Mesas de trabajo perfilan una justicia más rápida y fiscalizada

Fotos: APG
Foto 1.- Miles de delegados participaron en la elaboración de las propuestas para una nueva justicia.

Redacción Central/ABI
La Cumbre de Justicia, que se desarrolló en la ciudad de Sucre, finalizó ayer con una serie de resoluciones que fueron debatidas en seis mesas de trabajo y que tienen el objetivo de mejorar el sistema judicial, su aplicación, entre otras medidas en favor de la población boliviana.
Los delegados de la Mesa 1 propusieron que se mantenga la elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por voto popular, pero que se hagan cambios en la forma de selección de los postulantes.
A diferencia de las elecciones de 2011, el perfil de los candidatos debe centrarse en el cumplimiento de más de 20 requisitos, entre los que se establecerá un mínimo de 30 años cumplidos para los postulantes; además de una minuciosa preselección.
La refundación del sistema de justicia, a partir del ejemplo implementado por la Justicia Indígena Originario Campesina con base en la descolonización, despatriarcalización, interculturalidad y complementariedad, es la principal conclusión de la Mesa 2.
“La refundación del sistema de justicia tiene el propósito de lograr un cambio de cultura con base en los principios de justicia y valores plurales e inclusivos ya señalados en la Constitución Política del Estado, tomando como ejemplo la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC)”, destacó el secretario general de la Central Unión de Comunidades Interculturales, Bernardino Choque.
Los representantes de la Mesa 2 exigieron mayor celeridad en la justicia, con procedimientos simples y rápidos, con composición plural y de género (paritaria entre hombres y mujeres), especializada en el área para el conocimiento de acciones de defensa, como ser la acción de libertad, amparo constitucional, entre otras.
La Mesa 3 enfatizó en la necesidad de lograr que las decisiones judiciales se tomen sin dilación y oportunamente, apuntando a una “justicia a tiempo” para evitar la retardación en la administración judicial; además propuso separar las funciones judiciales y fiscales de las labores administrativas, entre otras propuestas.
El dirigente Luis Miguel Tuco detalló que es importante establecer un sistema de evaluación y control de las actuaciones judiciales, fiscales y policiales para instituir responsabilidades por el incumplimiento de plazos procesales (modificación de la Ley del Órgano Judicial, Ministerio Público y reglamentos disciplinarios de la Policía), además de mayor presupuesto para esta área.
En la Mesa 4 se acordó que es necesario —con relación a la lucha contra la corrupción— un mecanismo de verificación patrimonial permanente de los operadores de justicia, que comprenda movimientos financieros y que alcance a sus familiares.
De la misma manera, se aprobó la figura del Agente Encubierto en la lucha contra la corrupción, y personal altamente especializado que investigue la posible implicancia de operadores de justicia en hechos de corrupción, en consorcios de jueces, fiscales y abogados; aplicar la prevención y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial en Bolivia, además de fortalecer el control social.
La Mesa 5 determinó aprobar e incorporar la cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte. Además de esa propuesta, fueron aprobados el enfoque de la política criminal, gestión del conflicto, prevención, la disuasión o control, normativa penal, detención preventiva, investigación y sanción penal, ejecución de penas, y temáticas especiales del derecho penal.
La Mesa 6 resolvió rediseñar el perfil de ingreso de los estudiantes a la Carrera de Derecho entre los puntos más importantes del eje formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados, además de fortalecer la Escuela de Jueces, Escuela de Fiscales del Estado y Universidad Policial.
En cuanto al régimen disciplinario, se aprobó la modificación de la Ley del Órgano Judicial, la Ley de la Abogacía, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía y Ley Orgánica del Ministerio Público, para generar un procedimiento más expedito, sencillo y accesible en el régimen disciplinario, acortando plazos y actualizando la tipificación de faltas y sanciones de acuerdo al daño ocasionado.