“La apuesta es constituir un modelo que fortalezca la prevención de conflictos desde la Defensoría”

David Tezanos pinto
Defensor del Pueblo
El abogado David Tezanos Pinto Ledezma fue designado defensor del Pueblo por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 103 votos de los 144 senadores y diputados que asistieron a la sesión efectuada el 13 de mayo, y al día siguiente fue posesionado. Reemplaza en esas funciones a Rolando Villena, quien estuvo en la Defensoría los últimos seis años.
El nuevo Defensor se desempeñó como director nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, pero asegura que eso no significa que responda al Movimiento Al Socialismo (MAS) o a la línea gubernamental, por lo que anticipa una gestión crítica, propositiva y preventiva.
Tezanos Pinto, después de una serie de intentos, aceptó ser entrevistado por Democracia Directa en su despacho y respondió en los siguientes términos cada una de las preguntas.
Defensor, ¿qué responde a los cuestionamientos que hicieron algunos sectores acerca de su paso por la Defensoría Pública, su exposición ante la comisión legislativa e incluso poniendo en duda su nacionalidad?
La etapa de postulación y calificación fue evaluada por una comisión con toda la diversidad que tiene la Asamblea Legislativa, tuvo sus etapas de impugnación y en ese momento tenía conocimiento de que ser funcionario público no era un obstáculo y mi persona se encontraba fuera de las exclusiones por rangos jerárquicos, ocupaba una dirección en una institución descentralizada que tiene autonomía funcional, operativa y administrativa financiera. En cuanto a la evaluación fue sobre el contenido mismo de las preguntas, no sobre la forma. Respecto a la nacionalidad, aclaré que habría un homónimo que puede ser encontrado en redes sociales, lo que fue superado.
Después de más de dos semanas de haber asumido funciones, ¿cómo evalúa sus intentos de tratar de solucionar algunos conflictos sociales, como el de los discapacitados?
Sobre el tema de los discapacitados lo primero que se hizo fue analizar a través de entrevista directa las razones, y se identificaron varias causas, entre ellas el incumplimiento del cuatro por ciento establecido por norma como cupo para las personas con discapacidad en las instituciones del Estado, empezamos a hacer algunos análisis sobre la necesidad de constituir una instancia que se encargue del seguimiento de los acuerdos a los que se arribó anteriormente y la importancia de que esta instancia se haga cargo de la eficacia de los mismos. Se identificaban observaciones al cumplimiento en la dotación de insumos, medicinas, prótesis, sillas de ruedas, muletas y algún grupo dirigencial establecía como punto negociable la concesión del bono de 500 bolivianos.
Los discapacitados ahora hablan de un bono de 350 bolivianos, ¿cree que por esa vía se podrá resolver?
La Defensoría del Pueblo se pronunció indicando que la petición del sector movilizado era justa, pero que en toda política pública habría que considerar el factor sostenibilidad. Nosotros hemos formulado cartas a las diferentes instituciones del Estado instando al cumplimiento de deberes a través de recordatorios de cumplimiento de deberes al Órgano Ejecutivo, a las gobernaciones, municipios y universidades con el fin de que se establezca el porcentaje de cumplimiento del cuatro por ciento y hagan conocer una agenda de implementación de esta norma y sobre la adecuación de normas internas en las instituciones.
Defensor, usted pidió tiempo para demostrar su independencia, ¿podemos hablar de 100 días o qué cantidad de tiempo requiere?
Creo que ha sido inmediato el demostrar la objetividad y la independencia, desde un principio hicimos las actuaciones para llamar al diálogo. Asimismo, cuando se registraron los hechos del 25 de mayo, en el que hubo una intervención de la Policía Boliviana al sector movilizado de las personas con discapacidad, se dispuso una investigación de oficio, se solicitó imágenes e informe a la Policía sobre esos hechos. La familia del abogado Eduardo León interpuso una solicitud de intervención de la Defensoría del Pueblo y se determinó que no era legal la suspensión de audiencias de medidas cautelares, y el Consejo de la Magistratura determinó procesar a los jueces que dilataron el conocimiento de la medida cautelar y también que hubo irregularidades en la aprehensión tal cual se había manifestado en la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, ¿cómo recibió la Defensoría de manos de su antecesor, considera que la entidad fue correctamente administrada?
Los diferentes postulantes a la Defensoría habían manifestado una postura crítica sobre el ordenamiento interno de la institución, indicaban que había que transformarla. Actualmente se está diseñando una reestructuración en torno a un modelo que fortalezca la prevención de conflictos, el involucramiento en desarrollo constitucional, un modelo más protectivo a través de acciones más contundentes en la defensa de los derechos humanos.
¿Esos serán los cambios que caracterizarán a su administración en relación con la de su antecesor?
Así es, habíamos manifestado tener una gestión de mayor involucramiento, mayor prevención, que no se limitara a una gestión formal. Desde los primeros días estamos encaminando la reestructuración y la construcción de un nuevo marco normativo.
En ese marco, los representantes departamentales de la Defensoría que cumplen una importante labor fueron reemplazados o ratificados, nos pueden hacer conocer el nombre de dichas autoridades así como de sus más inmediatos colaboradores.
Las autoridades de libre nombramiento presentaron su renuncia a los días que asumí el cargo y por razones administrativas se encuentran en goce de vacaciones.
Dichos funcionarios, ¿cuándo concluyen sus vacaciones?
Hay personas que tienen vacaciones hasta el mes de agosto. Todo el equipo que trabaja es el anterior.
Considera que la ciudadanía confía en la intervención de la Defensoría para la solución de algunos conflictos o cree que su efectividad está en duda, si fuese así, ¿qué mecanismos empleará para recuperar dicha confianza?
Hemos encontrado que no se hacía nada en materia de prevención, la apuesta es de constituir a la Defensoría en un agente que asuma este rol como una de sus prioridades.
En esa dirección, ¿cómo quisiera que sean las relaciones de la Defensoría del Pueblo con los distintos órganos del Estado?
En el marco de lo que dice la Constitución Política del Estado: coordinación y cooperación interinstitucional.
Defensor, de acuerdo con los informes de sus antecesores, la entidad con mayor cantidad de denuncias es la Policía, ¿qué acciones adoptará para revertir esta situación?
Efectivamente, muchas de las vulneraciones de derechos humanos a lo largo de la historia de Bolivia han sido de las instituciones que tienen a su cargo el uso de la fuerza, y en ese sentido tiene que considerarse la actuación tanto preventiva, informativo comunicacional, educativa, capacitación en materia de derechos humanos y por otra parte estará elaborar los informes respectivos de responsabilidades.
¿Qué sucederá con la Ley de la Defensoría del Pueblo?
El modelo heredado es bastante tradicional y formalista, los nuevos diseños que queremos que sean desarrollados implicaría un mayor involucramiento en pos de ser críticos, propositivos y preventivos.
En ese sentido, ¿cuáles son las debilidades de la Ley de la Defensoría del Pueblo?
Es estrictamente formal y pasiva.
También en una de sus primeras declaraciones, dijo que la Defensoría debe pasar de hacer informes a una labor más efectiva, ¿cómo se llegará a ese objetivo?
Decía ir más allá de los simples informes que solamente harían un análisis crítico, el cambio de la propuesta es ser críticos, propositivos y preventivos.
Si pudiese decirnos, ¿qué opinión tiene de la exdefensora Ana María Romero de Campero?
Fue un pilar para que se puedan frenar las violaciones a los derechos humanos que había en esa época.
¿Sobre el exdefensor Waldo Albarracín, qué nos puede decir?
En esa gestión se hicieron algunos análisis críticos a leyes, como la ley de sustancias controladas, que lamentablemente no pudo arribar a una propuesta consolidada, pero había el criterio objetivo de enfrentar con una postura progresista a las leyes que vulneraban los derechos humanos.

perfil
Nombre: David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma.
Estudios: Licenciado en Derecho con un posgrado en Ciencia Penales y una especialidad en Gobierno y Gestión Municipal.
Cargos: Director nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, autor de anteproyectos de Reformas Constitucionales, Penales y Defensa de los Derechos Humanos. Capacitador y difusor de leyes en materia penal y derechos humanos.

La Reforma judicial debe ver normas, tecnología, infraestructura y personal
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, como todos los bolivianos, espera que para lograr los cambios en la justicia se apele a todas las herramientas y mecanismos para tener insumos, conclusiones, acuerdos y decisiones que permitan la reforma de manera participativa y democrática loables, además de ser asumidas con responsabilidad bajo las competencias que tienen las instituciones responsables sobre la materia.
En torno a ¿cuál es el mayor problema de la justicia boliviana?, el Defensor respondió: “Que tiene que haber una revolución con los siguientes pilares: un pilar normativo, otro tecnológico, otro de infraestructura y otro sobre talento humano”.
Cada una de esas tareas, en su criterio, debe ser ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y también será importante y útil la participación de la sociedad civil.
“La realidad boliviana efectivamente es la conflictividad, hay un alto espíritu de consolidar requerimientos mediante la presión, por eso mismo no solo para la Defensoría del Pueblo sino para los distintos sectores del Estado y el resguardo de todo el pueblo es altísimamente necesario que se pueda priorizar la prevención de conflictos. En todos los casos, la recomendación primigenia y la última también, sin que signifique ceder, es llamar al diálogo”, añadió.