Fiscalía General del Estado plantea desmontar la vieja estructura colonial judicial

Fotos: Archivo
Foto 1.- El Fiscal General del Estado presenta a los medios de comunicación su propuesta para la Cumbre Nacional de Justicia.

Luis Fernando Cruz Ríos
La materialización de la Constitución, de los mecanismos de autocontrol contra la corrupción, el desmontaje de la vieja estructura colonial de la justicia y el fortalecimiento de instituciones con visión integral nacional son las propuestas de la Fiscalía para revolucionar la justicia.
El carácter de la iniciativa se ha planteado bajo la premisa de que la crisis del sistema no será resuelta si continúa planteando reformas conservadoras, sin tocar las estructuras del andamiaje colonial, neoliberal, patriarcal, vertical y ritualista, que ha prevalecido pese a las distintas reformas que no han tenido la valentía de remover los cimientos en los que se siguieron replicando los vicios de la justicia.
Esas cuatro dimensiones fueron identificadas por el Ministerio Público como puntos de partida para mejorar el sistema judicial, las que están sustentadas en 10 puntos.
ESTRUCTURA COLONIAL
La propuesta incluye la eliminación organizacional dispersa de la vieja estructura colonial del Órgano Judicial, que permitirá promover el acceso a la justicia, la celeridad y desformalizar la administración judicial.
Señala que los tribunales departamentales de justicia son el resabio más importante e influyente del sistema colonial, constituyéndose en entes burocráticos que generan retardación y corrupción, por lo que se propone instaurar una cobertura judicial en los municipios del país.
Propone, además, conformar una sala especializada en temas agroambientales en el Tribunal Supremo de Justicia en reemplazo del Tribunal Agroambiental, generando un importante ahorro que sería destinado a contar con jueces de primera y segunda instancia en los municipios. Implica también implementar efectivamente a los jueces de paz que resuelvan conflictos de menor cuantía, centros de conciliación y solución de controversias. Asimismo, se considera la creación de un Consejo Superior de Justicia, como máximo órgano de administración, definición de políticas del sector, control y supervisión de servicios judiciales.
DESFORMALIZAR LA JUSTICIA
Si la revolución que pretende el nuevo contexto normativo constitucional va a ser efectiva, debe darse en el nivel conductual, en la actitud individual y en lo cultural, según la Fiscalía General del Estado.
Para eso deben eliminarse los términos de jerarquía en el lenguaje legal y las estructuras verticales coloniales en la organización de las instituciones. Deben establecerse mecanismos efectivos para sancionar la inadecuada aplicación de las formas procesales, en abogados, fiscales, jueces y policías, garantizando el debido proceso, tanto para víctimas, procesados como para la sociedad, buscando la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
DESARROLLO NORMATIVO
La materialización de la Constitución Política del Estado plantea la implementación efectiva de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), de la política criminal y el efectivo ejercicio de la acción penal pública.
La administración de justicia, que se encuentra entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado, puede ser transferida y delegada a las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios) así como las competencias compartidas en la resolución de conflictos de menor entidad entre vecinos; esto permitiría que ciertas facultades de administración de justicia puedan ser delegadas a las instancias autónomas municipales y gobernaciones en materias como derechos del consumidor, justicia contravencional, de tránsito, incumplimiento de contratos de obras menores y solución de controversias entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal.
AUTOCONTROL
Sobre las medidas de autocontrol para evitar la corrupción y la retardación, de acuerdo con la propuesta, se deben determinar mecanismos de vigilancia, seguimiento y supervisión de sus actuaciones, sin que ello involucre atentar a las garantías de imparcialidad, objetividad e independencia de jueces, fiscales y policías; de lo que se trata es de controlar que se atiendan los mínimos estándares de cumplimiento de plazos y requisitos procesales, pero sobre todo de desempeño a partir de parámetros ampliamente debatidos y fundamentados en el marco de la carrera fiscal, judicial y policial.
FORTALECIMIENTO
Una de las principales falencias es la cobertura territorial de los servicios forenses en la investigación de los delitos, en particular en delitos sexuales o vinculados con violencia de género, por ello propone potenciar sosteniblemente los brazos técnicos de los operadores de justicia (IDIF y Policía investigativa) no solo con presupuesto en el Ministerio Público, sino con inversión desde el Estado, gobernaciones y municipios.

162 delegados de los nueve departamentos serán parte de la Cumbre Nacional de Justicia, en Sucre.

Se plantea la creación de otras instancias judiciales
Creación del Consejo Superior de Justicia, como máximo órgano de administración, definición de políticas del sector, control, supervisión de servicios judiciales, gestión del sistema, conformado por un representante meritorio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa, Fiscal General, Procurador, Defensor Público, representación del control social.
La creación de una instancia externa al Órgano Judicial de nivel autónomo y de carácter técnico que regule, controle y supervise los servicios de justicia.

Una comisión especial deberá seleccionar a las altas autoridades judiciales
La propuesta consiste en que la selección de postulantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado y el Defensor Penal Público debe hacerla una comisión seleccionadora, con representación plural para realizar la convocatoria, concurso de méritos y selección, manteniendo el actual sistema de legitimación directa por voto del ciudadano.
Sin embargo, para efectivizar la disposición constitucional, es necesario buscar otros mecanismos operativos para la selección y elección de magistrados y magistradas con el mejor perfil e idoneidad técnico jurídica, quienes al margen de cumplir los requisitos legales deben tener la solvencia profesional y los principios éticos y morales que determina la Constitución Política del Estado porque en el ejercicio de sus funciones deben observar los postulados constitucionales de una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Además, deben primar los principios que rigen a las y los servidores públicos —de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad con resultados—, aunque ese sistema de designaciones meritocráticas y sujetas a controles democráticos no puede quedarse en el nivel de las máximas autoridades, sino trasuntar a todo el sistema de carrera fiscal, judicial e inclusive policial.
“Este tipo de medidas mejoraría inevitablemente la calidad de la enseñanza, pues muchos estudiantes tendrían mayores incentivos para obtener buenos resultados en las evaluaciones. También se incrementaría la cantidad de profesionales que realizan cursos de maestría y doctorado. A su vez, aumentaría la motivación y la competencia para ocupar puestos académicos docentes porque eso también sumaría antecedentes para los concursos públicos”, señala la propuesta.

Se busca garantizar la presencia de jueces en los 339 municipios
Con el propósito de promover el acceso y la celeridad en la justicia, la Fiscalía General del Estado señala que corresponde encarar un proceso que tenga como objetivo garantizar la presencia de jueces en los 339 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia, y que para que éstos no colapsen se requiere que en el marco de la configuración del modelo de Estado Autonómico, las competencias exclusivas puedan ser transferidas, y a su vez, las competencias compartidas sean ejercidas en la resolución de conflictos.
La implementación de los jueces de paz pueden resolver conflictos de menor cuantía, fortalecimiento de centros de conciliación y solución de controversias entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal o aspectos contravencionales.
Se manifiesta la existencia de una amplia consciencia nacional de que cualquier medida resultaría más efectiva si no se generan gastos que impliquen menoscabo del erario nacional, por ese motivo, y en consideración a que el incremento de los jueces debe ser inmediato, la propuesta se enfoca a no generar ningún gasto accesorio a lo que actualmente destina el Presupuesto General del Estado.
En ese sentido, se pueden suprimir los tribunales departamentales de justicia, con ello se producirá un ahorro de alrededor de 26 millones de bolivianos anuales. Con ese monto se puede cubrir la creación de por lo menos 120 ítems para jueces de primera instancia (así se garantizaría la presencia de estos jueces en los 339 municipios) y 120 jueces de segunda instancia (duplicando la posibilidad de acceso, pues su sede no será exclusivamente en las capitales de departamentos).
Con esta medida se garantizaría un mayor acceso a la justicia y a su vez dotar de celeridad a la administración. Posibilitará, además, garantizar el ejercicio del derecho a la impugnación, pues los jueces de segunda instancia asumirán las atribuciones de los tribunales departamentales de justicia.

Para descolonizar la justicia tenemos que empezar con el cambio de mentalidad en los operadores de justicia”.
Virginia Velasco
Ministra de Justicia

Creo que el tema informático y el nuevo código van a permitir un golpe, ojalá mortal, a la retardación de justicia”.
José Alberto Gonzales
Presidente de la Cámara de Senadores