Chicanas retrasan juicio del caso Mochilas I

La fiscal Faridy Arnez.
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ABI / Cambio - Edición impresa
La fiscal de materia Faridy Arnez informó ayer que el inicio del juicio oral por el caso Mochilas I demorará cerca de un año por una estrategia judicial dilatoria usada por el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, y otros acusados, que consiste en la presentación de cerca de 11 incidentes y excepciones. 

“Para la Fiscalía, estos son actos netamente dilatorios que pretenden obstaculizar el normal desarrollo del proceso (...). Prevemos que va a ser una buena cantidad, unos 10 meses a un año, lo que va a tardar en resolverse seguramente (los recursos legales)”, informó.

Recordó que la Fiscalía Especializada de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas de Cochabamba presentó el 26 de junio la acusación formal contra el alcalde suspendido José María Leyes —por el caso Mochilas I— por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y conducta antieconómica.

Según Arnez, el documento del caso fue recibido por el Tribunal 7º de Sentencia, pero luego lo devolvió al juez anticorrupción Richard Rodríguez para que resuelva los distintos recursos legales planteados por los acusados, incluyendo las apelaciones correspondientes.

Detalló que los procesados piden con los incidentes que se considere presuntas actividades procesales defectuosas y cuestionamientos sobre algunas actuaciones legales.

“En las dos excepciones, si no me equivoco, prejudicialidad y falta de acción que también van a ser resueltos”, manifestó.

Dijo que el Ministerio Público tiene previsto que la atención de esos recursos legales no incida en el inicio del juicio oral que deberá instalarse por el caso.

“De todas formas nosotros no sabemos qué es lo que va a determinar el juez. Una cosa es lo que el Ministerio Público considera y otra cosa es lo que el juez vaya a resolver”, agregó.

El caso Mochilas I se investiga desde abril del año pasado por un sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos en la compra de útiles y mochilas chinas.