Justicia sin maquillaje

Foto: Archivo
Una de las varias audiencias judiciales en la ciudad de Santa Cruz.

Enrique MacLean Soruco *
¿A quién le pertenece la justicia? Depende cuan atrás miremos en la historia. La Colonia nos impuso un sistema legal y judicial pensado en proteger los intereses de los monarcas. Jueces, magistrados, tribunales y funcionarios de juzgado, con la complicidad de los abogados, continúan aspirando a mantener la justicia operando como una máquina de explotación de miseria y desgracia humana a favor de las cúpulas y las minorías. La llegada de la democracia no ha erradicado los fundamentos de las raíces coloniales del aparato judicial. El expediente, el litigio de las formas y la impunidad e ineficiencia estructural siguen activas y funcionando. La justicia no ha transitado por el trayecto abierto por las conquistas democráticas de los últimos cuarenta años. Ante el reclamo popular y la iniciativa de reformar la justicia existe una fuerte corriente de resistencia de quienes esperan continuar explotando el modelo colonial de justicia que debemos sufrir actualmente.
La resistencia es el síntoma de desesperación ante la agonía del modelo fracasado. Sólo falta darle el golpe de gracia. El sistema judicial está pasando por un momento de profunda crisis y decadencia ideal para dar arranque al cambio. A pesar de las opiniones en contrario, la verdadera reforma de la justicia no tendrá origen ni impulso en la voluntad de los políticos. Tampoco será el producto de la conciencia gremial de los magistrados, jueces, ni de los fiscales, menos aún de los abogados. No será el fruto de ninguna gestión ministerial, ni de las universidades. El cambio deberá abrir espacios de inclusión, pero no será autoría ni mérito de dichas minorías. En gran parte, estos grupos representan a la cúpula corporativa que ha tomado la justicia de rehén y no la quiere dejar en libertad. ¿Por qué habrían de hacerlo? Así como está, la justicia les protege sus privilegios a costa de quienes viven en la necesidad y la carencia. El sistema judicial, lejos de servir a la gente, se ha servido de ella, dejando detrás de sí un rastro de violencia, maltrato, discriminación, exclusión, represión, retardación, corrupción e impunidad.
El cambio no vendrá si los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas y la población en general no se apropian de este proceso, como lo hicieron en el pasado quienes nos devolvieron la democracia. Ningún proceso de reconquista democrática es cómodo o libre de turbulencias, pero las minorías corporativas (políticas, judiciales, abogadiles, “académicas” y otras) que tienen intereses invertidos en el diseño actual del sistema judicial harán todo lo que esté en sus manos para limitar los cambios de la Cumbre a superficialidades intrascendentes. Intentarán promover “consensos” para limitar el cambio al mínimo aceptable para todos. Cambiar el sistema de elección de las autoridades jerárquicas. Digitalizar expedientes. Agravar las sanciones disciplinarias. Modificar los Códigos. Acortar plazos procesales. Aumentar el número de juzgados y el presupuesto judicial. Maquillaje, maquillaje, maquillaje.
Es hora de construir una justicia desde la visión y perspectivas de quien la necesita: las personas que urgen resolver sus conflictos. Especialmente aquellas personas vulnerables, forzadas a sufrir los efectos de la injusticia sin esperanza de poder reclamar por sus derechos. Al igual que el agua, la luz, el gas, el internet y el transporte, la justicia debe ser reconocida como un servicio para la población y especialmente uno a favor de los más débiles: niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y otros en situaciones de vulnerabilidad.
La Justicia Indígena Originaria Campesina debe ser el faro luminoso que ayude a evitar el naufragio de la justicia ordinaria. De la JIOC hemos aprendido que la justicia no es ni puede ser monopolio de los abogados. También hemos aprendido que el acceso a la justicia significa dar un servicio de gestión de conflictos con eficiencia, cercanía, oralidad, celeridad y participación ciudadana (experiencias que impulsan las iniciativas de centros de conciliación, justicia vecinal, justicia restaurativa, entre otros). La abogacía, la magistratura y el sistema judicial pueden y deben jugar un rol en el nuevo modelo de justicia, pero debe ser radicalmente distinto y opuesto al actual. Como servicio estatal debería limitarse a conflictos de mayor complejidad o gravedad que no puedan ser resueltos a través de otras vías, más afines y accesibles a las necesidades de la población.
La justicia de los juzgados, las jerarquías, las formalidades y los expedientes son parte de la herencia colonial que está pendiente de erradicación. La descolonización de la justicia requiere la implementación radical de los principios democráticos expresados en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. La nueva justicia debe darse en audiencias transparentes, con participación ciudadana para que los ciudadanos y ciudadanas vean cómo sus jueces deciden conflictos y con un modelo de gestión transparente, eficiente y orientado al servicio para prevenir la corrupción.
En el camino habrá avances, retrocesos y estancamientos. Ninguno de ellos debe entenderse por sí solo como éxito o fracaso de la transformación de la justicia, porque ésta es continua e incesante. La Cumbre no marca la meta, sino la dirección para el inicio de la travesía. El camino lo deben recorrer los movimientos sociales y populares, las personas usuarias del sistema y las ciudadanas y los ciudadanos, no como meros espectadores sino como titulares conductores del proceso. Eso significa que deben integrar y dirigir todas las comisiones e instancias que supervisen el cumplimiento de los mandatos que emanen de la Cumbre.
La justicia es un reclamo colectivo en el medio de nuestras diversas diferencias. La democracia tiene esta misma esencia tal vez porque justicia y democracia se incluyen y necesitan mutuamente. Esperemos que los delegados a la Cumbre Nacional de Justicia Plural que llevan las genuinas aspiraciones de los movimientos populares logren superar las barreras de la resistencia corporativa y de intereses pactados y logren desacreditar aquellas propuestas de cambios insustanciales o superficiales al sistema judicial. Sin duda habrá disensos y desacuerdos, pero éstos son el combustible necesario para la transformación. La falta de consensos es un buen síntoma cuando éstos se usan para proteger a las aves carroñeras que no terminan de deshuesar el cadáver de la justicia.
Esperemos que una potente avalancha democrática destruya las estructuras actuales de la justicia boliviana en un espíritu de genuina renovación con participación ciudadana. Esperemos que dicho espíritu venga de las voces activas y presentes de los movimientos populares y sociales, como protagonistas principalesde la Cumbre Judicial. Sin duda es propicia la oportunidad para vivir un nuevo momento político de conciencia colectiva, en el cual veamos ocurrir aquello que asumíamos como distante o imposible. ¿A quién le pertenece la justicia? A quienes no la tienen. Y ya es hora de hacer algo al respecto.
* Es abogado