Histórico juicio del Plan Cóndor da su veredicto final en Argentina

Foto: AFP
Ciudadanos paraguayos siguen la transmisión del veredicto para las personas involucradas en la Operación Cóndor.

Agencias
El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), dio a conocer su veredicto luego de más de tres años de juicio oral, en el que declararon más de 200 testigos.
Los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor fueron 18, de los cuales uno era uruguayo y los demás eran argentinos. Uno falleció antes de llegar a la lectura de la sentencia.
Los excomandantes Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros fueron condenados a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por crímenes de lesa humanidad.
La pena más alta es de 25 años, la recibió el exmilitar Santiago Omar Riveros, de 92 años, el “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor”, de acuerdo con los materiales de la investigación.
Según reseña el portal del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la acusación es por crímenes cometidos en el marco de la llamada Operación Cóndor, “la asociación ilícita transnacional para la persecución y eliminación de opositores políticos de las dictaduras del Cono Sur”.
El fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal Mercedes Moguilansky requirieron en su alegato final penas para todos los imputados que van de 10 a 25 años de prisión.
Originalmente, los acusados eran 22 pero cinco de ellos fallecieron durante el proceso (entre los que se cuenta el dictador Jorge Rafael Videla) o fueron apartados del debate por razones de salud desde el comienzo del juicio.
Un juicio histórico
El juicio se inició en Argentina en marzo de 2013 a partir de cuatro causas que se dieron por separado pero que comparten el objeto procesal. Tres referían a la ya mencionada Operación Cóndor y la cuarta se inscribía en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti (iniciada en 2004), que era un apéndice de aquel plan de coordinación represiva.
En total contabilizan 174 víctimas de países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Además del Ministerio Público Fiscal son querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la Secretaría de Derechos Humanos Argentina.
Tal como reseña el diario uruguayo La República, el juicio sobre el Plan Cóndor “es un hecho histórico que permite probar de rigor que existió asociación ilícita destinada a la desaparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad y a la eliminación de opositores políticos”.
El periódico añade que “para el Mercosur y la región toda” el juicio sienta “un precedente inigualable que contribuye de manera inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia”.
En el mismo sentido, el fiscal general Ouviña declaró: “Nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia, porque la mayoría de nuestros testigos no sólo no reside en la ciudad de Buenos Aires, están en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Francia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo”.
Documentos clave
Para probar que hubo un plan coordinado de acción represiva entre las dictaduras de América del Sur, las autoridades judiciales debieron recabar información de distintas fuentes. Entre éstas se destaca el denominado Archivo del Terror, que reúne los documentos de la persecución política llevada a cabo por la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, mediante los cuales se pudieron reconstruir los acuerdos y los procedimientos que dieron forma a la Operación Cóndor.
A éstos se suma el material secuestrado al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel en Argentina —detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto entre ambos países por el Canal del Beagle—, así como cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos y los aportados por los equipos de investigación de los ministerios de Defensa e Interior y de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.
Madres de Plaza de Mayo
“¡30.000 detenidos, desaparecidos! Ahora y Siempre”, gritaron al término del veredicto en una sala abarrotada de familiares y abogados de las víctimas, entre ellas Nora Cortiñas, presidenta de la organización Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora.
La representante de la organización también dijo que “hoy se recordó a la gente que llegó a Argentina para salvar su vida”, huyendo de la represión de sus países “y acá encontró ese destino”, en referencia a la desaparición y la muerte de las víctimas del plan.

Tiempo | El juicio para dar una resolución final a los implicados duró tres años.

Contexto
El Plan Cóndor fue un sistema criminal de represión en las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80.
En la causa abierta a fines de la década de 1990, que llegó a juicio en 2013, se abordó el caso de 105 víctimas del Plan Cóndor, de las cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.

Humberto José Ramón Lobaiza
Condenado a 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Felipe Jorge Alespeiti
Condenado a 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Antonio Vañek
Condenado a 13 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Eduardo Samuel Delío
Condenado a 12 años de prisión por ser culpable de asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor.

Federico Antonio Minicucci
Condenado a 8 años de prisión, sin inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Néstor Horacio Falcón
Condenado a 12 años de prisión por ser culpable de asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor.

Eugenio Guañabens Perelló
Condenado a 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Carlos Humberto Caggiano Tedesco
Condenado a 12 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Santiago Omar Riveros
Condenado a 25 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Reynaldo Benito Bignone
Condenado a 20 años de prisión por ser culpable de asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor.

Luis Sadi Pepa
Condenado a 12 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.

Rodolfo Emilio Feroglio
Condenado a 20 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por cuarenta años.

Enrique Braulio Olea
Condenado a 13 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Manuel Juan Cordero Piacentini
Condenado a 25 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Miguel Ángel Furci
Condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

Carlos Horacio Tragant
Fue absuelto y se dictó el cese de las medidas cautelares que pesaban en su contra.

Juan Avelino Rodríguez
Fue absuelto y se ordenó que se deje sin efecto la prisión domiciliaria.

Bernardo José Menéndez
Falleció durante el proceso. Ya se encontraba recluido por otro caso en su contra.