La Ley Contra el Acoso Político es un ejemplo que enfrenta trabas

Foto: Gonzalo Jallasi
Las mujeres son la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Falta la reglamentación de la norma
Democracia Directa
Bolivia avanzó muchísimo en la participación política de las mujeres. En las últimas elecciones generales (2014), las mujeres lograron más del 50% de presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con lo que Bolivia se sitúa como el segundo país del mundo después de Ruanda y el primero en la región con mayor representación parlamentaria femenina.
Elizabeth Salguero, experta internacional en planificación estratégica de ONU Mujeres, exministra de Culturas y exembajadora de Bolivia en Alemania, dijo a Cambio que todos esos cambios estructurales fueron posibles por la incorporación de la paridad y alternancia en la Constitución Política del Estado y otras normas legales.
“El fortalecimiento de la democracia implica fortalecer la participación paritaria y democrática de las mujeres, con todos los desafíos que hay que superar, fundamentalmente el derecho a ser valoradas, con una vida sin violencia en todos los niveles y ámbitos”, apuntó.
Ley 243 sin reglamento
La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada por el presidente Evo Morales el 28 de mayo de 2012, es una de las más avanzadas de la región, pero pese al tiempo transcurrido, más de cuatro años, no tiene reglamentación.
“Al no estar reglamentada hay problemas para su aplicación, seguimos teniendo denuncias de acoso y violencia política de Acobol (Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia), de las Asambleas Legislativas Departamentales”, reconoció Salguero.
La Ley 243 debía ser reglamentada en el plazo de 90 días, sin embargo las entidades encargadas de esa tarea como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en coordinación con el Ministerio de Justicia y la participación del Órgano Judicial no lo hicieron hasta la fecha.
“Es una tarea pendiente, varias instancias tienen que trabajar en eso. Es urgente que lo hagan para aplicar el artículo 8 que establece las sanciones a los casos de acoso y violencia política. Es necesario viabilizar su aplicación que no se cubre a cabalidad”, aseveró.
Uno de los tantos actos de acoso y violencia política que establece el artículo 8 de la Ley 243 dice: “Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres”.
También que “Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo”.
Permanencia
Ante esa situación, Salguero reconoce que no basta con tener esa participación política (tanto en las asambleas departamentales como en los concejos municipales) “sino qué hacemos para lograr una democracia paritaria, y que las mujeres se mantengan en estos cargos de decisión”.
“Cómo hacemos para que puedan compatibilizar su vida laboral con su vida familiar porque todavía a pesar de que la Constitución Política del Estado establece la responsabilidad compartida esto no se aplica”, advirtió.
El acoso y la violencia política que sufren las mujeres electas tanto en las asambleas como en los municipios tiene por objetivo que renuncien a sus cargos, y en muchos casos la presión es tanta que lo consiguen.
Otro dato que Salguero menciona es que de las nueve gobernaciones departamentales ninguna es ocupada por una mujer y de los 339 municipios del país, sólo el 8% está a cargo de una alcaldesa.
Necesidad de difusión
Salguero también resaltó que Bolivia cuenta con un marco normativo de avanzada, pero todos estos derechos requieren ser implementados mediante políticas públicas, planes y proyectos en diferentes niveles y en ese marco lograr su cumplimiento.
Para su implementación se requieren recursos humanos y financieros, también es importante su difusión, “creo que faltan campañas de sensibilización porque derechos que no se conocen no se cumplen”.
“Para superar la sociedad patriarcal y machista se debe trabajar en cambios culturales que rompen estas pautas de dominancia, a fin de construir una sociedad más justa e igualitaria”, argumentó.
Para Salguero es muy importante que el Estado asuma el compromiso de que todos estos derechos se cumplan y estas leyes progresistas se implementen.