Folio de terrenos comprados por Revilla no coincide con Sak’a Churu

Una vista del sector denominado Sak’a Churu, parte del exfundo Alpacoma.
Foto: Jorge Mamani

 

Redacción central / Cambio - Edición impresa
Pobladores del distrito 6 de Alpacoma denunciaron que el folio real de las 18 hectáreas compradas por la Alcaldía de La Paz, para la instalación del nuevo relleno sanitario, no coincide con Sak’a Churu, sino que pertenecen a una propiedad en la comunidad de Pucarani, también parte de Achocalla.

Un grupo de 16 comunarios, representantes de las familias de los 14 dueños originales de los terrenos en Sak’a Churu, revelaron la presunta compra ilegal de los predios, ya que tuvieron conocimiento del uso del folio de Derechos Reales con matrícula Nº 2.01.3.01.0010971, que pertenece a una propiedad de 1.262 hectáreas dentro de la comunidad Pucarani, denominada Chañucagua, la cual se encuentra en un cantón distinto al de Alpacoma.

El uso de este documento fue confirmado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, pues figura dentro del legajo de documentos que el Ejecutivo municipal envió al Concejo para que homologue y autorice la consolidación de la compra de Sak’a Churu por parte del municipio paceño.

Uno de los comunarios afectados, Juan Cancio Quispe Mayta, hijo y heredero de Toribio Mayta, uno de los dueños de los predios donde se pretende instalar el relleno sanitario transitorio, afirmó que “la compra es ilegal” y que el folio real de los predios en cuestión no coincide con los documentos de la Alcaldía.

“Todos los dueños y herederos tenemos nuestro folio real y ninguno coincide con la partida que usa la Alcaldía para verificar la compra de estos terrenos. Hay loteadores que están metidos en esto”, afirmó y luego mostró el folio real con matrícula Nº 2.01.3.01.0006148 que acredita la titularidad sobre 24 hectáreas en el exfundo Alpacoma y que corresponden a los predios denominados Sak’a Churu.

El comunario demandó a las autoridades no ser cómplices de este despojo de sus propiedades y pidió realizar una investigación, ya que Revilla habría hecho la transacción por los predios solo con 19 personas, cuando en realidad los dueños de Sak’a Churu son los hijos y nietos de 16 personas, que fueron reconocidas como propietarias, de acuerdo con una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitida el 5 de mayo de 1998.

 

El contrato de venta 
El 12 de junio de 2019, el alcalde Luis Revilla suscribió un contrato privado de compra con 19 personas, y propició la compra de un predio de 18,75 hectáreas, ubicado en el exfundo Alpacoma, según el documento al que tuvo acceso Cambio. Este señala que el precio pagado por metro cuadrado es de 31,32 bolivianos, haciendo un total de 5.872.500 bolivianos por toda la superficie transferida.

El contrato señala que el 35%, equivalente a 2.066.375 bolivianos, fue pagado al momento de la suscripción de ese documento. Los comunarios denunciaron que nunca recibieron estos recursos.

El restante 65%, es decir 3.817.125 bolivianos, “se pagará una vez que el inmueble se encuentre inscrito a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el registro de Derechos Reales”, es decir, una vez que el Concejo Municipal autorice la compra.

El concejal Silva advirtió que la compra de los predios denominados Sak’a Churu tiene muchas irregularidades y que existe un conflicto por esa propiedad.

“Al parecer, el alcalde Revilla se habría hecho sorprender con algunos loteadores, que con documentación fraguada habrían transferido esos predios, acreditando esto con un folio real que pertenece a otra comunidad. Esto evidencia que el Alcalde incurrió en un error o está tratando de implicar al Concejo en esta situación; esto podría constituirse en la comisión de un delito por la compraventa de terrenos a espaldas de los que serían los legítimos propietarios”, sostuvo Silva.

 

Alcaldía dilata informe sobre derrame de lixiviados

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Mario Condori sostuvo que el Ejecutivo municipal teme la fiscalización, por ello dilata la petición de informe oral sobre el derrame de lixiviados en el relleno sanitario de Alpacoma. 

Este informe fue suspendido hasta el 20 de agosto, bajo el argumento de que las autoridades ediles participaron de una inspección con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Condori manifestó su malestar por la ausencia de la secretaria Municipal de Gestión Ambiental, Marina Daza; el director del Servicio de Registro Municipal (Siremu), Rubén Mendoza, y la directora interina de Asuntos Jurídicos, Valeria de la Torre, y sugirió que la inspección fue usada como una excusa, ya que no era necesario que esas autoridades asistan a la visita. 

“Parecería que tienen miedo a dar información al pueblo paceño, tienen miedo a la fiscalización, por eso el Ejecutivo municipal trata de dilatar la presentación de los informes solicitados sobre el derrame de lixiviados de Alpacoma”.