.
Aunque precisó que aún no hay un mecanismo preciso para elegir a las autoridades interinas, dijo que se debe escoger a “los mejores hombres y mujeres para celebrar justicia, para que el pueblo ya no siga diciendo que la justicia es para los que tienen plata”.

Morales insistió en que hay una “total independencia de poderes” en Bolivia y que su legitimidad lo exime de la necesidad de cooptar jueces o fiscales.
Salió así al paso ante quienes le acusan por intentar cooptar el Poder Judicial por vía de una ley de necesidad y transición. “Evo Morales no necesita ningún apoyo del Poder Judicial. Lo que queremos nosotros es que haya justicia en Bolivia”, afirmó.

Por su lado, en Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera explicó el miércoles que la Carta Magna ordena la construcción de una institucionalidad judicial y que eso demorará un año. Mientras tanto, el Poder Judicial no puede detenerse y el Ejecutivo es el encargado de darle continuidad, sostuvo.
García reiteró que las designaciones serán temporales y que a fin de año se realizará la elección democrática de magistrados.   

NNUU: Elección de jueces, garantía de independencia
El Examen Periódico Universal del Estado boliviano ante las Naciones Unidas, en algunos acápites referidos a la justicia, indica que:

“El acceso a la justicia encuentra su mayor obstáculo en los resabios del manejo de la justicia por una clase elitista, que mantuvo la elección política de algunos miembros que integran el Órgano Judicial. Esto ha generado situaciones de impunidad y retardación de justicia, una muestra de ello es el número de denuncias que sostiene la Dirección General de Régimen Disciplinario contra jueces y personal administrativo del Poder Judicial”.

El reporte añade que “las máximas autoridades judiciales serán elegidas por sufragio directo y universal, constituyéndose en una garantía para su independencia. De igual manera, a partir del reconocimiento de la justicia indígena, originaria campesina se establece un nuevo escenario para mejorar el sistema judicial en el país”.
“Respecto a la exigibilidad de los derechos –indica el reporte–, se ha establecido el Tribunal Constitucional Plurinacional que vela por la supremacía de la Constitución; a la fecha éste todavía no ejerce funciones debido a la politización de los cargos en gestiones anteriores, razón por la que la CPE vigente ha previsto una nueva conformación de sus autoridades mediante sufragio directo y universal, respetando la plurinacionalidad”.

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