Denuncian que desfalco en Cotas sirvió para financiar paro cívico

Una de las imágenes del paro cívico en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Foto: primeralinea.info

 

Redacción central / Cambio - Edición impresa
Hubert Gil, exgerente de marketing de  la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), aseguró que esa entidad entregó 300 mil dólares al Comité Cívico Pro Santa Cruz para la organización de un paro cívico el 6 de diciembre de 2018. 

“Ratifico, hubo una recaudación que se hace en otras instancias que no tienen ningún respaldo, son aproximadamente 300 mil dólares para hacer un paro cívico, eso cuesta hacer un paro cívico”, dijo el exejecutivo antes de ingresar a su audiencia de cesación a la detención preventiva, en un juzgado de Santa Cruz, reportó la televisora privada Unitel.

De acuerdo con El Deber, esos recursos fueron utilizados para rechazar la repostulación del binomio Evo-Álvaro y para “financiar a los grupos de choque”.

Anteriormente, Gil indicó que la cooperativa también hizo entrega de montos de dinero a quienes promovieron el caso terrorismo y a los activistas del 21F, con diferentes cantidades.

Consultado al respecto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó que esa organización hubiese recibida alguna cantidad de dinero de Cotas y sostuvo que se trata de una argucia para desviar la atención del millonario desfalco que tuvo la telefónica.

“Era obvio, porque en realidad no van a poder respaldar esa situación porque son montos que se entregan de diferentes formas”, respondió Gil a la declaración del dirigente cívico.

En su primera ampliación de declaración, Gil indicó al Ministerio Público que “la finalidad para gestionar el deterioro de Cotas tenía como fundamento tomar el poder dentro del Estado boliviano y financiar con gran parte de ese dinero las luchas, campañas, movimientos cívicos y otras actividades ligadas íntimamente a los grupos de poder denominado 21F”.

En esa oportunidad, señaló que el daño a Cotas asciende aproximadamente a 10 millones de dólares y que él tuvo conocimiento de los movimientos irregulares desde 2014, cuando se financió “el movimiento denominado caso terrorismo”, luego las actividades por el 21F y ahora los paros cívicos.