Amplían plazo por 3 años para legalizar viviendas

Willy Chipana / Cambio

El Gobierno proyecta superar los 800.000 procesos de regularización de derechos propietarios de vivienda con la promulgación de la Ley 803, que amplía el plazo por tres años para la realización de dicho trámite. 

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, dijo que la norma, denominada de ‘Regularización de Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda’, modifica la Ley 247, que reordena los documentos que se deben presentar para acceder al beneficio.

Beneficiarios

“Con la norma se busca aumentar el número de regularizaciones en el país, ya que hasta lo que va del año solo se alcanzaron 87.000 y la meta es superar los 800.000 procesos”, sostuvo la autoridad. 

La aplicación de la norma se debe a que con la anterior Ley 247, los jueces realizaron distintas interpretaciones que no permitieron la regularización del derecho propietario de casas a través de procesos judiciales; por ejemplo, en la ciudad de El Alto no se aceptaron demandas judiciales. 

Por este motivo, Bony Morales manifestó que se realizará una campaña masiva a escala nacional para que las familias tengan el derecho propietario sobre sus terrenos o casas. Además, exhortó a los gobiernos municipales que no realizaron su trámite de ampliación de área urbana puedan hacerlo en el marco del ajuste que tiene el plazo de un año, para lo cual pidió a los jueces que no perjudiquen a las familias que realizan sus trámites, así como a los funcionarios de Derechos Reales que agilicen los trámites de derecho propietario.

Precisó que los requisitos que deben presentar las personas que quieran regularizar su derecho propietario son dos testigos, éstos serán sus vecinos en un radio no mayor a 100 metros, la declaración voluntaria ante notario de fe pública, una fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual referencial y la certificación de no propiedad urbana a escala nacional.

El viceministro Morales indicó que la medida también beneficia a las familias que se establecieron de buena fe en un terreno por más de cinco años, es decir hasta el 2007, y que los dueños fallecieron y no pudieron regularizar su derecho propietario. Este grupo deberá seguir un proceso judicial.