La trampa democrática

Archivo
Los empresarios, dueños de los medios de comunicación, alientan duras críticas contra los gobiernos de izquierda, pero no con los de tendencia de derecha.

Por Alejo Brignole *
La discusión política y filosófica que ronda en torno a la democracia como sistema idóneo, participativo y justo para el Hombre, no surge de su propia naturaleza, sino de cómo es planteada dicha discusión.
Una dificultad que nace de la utilización ideológica del concepto democrático, que es además amplio, y no debería admitir sujeciones rígidas sobre cómo organizarse democráticamente, puesto que el propio concepto admite formas muy diversas de implementar el gobierno de las mayorías. No existe una fórmula exacta, única y fosilizada de vivir en democracia, ya que una verdadera república se forja mediante los acuerdos y disensos de su sociedad, y como tal está condicionada por los factores ambientales, culturales y hasta geográficos de cada país.
La gobernabilidad democrática jamás podría ser igual es un país como Brasil, cuyo mosaico social, demográfico y étnico es muy variado y con una población de casi 200 millones de habitantes, a la que podría ser, por ejemplo, en Islandia, que es apenas una isla con algo más de trescientos mil habitantes y una gran homogeneidad sociocultural. De hecho, Islandia junto con Suiza, y pequeños Estados como San Marino (la república más antigua del mundo) figuran entre los mejores ejemplos de democracia directa y participativa, con un sistema muy efectivo de consulta popular y referéndums que permiten a la ciudadanía expresarse con fluidez y vincularse a los cambios producidos en sus propias naciones.
Sin embargo, y pese a estos ejemplos, el mundo está inmerso en una progresiva esclerosis del concepto democrático, reduciéndolo a una expresión inamovible y ajustada cuyos cánones son, en realidad, diseñados por los países sumergentes para condicionar procesos políticos, sobre todo en las naciones periféricas y jurídicamente subordinadas. De esta manera, se promueven democracias condicionadas, ya sea por los mercados, ya por organismos crediticios o por el propio sistema diplomático mundial, también tutelado por las hegemonías de turno.
Este proceso de enajenación conceptual y de presión democratizante es aplicado y pregonado sin descanso por las diferentes Administraciones norteamericanas desde hace décadas, como herramienta de coerción y maquillaje dialéctico para su intervencionismo militar. Invadir un país para luego organizarlo democráticamente según las imposiciones del mercado –cuya interpretación va a cuenta del invasor– es una fórmula que ya hemos visto demasiadas veces en el último siglo.
Pero también esta presión democratizadora se utiliza con mayor frecuencia –y con mayor economía de recursos para el que la ejerce– para instalar debates inconducentes en países que no se ajustan al Consenso de Washington, ni a sus directivas estratégicas.
Resulta interesante detenerse brevemente y revisar el funcionamiento de estos mecanismos de penetración ideológica y psicosocial, que logran poner en funcionamiento dominaciones antidemocráticas, utilizando la libertad como premisa. O como decía el filósofo y sociólogo alemán, Herbert Marcuse “Toda dominación tiene su estética, y la dominación democrática, tiene una estética democrática”.
Para lograr esta instalación social de conceptos desvirtuados, Estados Unidos recurre a viejos instrumentos de contaminación pública, instalando debates que, en el caso latinoamericano, suelen estar muy alejados de nuestras verdaderas problemáticas, que son las que en realidad deberíamos debatir abiertamente y en sociedad. En cambio, nos vemos arrastrados a cuestiones sobredimensionadas artificialmente que nos alejan de los aspectos medulares que nos afectan.
Mediante la prensa corporativa, invariablemente adscrita a una visión colonizada de entender la realidad, Washington expresa sus preocupaciones sobre la libertad de prensa y denuncia su supuesto incumplimiento para desprestigiar así a gobiernos refractarios a su hegemonía. Cuenta para ello con organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que aglutina a propietarios de medios de toda América. Es decir, a los dueños de la información, que son los que propagan las doctrinas hegemónicas.
Por supuesto, este tipo de instituciones que fungen como fiscales de la democracia, callan que en Estados Unidos sigue en vigencia la Patriot Act del año 2001, la cual impone severas restricciones a la libre información, permite vigilar a los que emiten opiniones contrarias y vulnera la intimidad más profunda de periodistas y comunicadores, lo cual manifiesta la grotesca dualidad de estos debates. Sin olvidar que Estados Unidos vigila digital y electrónicamente a periodistas, políticos y personas comunes en todo el mundo.
Sin dudas todas las conversaciones telefónicas, correos electrónicos y movimientos digitales de los periódicos bolivianos –incluido el diario Cambio–, son monitoreados por la National Security Agency (NSA) estadounidense, en este mismo momento en que usted lee estas líneas. Pero ello no parece ser motivo de preocupación democrática ni motiva denuncias formales de ninguna asociación u organismo diplomático.
Fue precisamente esta construcción artificial sobre una supuesta falta de libertad de prensa en Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, la que comenzó a minar el apoyo de la opinión pública a un gobierno claramente popular, lo que derivó en el triunfo de Mauricio Macri, en 2015. Siendo Macri un candidato de las elites y con un largo historial de saqueo al Estado argentino a través de sus empresas y contrataciones casi siempre turbias.
Sin embargo, la realidad argentina en cuanto a la libertad de prensa era exactamente la contraria a lo expuesto por la prensa corporativa latinoamericana y mundial, pues durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, destinada a evitar la concentración capitalista –e ideológica– de los medios y asegurar una distribución equitativa de las licencias mediáticas entre los intereses privados, sociales y de organismos públicos. Reforma que se llevó a cabo mediante una Coalición por una Radiodifusión Democrática, constituida por varios centenares de organizaciones sociales de diversa índole: comunitarias, sindicales, empresariales y de derechos humanos, que luego de trabajos conjuntos y arduas deliberaciones, acordaron los pilares básicos que debía contemplar una nueva normativa que regulara a los medios.
Este triunfo del consenso social convertido en ley, luego fue derogado por decreto –es decir, de forma inconsulta y avasallando una ley sancionada por el pueblo– por el nuevo presidente Mauricio Macri. Y esa decisión política fue por órdenes expresas recibidas del presidente Barack Obama. Poco más tarde, esta subordinada obediencia del nuevo gobierno argentino fue premiada con una visita oficial estadounidense a la Argentina.
También por instrucciones de Washington, se eliminó la señal pública de la cadena TeleSur, verdadero puntal informativo latinoamericano libre de contaminaciones ideológicas sumergentes, lo que permitía a la ciudadanía argentina conocer la realidad continental sin los filtros aplicados por las agencias estadounidenses.
Todas estas vulneraciones flagrantes a la libertad de prensa en las que sí incurrió el nuevo gobierno argentino obsecuente a Estados Unidos, curiosamente no fueron replicadas por los principales medios corporativos del mundo, pues todos ellos forman parte y colaboran con el andamiaje ideológico impuesto por Washington y a él obedecen sin restricciones. He aquí que podemos deducir fácilmente la naturaleza incompleta y sesgada de aquello que nos llega como noticia, pues al propio concepto de noticia le sucede algo análogo al concepto de democracia: es manipulado y rebajado para alcanzar fines estratégicos.
La historia de América Latina, que es altamente cíclica y predecible, pues está signada por influencias que son las mismas desde hace más de un siglo, abunda en ejemplos de estos procesos dialécticos espurios e inducidos. Innumerables veces los medios de comunicación han calificado de democracias a dictaduras sangrientas (pensemos en la Nicaragua del clan Somoza), o bien se estigmatizó como tiranías a gobiernos claramente reivindicativos de la democracia y la justicia social, como el de Salvador Allende en Chile. El problema reside, por tanto, en la matriz responsable que genera estas categorizaciones y en manos de quienes está la tarea de difundir estos falsos reflejos de la realidad.
En este sentido, resulta muy ilustrativo recordar el caso de Jacobo Árbenz, electo presidente de Guatemala en 1951, y que fue derrocado por un golpe militar tres años más tarde. Al igual que Salvador Allende en 1973, Árbenz fue depuesto por su propio ejército, luego de una campaña de prensa en donde se lo acusaba de filocomunista y de restringir la libertad de prensa en su país, cuando su verdadero pecado había sido intentar una reforma agraria y expropiar tierras improductivas a la multinacional frutera norteamericana United Fruit Co. (hoy denominada Chiquita Band International Inc.) de trágica memoria en la historia centroamericana.
Cuando Jacobo Árbenz se defendió de las acusaciones de comunista y antidemocrático que la prensa le adjudicaba, explicó muy sencillamente que su fuente de inspiración para la reforma agraria guatemalteca estaba fundada en las medidas implementadas por Abraham Lincoln en Estados Unidos, un siglo antes, la Homestead Act de 1862. Por supuesto, ello no lo salvó de ser derrocado por una operación de la CIA y que el mundo creyera, gracias a la prensa, que fue destituido para salvaguardar la democracia.
Y como la historia de América Latina se asemeja mucho a la del ratón que vive caminando en su rueda, pero sin moverse nunca ni avanzar, en pleno siglo XXI seguimos padeciendo idénticas tácticas de los países centrales, que continúan utilizando estas viejas retóricas democratizantes y que valen, solamente, para arrinconar a reformistas sociales y truncar procesos verdaderamente democráticos, ejecutados para mejorar las condiciones generales de una sociedad.
Tal vez por ello también se silencia que el actual sistema democrático de Ecuador, bajo las presidencias de Rafael Correa, o la democracia directa aplicada en Bolivia bajo los gobiernos del presidente Evo Morales, son sistemas participativos únicos en su género en la historia latinoamericana.
Y como era previsible, estos procesos de alcances históricos no son reflejados en la prensa mundial, ni enumerados sus logros. Estas dos innovadoras democracias regionales, sustentadas en un sistema de participación directa de las bases populares, con consultas vinculantes y representativas del pueblo, constituyen, muy probablemente, dos de las democracias más avanzadas del mundo, junto a los mencionados sistemas de Islandia o Suiza, excelentes ejemplos de democracia directa. Y sin embargo, en el mundo se habla de Ecuador y Bolivia como países en donde se ignoran los reclamos y se amordaza a la prensa. Aunque ya sabemos que eso es lo que sucede cuando un gobierno se opone a la concentración desmedida de la riqueza, al expolio de los recursos y a la subordinación jurídica de nuestras naciones. La socialización del bienestar es algo que jamás perdonan los que acaparan la riqueza global.
Aunque la prensa luego calle o diga otra cosa.
*Escritor y periodista