Un acuerdo interinstitucional fortalecerá la Ley Procesal Penal

Los representantes de las nueve instituciones, luego de la firma del convenio.
Foto: Carlos Barrios

 

Redacción central / Cambio - Edición impresa
En el marco de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, representantes de nueve instituciones firmaron ayer un acuerdo interinstitucional que pondrá en marcha un sistema digital único para gestionar las denuncias penales de manera programada, sistemática, oportuna y eficaz; además, desarrollará las oficinas gestoras de procesos.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que con esta norma la víctima dejará de sufrir en los juzgados, puesto que uno de sus pilares es la implementación de la informática para agilizar procesos penales.

“El convenio es una herramienta que permitirá interconectarnos, hacer un único sistema para el ingreso de una denuncia, el trámite, el inicio de un proceso y el desarrollo continuo hasta su conclusión. El beneficio será para el ciudadano porque queremos una justicia penal renovada”, manifestó. Por su parte, José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sostuvo que el acuerdo es muy necesario ya que con la plataforma de interoperabilidad cada institución fortalecerá el nuevo rostro de la justicia sin estar al margen de la tecnología.

“Con la firma de este convenio quedamos obligados a llevar adelante, en plazos establecidos, acciones exclusivas para cada una de las instituciones. Como Ministerio Público, vamos a honrar el cumplimiento fiel de cada una de las obligaciones que se nos asignaron”, indicó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Las nueve instituciones deberán adoptar herramientas tecnológicas a fin de interoperar con las entidades públicas que se requiera para brindar la información necesaria para la tramitación, atención y descongestionamiento de las causas. El convenio fue suscrito entre el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Procuraduría General del Estado, Servicio General de Identificación Personal (Segip), Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y la Policía Boliviana.