Procuraduría propone nueva concepción judicial

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Foto 1 y 2.- Símbolos de una justicia equilibrada y transparente.

Luis Fernando Cruz Ríos
En el marco de las propuestas para la refundación y revolución del sistema judicial boliviano, la Procuraduría General del Estado planteó a la Cumbre Nacional una nueva concepción judicial con la incorporación de códigos normativos.
El plan señala que la retardación de justicia tiene que ver fundamentalmente con un acto nocivo atribuible al funcionario por ignorancia o corrupción; en el primer caso por profesionales que improvisan sus actos en los estrados judiciales, quedando en evidencia un desconocimiento parcial o total de su materia. Y segundo, a acciones deliberadas a sabiendas de que se está contra los principios éticos profesionales.
En ese contexto, manifiesta que se requiere un sistema judicial que otorgue seguridad jurídica y permita crear procesos rápidos con jueces altamente calificados en términos profesionales y morales, principios indispensables para producir sentencias, fallos y resoluciones de calidad.
Al tratarse de un tema de fondo, que tiene que ver con los derechos fundamentales o garantías establecidas por la Constitución Política del Estado, se evidencia que urge el desafío de una concepción del despacho judicial desde el ingreso de los trámites o procesos, su resolución y la emisión de las causas.
“Procurar una justicia pronta, oportuna y enfrentar la retardación de justicia requiere que los jueces en la administración del despacho judicial deban actuar de forma diligente en razón de su cargo y al mismo tiempo hacer justicia”, señala la propuesta.
Para ese propósito, la iniciativa afirma que se requiere de la participación cualificada de los funcionarios judiciales, o de apoyo, con el objetivo de mejorar la gestión judicial; es decir, que los funcionarios, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, ejerzan sus facultades con la mayor responsabilidad posible y en relación permanente con las partes. “Una medida pertinente para garantizar una justicia oportuna requiere de materializar el diseño constitucional de los procesos judiciales, cuyos principios procesales requieren a la gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante un juez”, manifiesta la iniciativa.
En ese contexto, justifica que se hace necesario la implementación efectiva y total del Código Procesal Civil y del Código de las Familias con servidores judiciales altamente capacitados.
La aprobación del Código del Sistema Penal para la diferenciación entre crímenes, delitos y faltas con el propósito de evitar la retardación de justicia, se suma a la propuesta de aprobación del Código Procesal Administrativo para que el ciudadano acuda al Órgano Judicial a efectos de enmendar una situación gravosa resuelta en la sede administrativa.
Así, se prevé la promulgación oportuna de todos los códigos sustantivos y adjetivos que conformarán o serán parte de los ‘códigos Morales’, que tienen la misión de moralizar la justicia boliviana al servicio de la sociedad. Eso permitirá a los jueces la dirección del proceso desde su inicio, asumiendo el control para su desarrollo eficiente, reduciendo los tiempos de litigación.

2016 año en que el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido el reto de revolucionar el sistema judicial, altamente cuestionado por la ciudadanía y los litigantes.

66 páginas contiene la propuesta de la Procuraduría General del Estado que fue puesta a consideración de la Cumbre Nacional de Justicia para Vivir Bien.

PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN
Designar a los operadores de justicia, jueces y personal de apoyo bajo parámetros de evaluación meritocrática.
Evaluar constantemente el rendimiento de jueces y personal de apoyo.
Capacitar y especializar a vocales, jueces y el personal de apoyo.
Formular e implementar políticas de gestión administrativa en el territorio nacional.
Diseñar e implementar políticas de gestión financiera en el territorio nacional.
El ingreso a la Escuela de Jueces del Estado de todos los profesionales abogados que hayan cursado satisfactoriamente la correspondiente malla curricular con probadas aptitudes jurisdiccionales.
Una convocatoria interna que permita valorar el esfuerzo y las capacidades de las propias autoridades y servidores judiciales, reflejando el sistema de retroalimentación escalafonado del mismo Órgano Judicial.
Capacitación inductiva en todos los casos, especialmente cuando se trate de convocatorias internas y externas.

La reforma debe ser integral para garantizar la independencia de operadores
La propuesta presentada por la Procuraduría General del Estado señala que la reforma judicial debe ser integral, no solo partir del proceso de elección de las máximas autoridades, sino también de la formación inicial de los aspirantes a vocales y jueces, por lo que el proceso de selección debe estar ligado al cumplimiento de requisitos en cuanto a su formación, calificación curricular, examen de conocimientos y evaluación psicológica.
Precisa que una reforma de justicia debe comprender, como mínimo, disposiciones orientadas a reforzar la independencia de los administradores de justicia, considerando medidas para fortalecer la carrera judicial. Bajo este contexto, el acceso a la carrera judicial podrá estar contenido en las modalidades de ingreso a la Escuela de Jueces, convocatoria externa que permita el ingreso a la carrera judicial de abogados con probadas aptitudes jurisdiccionales.
“Esto implica que en el mediano plazo se debe potencializar la Escuela de Jueces del Estado con una visión revolucionaria de la justicia boliviana, priorizando en el plan de estudios los valores y bases filosóficas establecidas en la Constitución”, según el documento.

No hay nada más parecido a la injusticia que una justicia lenta, característica del sistema judicial boliviano”.
Héctor Arce
Procurador General del Estado