El consejero Rodolfo Mérida afirmó que el OEP le negó información sobre la posible inscripción de funcionarios judiciales en partidos.

El Consejo de la Magistratura investiga la presunta participación de algunos jueces en política, por lo que hace poco pidió al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) un informe sobre la posible inscripción de funcionarios judiciales en las listas de los partidos y las agrupaciones vigentes en el territorio nacional.
La máxima autoridad de esa instancia jurídica, Rodolfo Mérida, explicó que la solicitud de los datos fue efectuada hace unos dos meses, para lo que se envió la nómina completa del personal del Órgano Judicial.
Dijo que la entidad electoral rechazó el pedido por la aplicación del principio de privacidad, pero mencionó que se insistió hace unas semanas para que se entregue la información requerida, puesto que es preciso velar por la imparcialidad de los administradores de justicia. 
“El OEP tiene el compromiso ante el país. No se puede mellar la dignidad de nadie, pero tampoco se puede negar la información. Nosotros creemos que bajo el principio de transparencia esta información debe ser hecha pública, quien no tiene nada que temer no tiene por qué preocuparse”, manifestó.
El consejero mencionó que la investigación de las posibles actividades políticas de algunos funcionarios judiciales surgió por una denuncia efectuada por el diputado Isaac Ávalos contra algunos vocales y jueces cruceños, pero no se pudo realizar comprobación alguna porque no presentó una prueba documentada.
Dijo que pese a ello, se solicitó informes a las autoridades cuestionadas y ellas presentaron los descargos correspondientes.
Aseveró que el caso no tuvo más realce porque se requieren los antecedentes que pueda ofrecer el Órgano Electoral Plurinacional para actuar con responsabilidad.
Manifestó que el Consejo de la Magistratura está pendiente de que el Órgano Judicial mantenga su total independencia, puesto que no es posible que hayan administradores de las leyes que asuman posiciones subjetivas en favor o en contra de determinadas personas.
Recordó que es un fundamental mantener el equilibrio de poderes, porque sólo así se podrá aplicar los frenos y los contrapesos a los excesos que se pudieran cometer en las esferas gubernamentales o legislativas.
Aseveró que se precisa contar con la actividad plena de magistrados y jueces probos, que sólo apliquen de manera cabal la Constitución Política del Estado y las leyes en el marco del real saber y entender de la ciencia del derecho, a fin de garantizar la vigencia de la democracia y la convivencia pacífica entre todos los bolivianos.
“La Ley de Organización Judicial, en su artículo 6, es contundente, porque la participación en actividades políticas o sindicales importa la renuncia tácita de los jueces e indudablemente eso también se aplica para los administrativos”, agregó.
Por otro lado, Mérida anunció que el tema sería tratado en la realización de un nuevo encuentro nacional de los presidentes de las cortes distritales y jueces, que promueve con la finalidad de que se uniformen criterios en la aplicación de la ciencia del derecho.
Explicó que es preciso que los administradores de justicia efectúen una interpretación única de las normas legales, puesto que últimamente se toman decisiones diferentes con interpretaciones sectoriales sobre los principios que rigen la jurisdicción y la competencia.
Dijo que ese problema no existía en el pasado, por lo que manifestó que es preciso que los miembros del Órgano Judicial realicen una profunda reflexión sobre las resoluciones que han tomado en el último año respecto a diversas causas.
Explicó que el pedido para la realización del encuentro nacional fue enviado hace pocos días a la presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, para que se lance la convocatoria dirigida a los magistrados, los vocales y los jueces de los nueve departamentos del país.

 Edición Impresa

 Hemeroteca Digital

 Hoy en la Historia