Los genuinos ámbitos diplomáticos

Foto: Archivo
El presidente de Cuba, Raúl Castro, en la II Cumbre de la Celac, celebrada en La Habana.

Para América Latina
Por Alejo Brignole *
Durante la última semana, los medios de comunicación se centraron en la controversia suscitada en el ámbito de la OEA (Organización de los Estados Americanos, dependientes de las Naciones Unidas) por su secretario general, el uruguayo Luis Almagro. El hombre, que actualmente preside este foro diplomático, hizo gestiones para aplicar la denominada cláusula democrática a Venezuela —reservada a gobiernos ilegítimos o que vulneren el ejercicio democrático—, aunque esta iniciativa de exclusión halló la resistencia de los países más soberanos en su política exterior, entre ellos el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que Almagro no está autorizado para hacer la convocatoria, puesto que “la máxima autoridad de la OEA es la Asamblea y no el Consejo Permanente”.
Pero más allá de cuestiones de tipo formal-administrativo para la convocatoria, esta iniciativa propuesta por el titular de la OEA podría leerse apenas como un signo más de las viejas prácticas que este organismo diplomático hemisférico ha promovido desde siempre para nuestra región: la tutela estadounidense en el decurso estratégico latinoamericano. O dicho de otra manera, nuestra sumisión a la diplomacia norteamericana. Ya el propio presidente Morales señaló en las redes sociales que “La OEA, en su historia, siempre ha sido un instrumento de dominación para el sistema capitalista y modelo imperialista de EEUU”.
Para la opinión pública más superficial, la iniciativa de Luis Almagro podría parecer casi un síntoma de salud institucional que un organismo diplomático trasnacional (en este caso la OEA) exponga preocupación o curse reclamos para resguardar la democracia en nuestra región. Después de todo, los principios fundacionales de las Naciones Unidas y de sus organismos dependientes fueron creados, en su teoría jurídica, para garantizar la libertad de las naciones, resguardarlas de totalitarismos y asegurar una dinámica de diálogo entre Estados, por encima de tentaciones beligerantes e intervencionistas.
Sin embargo, la realidad política pocas veces halló reflejo en aquellas intenciones expresadas por la OEA en sus actas fundacionales, desde su nacimiento en 1948. Antes más bien, este importante foro interamericano ha servido como organismo de presión para satisfacer las demandas y necesidades estratégicas de la política exterior estadounidense. Es decir, ha fungido como herramienta jurídica para someter las decisiones soberanas de sus Estados miembros, cuyas cancillerías han sido extorsionadas, presionadas y amenazadas económicamente, década tras década, por el Departamento de Estado norteamericano para obtener decisiones diplomáticas favorables a los intereses de Washington. Ha sido, en síntesis, un foro deliberativo sometido a extorsión constante y, por tanto, pervertido en su praxis diplomática. Lo cual nos lleva a una conclusión muy clara desde una perspectiva jurídica: su nulidad como ámbito legítimo para las naciones latinoamericanas que promuevan la justicia y la soberanía de sus pueblos. Y dentro de este grupo, entraría, sin dudas, la República Bolivariana de Venezuela, que es la nación que ahora se quiere sancionar bajo argumentos falsos e improcedentes.
Lo interesante de este intento de marginar a un Estado soberano como Venezuela, por el simple hecho de ser refractario a la política exterior estadounidense en nuestra región, es que plantea muy sencillos interrogantes para el hombre común de América Latina que quiera indagar y entender la realidad que le afecta, pues estas preguntas evidencian el grado de deterioro ético e institucional que afecta a la OEA, prácticamente desde sus inicios.
Y estas preguntas podrían ser: ¿por qué se intenta aislar a Venezuela cuándo no incumple ninguna de las normativas recomendadas para sancionar a gobiernos ilegítimos? ¿Por qué la OEA exhibe tanta preocupación por los gobiernos que confrontan las injerencias norteamericanas, y no expresa siquiera incomodidad o intentos sancionadores contra Estados Unidos, que mantiene cárceles clandestinas en nuestra región, que tortura individuos y los priva de libertad y enjuiciamiento fuera de toda jurisdicción internacional? ¿Por qué la OEA no convoca a asambleas plenarias para arbitrar sanciones ejemplares contra el peor delito que puede cometer un Estado, que es aplicar políticas de lesa humanidad? ¿Por qué Estados Unidos puede intervenir militarmente en nuestros países, secuestrar ciudadanos, aplicarles tormento y negarles toda posibilidad de defensa legítima, y estas acciones hallan el silencio cómplice de todos los foros internacionales, incluida la ONU? ¿Quién debe definir lo que es democracia en nuestra región? ¿Los parámetros estadounidenses para definir lo que es democrático pueden ser validados en nuestra región, teniendo en cuenta que EEUU vigila a sus ciudadanos, tolera el abuso policial de tintes racistas y financia dictaduras en todo el mundo?
Por supuesto, las respuestas a estas preguntas evidentes, imposibles de maquillar o soslayar, son sencillas y además de variada genética. La primera sería: Estados Unidos puede hacer todo ello porque el marco jurídico de la OEA está dominado y diseñado para acompañar estas políticas hegemónicas, lo cual convierte a la OEA en un organismo inaceptable desde cualquier interpretación constructiva y humanista de la diplomacia.
La segunda respuesta a aquellas preguntas podríamos hallarla en la crisis actual de la civilización, pues el orden que rige el mundo no se apoya en un derecho internacional igualitario, sino en la fuerza y el predominio geoestratégico basado en la disuasión armamentista. Esto es, en la fuerza bruta. En el aplastamiento de todo lo que se oponga al discurso hegemónico y a los valores de mercado vigentes.
Debido a este marco jurídico distorsionado, podríamos decir que tanto la OEA como la intención manifiesta por su secretario general, Luis Almagro, resultan apenas instrumentos pasivos —simples peones de obediencia irrestricta— para el dominio estadounidense. Y por tanto jurídicamente nulo.
Es la comprensión de esta realidad la que provoca el rechazo latinoamericano contra esta nueva iniciativa aislacionista de Venezuela. Y de este entendimiento surge el imperativo ético para nuestras naciones del sur, de comenzar un camino constructivo que vaya en sentido contrario a estas anomalías del derecho internacional. Primero deberíamos desconocer —es decir, retirarnos de los foros internacionales pervertidos en su funcionamiento— y promover nuevos ámbitos de discusión y decisión regional, otorgándoles una validez protagonista para marcar la senda estratégica de Nuestra América. De allí que la Unasur, el Parlamento del Mercosur, la Celac o el ALBA, etc., son los que deben establecer los verdaderos límites a la injerencia del Norte y sirvan para desprendernos de ámbitos diplomático tóxicos para nuestro desarrollo.
En este siglo XXI, nuestra dinámica diplomática deberá buscar métodos de alejamiento y prescripción para un mundo que utiliza la fuerza y desconoce el derecho como fuente de legitimidad entre los pueblos. Será ésta, pues, la gran tarea latinoamericana en esta centuria que corre para no repetir los errores y las sumisiones del pasado siglo.
El derecho inalienable del gobierno del presidente Maduro de tomar medidas extraordinarias en el ámbito social y político para atenuar una crisis provocada por maniobras subterráneas del propio Departamento de Estado norteamericano, no debería jamás encuadrarse como un conflicto internacional que deba ser dirimido por foros diplomáticos sujetos a la tutela estadounidense. Eso sería poner al zorro a cuidar el gallinero.
La Organización de los Estados Americanos, si observamos con detenimiento su historia, ha sido apenas una parodia neocolonial disfrazada de entidad jurídica impregnada de una retórica humanista, pero sus decisiones internas y sus políticas hemisféricas han estado invariablemente subordinadas a la potencia hegemónica dominante. Y en esa subordinación, la OEA acompañó todo tipo de arrasamientos a la dignidad humana en nuestro continente. Ha permitido genocidios de una envergadura apabullante. Legitimó gobiernos corruptos y dictaduras brutales. Ha callado ante el terrorismo financiero promovido por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en nuestras naciones, y —su pecado más grave— ha facilitado el dominio de una nación por sobre el resto. Fue, en síntesis, un instrumento diplomático para nuestra sumisión y subdesarrollo.
Será pues, la hora de abandonar diplomáticamente y tomar distancia efectiva con esa institución pervertida en su funcionamiento llamada OEA.
* Es periodista

Dato
» La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.
» La OEA fue creada en 1948, cuando en Bogotá, Colombia, se subscribió la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951.

2 organismos, como la Unasur y la Celac, asumieron un papel más protagónico que la OEA.
35 Estados integran la OEA. Se otorgó el estatus de observador permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE).