Chile como problema geopolítico

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La presidenta Michelle Bachelet en los ejercicios militares ‘Ciclón 2016’, realizados entre el 23 y 27 de mayo.

Por Alejo Brignole *

La difícil cuestión de las integraciones regionales en las zonas periféricas del mundo —es decir, en las regiones forzosamente subordinadas a las potencias hegemónicas— tiene siempre dos causas o génesis que dificultan su concreción. En el caso latinoamericano, la primera causa que se interpone en esta convivencia cooperativa es la hegemonía externa misma, que puede ser económica, militar, cultural o geoestratégica, o bien una combinación de todas ellas, que es el caso de América Latina. Pero añadido a este impedimento, que desvincula los lazos genuinos entre naciones afines o hermanas, está también el problema de las ambiciones y necesidades particulares de cada uno de los Estados. Ambiciones que son, en muchos casos, utilizadas estratégicamente por las potencias dominantes para generar condiciones favorables a su expansión económica o intenciones geopolíticas.

La Guerra del Pacífico desarrollada entre 1879 y 1883 fue un claro ejemplo del escenario bélico propiciado para favorecer intereses económicos de potencias centrales. También conocida por la historiografía como Guerra del Guano y el Salitre, enfrentó a Bolivia y Chile y empujó la intervención de Perú, que debía honrar acuerdos defensivos con Bolivia (Tratado Riva Agüero-Benavente de 1873), y surgió como efecto de la tensión creciente por la explotación de recursos (salitre y guano utilizado como fertilizante y con precios en alza en el mercado internacional).

Estos intereses afectaban principalmente a Gran Bretaña, representada por los capitales de la Gibbs & Company, propietaria de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, explotadora de las extensas salinas y bancos de guano de las zonas costeras del litoral boliviano y chileno de entonces.

Pero sin entrar en los detalles históricos que exceden los alcances de este artículo, no debemos olvidar ese factor de desestabilización siempre presente en la historia latinoamericana y originada en la protección de intereses particulares, que tantas veces condicionó y enfrentó a nuestros pueblos. En tanto naciones periféricas, muchas veces hemos derramado nuestra sangre y perdido territorios y riquezas, para el solo beneficio de la banca internacional o los oligopolios mineros, fruteros, cafeteros etc. Tal como sucedió en aquella desafortunada guerra en la que Bolivia perdió trágicamente su salida al mar.

En este contexto regional y geopolítico, para examinar el caso chileno también debemos hacer hincapié en la difícil relación de vecindad que ha promovido este país hermano con todas sus naciones fronterizas, pues con todas ellas ha registrado conflictos intensos, a veces no consumados, como es el caso de Argentina y sus disputas limítrofes por el Canal de Beagle, que alcanzaron un cenit prebélico en 1978 y que casi desencadena una invasión argentina al territorio trasandino.

Esta difícil vecindad de Chile se ha cristalizado de muchas maneras y por distintas vías: desde reclamos internacionales por parte de sus cancillerías, hasta el desconocimiento o interpretación capciosa de tratados bilaterales. Incluso en el caso de las fronteras comunes con Argentina, Chile ha recurrido de manera constante al corrimiento clandestino de mojones demarcatorios, es decir, realizando de facto una ampliación de su territorio mediante la traslación ilegal de los hitos, adentrándolos incluso varios kilómetros en territorio extranjero. Práctica que ha sido permanente durante todo el siglo XX, aunque siempre contrarrestada por las autoridades argentinas.

Esta idea predominante en Chile sobre su territorialidad escasa, o susceptible de ser agredida, o que necesita de una continua expansión por múltiples medios, tiene un reflejo táctico en sus Fuerzas Armadas, probablemente las más eficientes, modernas y dotadas del hemisferio sur, a excepción de Australia o Brasil. Un poder militar que se mueve mediante hipótesis de conflicto latente con sus vecinos, que también son arrastrados a pequeñas carreras armamentistas muy focalizadas y de baja escala si las comparamos con las carreras armamentistas de los países del norte, pero que igualmente provocan recelos y afectan la estabilidad. Tal el caso del rearme militar y táctico dispuesto por el presidente peruano Ollanta Humala, durante su mandato desde 2011, el cual fue fundamentado en aquellos viejos fantasmas de la ocupación chilena del Perú durante la mencionada Guerra del Pacífico.

Es de esta manera, mediante una continua mirada acechante y poco cooperativa con el entorno, que Chile se prepara de manera constante para eventuales conflictos, clasificados con diversas nomenclaturas, como la HV3 (Hipótesis Vecinal 3), en alusión a un conflicto simultáneo con Argentina, Perú y Bolivia. O Bien HV2, o HV1, etc.

Por esta combinación de factores históricos, geográficos y económicos, Chile ha actuado siempre como un Estado potencialmente enemigo de su entorno. O si preferimos el término, como una nación preocupante para sus vecinos continentales. Su escaso territorio —aunque rico en recursos y posibilidades— sumado a su estructura social interna muy desigual y fuertemente dominada por oligarquías económicas emparentadas con capitales transnacionales, tanto británicos como estadounidenses, ha terminado por configurar a Chile como lo que el sociólogo alemán André Gunder Frank denominaba un lumpen-Estado, es decir, un Estado funcional a intereses imperialistas que, en realidad, son ajenos a los genuinos intereses chilenos y se sirven de ellos —y de sus gentes— para su explotación. Condición de lumpen-Estado compartida por todos los países de Nuestra América, históricamente rebajados a proveedores de materias primas para subsidiar la industrialización de las naciones ricas.

El rol desempeñado por Chile como aliado de Inglaterra durante la Guerra de Malvinas, en 1982, exhibió al resto de Latinoamérica esta inclinación chilena a desestabilizar a sus vecinos mediante mecanismos de cooperación con las fuerzas hegemónicas de los países centrales. La ayuda chilena a las fuerzas británicas ha demostrado una vocación clara de extrañamiento con respecto a los demás países hermanos, dificultando siempre la construcción de lazos fraternos y estables entre sus verdaderos aliados naturales: los países del entorno.

Pero a pesar de estos descuidos históricos y estratégicos, la tarea de construcción fraterna no debe ser jamás desechada ni rendida, por cuanto Chile es también una nación que merece ser abrazada y comprendida, más allá de sus obsesiones. Una verdadera construcción latinoamericana independiente y confrontada a los avances del mundo industrializado no puede prescindir de Chile en tanto país hermano y afectado por las mismas vinculaciones subordinadas.

De todos modos, esto no debe ser un impedimento para detectar acciones unilaterales y tóxicas para la estabilidad geopolítica en las que Chile pueda incurrir, como viene sucediendo con el diferendo por el manantial Silala y que afecta a Bolivia de manera particular. La utilización que hace Chile de sus aguas, basándose en un viejo acuerdo contractual de 1908 con la empresa británica The Antofagasta-Bolivia Railway Company Limited, para abastecer a las locomotoras de vapor con aguas del Silala, es actualmente ilegal y nula de todo derecho.

Cuando la reconversión tecnológica desechó las máquinas a vapor y las reemplazó por unidades a combustible diésel en 1961, aquel acuerdo de 1908 cayó en letra muerta de manera natural. No obstante esta caducidad de un contrato comercial específico, Chile continuó explotando las aguas del manantial, beneficiando a varias empresas, entre ellas la Corporación Nacional del Cobre de Chile, hasta la actualidad.

Como condición agravante, a mediados de la década de 1990 Bolivia detectó la canalización de las aguas con infraestructuras realizadas por sectores privados chilenos. A partir de entonces, el diferendo entró en una nueva etapa marcada por reclamos mutuos, cuyo último episodio fue la solicitud de demanda el 6 de junio por el Gobierno chileno en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, para iniciar trámite legal con la intención de establecer si el curso de agua es un río internacional, como afirma Chile, o un manantial con un afluente artificial, como alega Bolivia.

No obstante este cruce diplomático para dirimir una cuestión que ya es vieja, y que no debería dilatarse en esta centuria que corre, cabría hacer algunas observaciones finales.

La primera es el carácter lesivo y consuetudinario que Chile hace de sus tratados y acuerdos, usufructuándolos aun cuando caen en letra muerta, como el ya mencionado acuerdo de 1908.

Este uso indebido de los fluidos del Silala ha provocado un perjuicio a Bolivia en concepto de tasas de uso y compensaciones, estimado en unos mil millones de dólares, deducibles por décadas de utilización chilena de forma irregular. Y aunque esto podría encuadrarse dentro de los vicios habituales de la diplomacia corriente (la mora en el pago de tasas o una laxitud administrativa por ambas partes), lo que denota la intencionalidad lesiva chilena es la intervención de obras e infraestructuras para desviar el cauce de las aguas y beneficiarse con ello de manera unilateral y bajo premisas de agresión geoestratégica. Tales maniobras constituyen, sin duda, una alteración de los equilibrios establecidos entre nuestras naciones, históricamente precarios, como ya sabemos.

Este litigio —que tiene una vez más a Chile como factor de desestabilización regional— debería convertirse en un buen termómetro para observar los parámetros con que se conduce la justicia internacional y sus foros vigentes. Sobre todo en este diferendo en particular, pues contiene elementos de difícil refutación en cuanto a los derechos bolivianos, que están claramente establecidos. Sobre todo porque Bolivia ha demostrado históricamente un espíritu de entendimiento y no-agresión, e incluso tolerancia el expolio de sus aguas. Este conjunto de indicios, sumado a la claridad jurídica del reclamo boliviano, sólo debería inclinar la balanza de un lado inequívoco. Incluso podríamos decir, casi axiomático, es decir, poseedor de una verdad que no hace falta ser demostrada.

*Periodista y escritor