Cuando el defensor de la ley es el primero en transgredirla

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Abogados juran ejercer su profesión con ética.

Gabriela Ramos

Cuando una persona enfrenta un proceso legal, el abogado suele ser una tabla de salvación en medio de una vorágine judicial, pero hay casos en los que algunos juristas en lugar de ser salvadores actúan como verdugos.

Así lo considera Filomena Ichuta, quien lleva hace cinco años un proceso penal contra su abogado Renán A.G. (los apellidos se reservan pues el jurista en cuestión no pudo ser ubicado). El abogado que la mujer contrató y a quien obedecía “más que a un padre”, terminó aliándose con un presunto loteador para adueñarse de sus terrenos, ubicados en El Alto.

Ichuta tiene dos terrenos de 300 metros cada uno en el sector conocido como Tilata, frontera entre las ciudades de El Alto y Viacha. Su padre le heredó esas propiedades que antes eran tierras comunales y se ocupó de sanearlas para evitar que su hija sea despojada.

“Yo me descuidé porque no fui a ver mis terrenos y hasta mientras Francisco R.F. se había entrado a mis tierras, las hizo amurallar y estaba ofertando para vender”, contó la mujer.

Filomena no conocía ningún abogado y acongojada ante el peligro de perder su patrimonio fue a la Ceja a buscar uno. “Me fui a la oficina más llena y ahí conocí a este abogado”, señaló.

La víctima y abogado estaban encausando el caso correctamente y solo faltaba el fallo final que reconocía la propiedad de los terrenos en favor de Ichuta, pero de repente el jurista comenzó a “ocultarse”.

“No lo hallé por ningún lado al doctor, pero sabía que seguía llevando mi caso porque un oficial de diligencias del juzgado donde estaba mi caso me advirtió que el doctor se alió con el loteador y que el fallo iba a salir en mi contra”, relató.

Con la duda, Filomena se asesoró con otro abogado que evidenció que el proceso que estaba saliendo a favor de Ichuta, extrañamente se había volcado contra ella. Entonces presentó denuncia contra su expatrocinante.

Como el caso de Filomena Ichuta, decenas se presentan ante el Registro Público de Abogados (RPA). El responsable de esta unidad, dependiente del Ministerio de Justicia, Gary Romero, indica que el 20 por ciento de los casos que atiende es por delitos cometidos por juristas.

Romero va más allá y detalla que la mayor parte de las denuncias trata sobre casos por avasallamientos; es decir, abogados que se alían con loteadores para hacerse con la propiedad de casas y terrenos de manera ilegal.

También llegan al RPA ciudadanos para denunciar a juristas por estelionato, estafas e incluso homicidios y asesinatos.

Sin embargo, esta instancia no es la llamada a resolver las denuncias, por lo que deriva los casos a la Fiscalía General del Estado.

Para el responsable del RPA, llama la atención que abogados incurran en una práctica tan degradante de la profesión, haciendo quedar mal a juristas que sí asumen su función de defender la justicia y las leyes.

Romero incluso señaló que el RPA identificó a delincuentes que falsificaron su registro profesional y se hacen pasar por juristas para estafar a las personas.
Por ello, anunció que para julio de este año el Ministerio de Justicia sacará una edición en físico de la Guía de Abogados, para que la población tenga una base de datos de juristas legalmente establecidos.

Más casos
Emma Bautista, dirigente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia de la ciudad de El Alto, quien también tiene procesos por el avasallamiento de sus terrenos en esa ciudad, denunció que la organización que representa agenda al menos 500 casos de personas con procesos por apropiación ilegal de tierras y en todos ellos los abogados están implicados, aliándose con loteadores.

“En la generalidad de los procesos los loteadores ofrecen dinero, incluso parte de los terrenos en juicio como forma de pago a los abogados, y ellos se desviven por sus casos, hacen de todo. Por otro lado estamos las víctimas, que si peleamos ante la justicia por nuestro patrimonio es porque es lo único que tenemos”, indicó.

En ese sentido, la dirigente afirmó que esperan que la Cumbre de Justicia permita establecer mecanismos para controlar el ejercicio profesional de la abogacía y que realmente trabajen por defender la justicia y no para enriquecerse traficando con las leyes.

Profesión
- El Registro Público de Abogados tiene anotados a 54 mil juristas a nivel nacional.
- Los colegios de abogados en Bolivia también tienen sus registros de juristas y manejan sus códigos de ética para procesarlos en caso de que incurran en faltas a la profesión.

Ley 387
- El artículo 9 de la Ley 387 de Abogacía señala que los abogados tienen el deber de matricularse ante el Ministerio de Justicia.
- Sujetarse al procedimiento por las infracciones a la ética.
- Defender con lealtad y eficiencia los intereses de sus patrocinados.
- Observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.
- Prestar sus servicios de manera personal, salvo impedimento justificado y la aceptación por parte de la persona patrocinada.
- Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico de servidoras y servidores judiciales, fiscales, personal de apoyo, administrativo o de otros profesionales abogados, ante las autoridades competentes.