Fecha : 2009-10-20
  Fiscal apunta a ganaderos por sobreprecios en Mutún
Política

El ex Presidente de la Siderúrgica ratificó su posición en sentido de que no hubo sobreprecio en la adquisición de los predios.

Los ganaderos que vendieron predios para la concesión minera del Mutún establecieron de manera unilateral los precios sin contar con documentación justificativa y sobre la base de supuestas mejoras y algunas construcciones realizadas en los últimos años.
La conclusión surgió luego de la inspección ocular realizada entre el 15 y el 16 de octubre en la localidad de Puerto Suárez, oportunidad en la que se visitó inicialmente las propiedades denominadas Tokio, San Silvestre, Santa Lucía, Santa Ana y Dos Hermanos.

El fiscal Prudencio Flores lideró el acto judicial y explicó que aprovechó su estadía en el lugar para tomar las declaraciones de Víctor Hugo Castedo, Jaime Corvera y José Alberto Barbery, además del alcalde Romualdo Hurtado.
Dijo que con la información proporcionada por esas personas se estableció que ellos sacaron la conclusión de cuánto costarían sus terrenos sin contar con estudios técnicos, avalúos o el precio base que tenía la ex Superintendencia Agraria.

“Vamos a verificar sus datos con otros informes técnicos, lo que en definitiva determinará el precio real. Sin embargo, llama la atención que en algunos de los casos las mejoras (en los predios) son mínimas y, por entrevista y por declaraciones de los sujetos procesales, podrían no tener los costos que se han pagado”, aseveró.
El representante del Ministerio Público reveló, por otro lado, que la declaración del Alcalde de Puerto Suárez fue esencial, porque dio datos relevantes respecto al sobreprecio que habría en la compra de los terrenos inspeccionados. El aporte habría sido respaldado por la versión de algunos testigos, que aseveraron que cada hectárea de terreno en la zona de la concesión minera no costaba más de 300 dólares antes de la negociación con la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM).

En ese sentido, Flores adelantó que pedirá varios criterios de personas entendidas en materia agraria y ganadera, junto con información que será solicitada al Servicio Nacional de Impuestos (SIN) sobre la cantidad probable de tributos que se pagó por las propiedades del caso y la base de costo de las declaraciones juradas respectivas.

El fiscal mencionó también que se investigará por qué se amplió el saneamiento de propiedades de 6.000 a 60.000 hectáreas por medio de una resolución del INRA.
El ex presidente de la ESM Guillermo Dalence explicó que mantiene la posición respecto a la validez del costo fijado.
Recordó que al principio los dueños pidieron el pago de 3.000 dólares por hectárea, lo que equivaldría a 7 millones de dólares en total por las 2.500 hectáreas negociadas.

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