La propuesta Marcelo Quiroga plantea incluir a universidades públicas, FFAA y Policía en su jurisdicción.

Uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción a la justicia, y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas son los ocho nuevos tipos de delitos penales que plantea el proyecto de ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Éstos y otros delitos serán aplicables a todos los servidores públicos del Órgano del Estado Plurinacional, sus entidades e instituciones centrales, descentralizadas, desconcentradas, así como a funcionarios del Defensor del Pueblo, universidades, Banco Central, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, entre otros, según la propuesta que es debatida en el Senado.

Este proyecto de ley instruye, además, la creación de tribunales y juzgados anticorrupción, cuya facultad les da la posibilidad de “conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción, delitos vinculados, todo en el marco al respeto al pluralismo jurídico”.

Este proyecto de ley, sin embargo, está siendo analizado –para su respectiva aprobación– por la Cámara de Senadores.
El Defensor del Pueblo, en uso de sus atribuciones, ha planteado algunas observaciones a este proyecto de ley como, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción.

Según el documento del Defensor del Pueblo enviado al Senado, este postulado “vulnera la garantía del proceso pronto que forma parte del debido proceso, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Sin embargo, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Eduardo Maldonado (MAS), dijo que “las observaciones del Defensor han sido acogidas, pero no así (entre otros) la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, porque el artículo 112 de la Constitución Política del Estado señala que ‘los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad’”.

Bernardo Gutiérrez, senador de Plan Progreso para Bolivia (PPB) y miembro de la Comisión de Constitución, advirtió que esta norma “corre el riesgo de ir en contra de la propia Constitución, pues no contempla la presunción de inocencia y tampoco el derecho al debido proceso que toda persona tiene”.
El Senado prevé seguir el tratamiento del proyecto de ley en la jornada de hoy.  

Datos de la propuesta
Los denunciantes serán protegidos por el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

Los pueblos indígenas, de acuerdo con la Constitución, ejercerán su jurisdicción según sus normas y costumbres.

Desaparece el secreto bancario para la investigación de delitos de supuesta corrupción y daño económico al Estado.

Cinco a 10 años de cárcel para aquel funcionario público que otorgue un fin distinto a los bienes y servicios públicos.

Diputados aprueban en grande la Ley Transitoria
La Cámara de Diputados aprobó en grande el proyecto de Ley de Transición Judicial que, entre otros aspectos, llama a elección de magistrados para el 5 de diciembre de este año y da potestad para que el Presidente del Estado pueda realizar nombramientos interinos en cargos acéfalos hasta que la Asamblea Legislativa designe a los titulares.
El Sí al proyecto obtuvo 82 votos y el No, 38 apoyos de diputados.

La diputada del MAS Rebeca Delgado explicó que de lo que se trata es de pasar de un viejo sistema judicial a uno nuevo y plural. Añadió que esta disposición incluye un apartado donde se explica que esta norma es en conformidad a la quinta disposición transitoria de la Constitución Política del Estado, que indica que la Asamblea Legislativa puede aprobar leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.
Se prevé que hoy el tratamiento sea en detalle y revisión antes de enviar la norma al Senado.  

La sesión estuvo caracterizada por insultos de los integrantes de los partidos de la oposición en contra de algunos parlamentarios del MAS.
Jaime Navarro, de Unidad Nacional, dijo que la aprobación de la Ley de Transición viola la Carta Magna; mientras que su colega de AS Willman Cardozo indicó que debe respetarse la Carta Magna.

En respuesta, la diputada Betty Tejada sostuvo que la oposición, al final de cuentas, “no quiere un nuevo Poder Judicial”.
En las paredes del hemiciclo se observaron carteles en los cuales los parlamentarios opositores colocaron frases referidas a la independencia de poderes y críticas a la forma de elección de autoridades.  
“Todos aquellos parlamentarios que aprueben (la ley) en el futuro serán susceptibles de que se les inicie un juicio”, dijo Alejandro Zapata (PPB).

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