“La gerencia rechazó peticiones personales de Casegural”

Juan Carlos Meneses, gerente general de la Caja Nacional de Salud.
Foto: Archivo

 

Redacción central - Edición impresa

Luego de la promulgación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud surgieron  críticas y medidas de presión de los trabajadores y médicos de  esta institución aseguradora en contra de esa norma. 

El gerente de esta entidad sanitaria, Juan Carlos Meneses, responde a cada una de las observaciones y considera que ellas son producto de razones políticas y de rencillas grupales porque no se habría dado curso a peticiones prebendales. 

Los trabajadores de la Caja señalaron que se ha previsto la construcción de establecimientos donde no hay asegurados. ¿Cuál es la situación?
Lo primero que ellos tendrían que demostrar es que no hay asegurados. Desmentimos, ya que cualquier plan se realiza con base en la cantidad de población, como establece la norma nacional de caracterización de establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel. Son parámetros a nivel internacional. 

He escuchado que los establecimientos de salud estarían siendo construidos para el SUS, mentira. El sistema público al 2014 contaba con 2.816 centros  de primer nivel. La seguridad social tenía 323. ¿Quién tiene más necesidades, el sistema público o la seguridad social? La seguridad social. 

La Caja Nacional de Salud al 2014 contaba con 37 establecimientos de primer nivel. Ahora tenemos 122 y el Ministerio de Salud, más de 3.000; por lo tanto, es una mentira. 

Segundo, actualmente tenemos 29 establecimientos de primer nivel funcionando, pero en alquiler. ¿Qué quiere decir?, que nos falta infraestructura. 

La norma dice que con una población de 5.000 tenemos la obligación constitucional de implementar un centro de primer nivel. 

Por ejemplo, en Apolo manifestaron que no tiene población, mentira. En Apolo, toda la población, según el INE, es de 20.657 habitantes; de ellos, están asegurados a la Caja 6.197. Entonces, desconocemos los motivos por los que señalaron que no tuviera población. 

Otra crítica que hicieron es que supuestamente con esta ley se usarían los fondos de los beneficios sociales. ¿Tiene asidero esta posición?
Producto de la desinformación, quiero pensar, manifestaron que estaría en riesgo el patrimonio de la institución. Sin la actualización de los avalúos, alcanza a 10.000 millones de bolivianos, y con caja y banco supera los 16.500 millones de bolivianos. 

Los recursos que se van a invertir alcanzan a 3.700 millones de bolivianos. Ese monto va a ser gastado en cinco años, a nivel nacional. 

O sea, ¿no se tocarán los beneficios sociales?
No, porque los recursos de caja y banco no son para beneficios sociales, son los remanentes del POA. Cuando al Estado le sobra los recursos del POA, qué hace, agarra y los mete en una bolsa común y los destina a inversión; en este caso, cuando no se termina de ejecutar el POA, se va a esta cuenta y queda destinado únicamente para inversión. 

¿Y de dónde salen los recursos para los beneficios sociales?
Ingresa de todas las gestiones. Pese a ser una institución sin fines de lucro, cada año tenemos un superávit, aunque deberíamos tener solo para los gastos de reposición y mantenimiento. Ese superávit es de 350 a 500 millones de bolivianos por gestión. 

También dijeron que se podría afectar la Ley 3131, del ejercicio médico...
La ley que ha sido promulgada no tiene ninguna relación con la Ley 3131. No afecta ni a la Ley General del Trabajo ni a la Ley 3131, porque es un tema de inversión pública, que lo que hace es acelerar la inversión pública.

Cuando funcionen los nuevos hospitales, ¿cómo se contratará el personal que se requiera?
El personal va a ser formado por las empresas que van a llevar adelante el proceso de construcción e implementación, ya que se considera la figura llave en mano, que incluye ese aspecto.

¿Entonces, a qué se deben las críticas de los trabajadores y médicos?
Me imagino que es porque la gerencia general ha rechazado peticiones personales. Por lo menos, el sindicato Casegural La Paz proponía que se incorporen personas en algunos cargos. Situación que ha sido rechazada por parte de la gerencia, como también por la administración regional. 

Trataban de incorporar a 20 personas en la administración regional como también en la oficina central, proponían nombres para que ocupen cargos. 

Situación en la que los entes sindicales no tienen atribuciones, sino para hacer respetar los derechos de los trabajadores. 

Y en la parte de Fesimras, claramente fueron identificados como promotores de la plataforma 21F, como se declaró  en Vallegrande, en septiembre de la anterior gestión, y se pronunció recientemente el Dr. Luis Larrea, quien anunció un paro indefinido para julio.

¿Cómo se encararán esos anuncios de paro? 
Se les llamó al diálogo, pero no acudieron. Esperemos que a través de su ente sindical matriz puedan controlar la situación.

El Fesimras ya concluyó su gestión, esperemos que una nueva dirigencia no venga con una finalidad política, sino más bien con un mandato institucional.

¿Se socializó la nueva norma?
La norma no fue propuesta por la Caja, sino fue solicitada por la Central Obrera Boliviana, a través del pliego petitorio ante el Gobierno nacional. Por tanto, es una petición de todos los trabajadores, nació en un ampliado, como el pedido de bono de riesgo para los trabajadores de la caja. 

Además, estamos yendo a socializar a la administración regional de Santa Cruz, tanto con los trabajadores como con el control social.