Debate en Argentina por el precio de la carne

Una carnicería que muestra todos los productos que tiene a su cliente.
Foto: Archivo

Argentina / EFE, Telesur
El precio de la carne en Argentina, país del asado, es el eje de un debate entre el Gobierno, que cuestiona los aumentos en el sector, y los empresarios, que no descartan nuevas subas.
“Hay que ver cómo va a estar el mercado, pero viene el aumento de la luz. Nosotros tenemos el gasto mayor en la corriente. No podemos apagar las heladeras. El aumento de la luz no lo va a pagar el carnicero, va al consumidor”, dijo ayer el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, en diálogo con la radio Vorterix.
Williams también consideró que las próximas negociaciones salariales con los trabajadores del sector también podría influir en eventuales subas, pues los gremios piden entre un 35 y un 40 por ciento de aumento.
Las declaraciones de Williams llegaron después de que este fin de semana el ministro de Agroindustria de Argentina, Ricardo Buryaile, sostuviera que el kilo de asado “tendría que costar 90 pesos (unos 6,22 dólares)” en la venta al público, cuando actualmente se consigue a unos 110 pesos (7,60 dólares).
Abstenerse de la carne
El aumento de los precios de la carne en los últimos dos meses en Argentina, podría afectar la dieta de los habitantes de este país suramericano, considerado el mayor consumidor de este producto alimenticio en el mundo con 60 kilos por persona al año.
Los efectos de esta subida de los precios comienzan a sentirse entre los argentinos, mientras que autoridades del Gobierno afirman que es difícil controlar los precios y, en cambio, aseguran que serán los consumidores quienes se deban adaptar.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, apuntó días atrás que “se hace difícil controlar carnicería por carnicería” y “queda hacer concientización y trabajar sobre el consumidor. Si se tiene que abstener de consumir, que lo haga”.
El Gobierno de Mauricio Macri eliminó los controles que existían sobre etiquetas de los productos, la regulación se había impuesto en octubre de 2015 durante el mandato de Cristina Fernández para evitar manipulación de precios de los comerciantes.