Poder popular y revolución: una mirada sobre Venezuela

Foto: Archivo
La Revolución Bolivariana en Venezuela.

 

David Alvarado Patiño*
Desde Venezuela

Ninguna experiencia de poder popular puede entenderse fuera del contexto de la lucha de clases, pues toda organización popular se produce para hacerle frente al poder hegemónico del capital, expresado ante todo en el Estado burgués, que es en definitiva el que posee los instrumentos legales y coercitivos para imponérselo a las masas. La mayoría de los países de América Latina en su lucha contra el neoliberalismo —y muy particularmente en la década de 1990— fueron una escenificación práctica de ello, con lo cual podríamos decir que a partir de entonces se abre una nueva etapa de la lucha de clases. 

Los movimientos sociales en nuestra región surgen como resultado de las políticas privatizadoras, tanto de los medios de producción y de subsistencia naturales (suelo, agua, etc.), como de los derechos sociales básicos (vivienda, salud y educación, entre otros). En tal sentido, las respuestas orgánicas emergentes de ese proceso fueron consecuencia directa de ese avance neoliberal, entendido este como el sistema económico de acumulación de capital a partir de la desposesión de los bienes vitales básicos de los pueblos y sus patrimonios colectivos.

Particularmente la década de 1990 en América Latina resultó pródiga en experiencias dignas de mencionar en el ámbito de las resistencias populares contra el modelo neoliberal, iniciando así una nueva —e interesante— etapa de la lucha de clases en nuestro continente. Entre las más destacables podemos señalar la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) surgido en el estado de Chiapas, en México, el 1 de enero de 1994, precisamente el día en que el gobierno mexicano firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, las políticas de desposesión rural promovidas por la burguesía agroindustrial brasileña darían lugar a las luchas por la redistribución de las tierras improductivas. En este caso, el llamado Movimiento de los Sin Tierra (MST) sería su principal instrumento de lucha.

De una manera más significativa, los sectores indígenas y populares de Bolivia articularon también una respuesta contra las reformas estructurales neoliberales aprobadas en 1985 por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro. Estas luchas comenzaron en los años 90 con movilizaciones masivas y se prolongaron con la constitución del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). Ya en la década del 2000, la resistencia popular e indigenista de Bolivia cobra un carácter más orgánico en su confrontación al capital privado y transnacional, con importantes batallas como la defensa de la hoja de coca y la ‘guerra del agua’ en Cochabamba. Este ciclo de luchas del pueblo boliviano finalmente termina con el ascenso de Evo Morales a la presidencia en 2006.

Por último, las insurrecciones populares en Ecuador, protagonizadas principalmente por el sector indígena, derribaron a tres presidentes casi consecutivamente (Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en  2000 y Lucio Gutiérrez en 2005). Al igual que en Bolivia, esta insurrección del pueblo ecuatoriano llevará a Rafael Correa a la presidencia de la República en 2007.

A despecho de consideraciones de diversos teóricos y opiniones generalizadas, Venezuela también protagonizó desde el campo popular una importante resistencia contra el modelo neoliberal durante la década de 1990. Ello significó una valiosa acumulación de fuerza y experiencia de lucha como expresión del poder popular. Una fase que en Venezuela podríamos calificar de preliminar si la enmarcamos en esta nueva etapa de la lucha de clases en contra del neoliberalismo. Este estadio previo de lucha daría lugar al importante cambio en la correlación de fuerzas políticas que significó la irrupción del comandante Chávez en el poder desde 1998.

Una importante experiencia de organización popular, también en fases embrionarias, fueron las llamadas Asamblea de Barrios, llevadas a cabo en diversos sectores urbanos de Caracas a partir de 1991  hasta 1993. Se trató de una ambiciosa experiencia organizativa que logró integrar a más de 200 barrios de la capital, debatiendo, por un lado, la incorporación del sector popular a una posible alternativa posneoliberal, y por el otro, discutiendo la necesidad de avanzar en procesos de planificación participativa que pudieran resolver los principales problemas de los barrios, como los referidos al servicio del agua y la tenencia de las tierras.

Justamente fue sobre la base de esta experiencia de lucha y acumulación de fuerzas populares que se sustentó hasta hoy el proyecto del Poder Popular como fundamento de la Revolución Bolivariana iniciado en 1998 y posteriormente madurado a partir de 2005. Por eso las primeras instancias de participación popular creadas por el comandante Chávez fueron las Mesas Técnicas de Agua, en 1999, y los Comités de Tierras Urbanas (CTU) en 2001. Ambas iniciativas tomadas de las grandes propuestas y discusiones populares de la Asamblea de Barrios iniciadas en 1991 (Antillano, Andrés. La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares, año 2005. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-6411200...).

En tanto experiencias de participación, organización y protagonismo popular, las Mesas Técnicas de Agua y los CTU dieron paso a la creación, en 2004, de una instancia mucho más avanzada políticamente, destinada a reforzar la posibilidad del autogobierno popular y a la radicalización del carácter protagónico de la democracia: los Consejos Comunales.

Como instancias de autogobiernos locales, regulada por la ley creada en 2006, dichos Consejos Comunales tienen el objetivo de llevar a cabo el “ejercicio directo de la soberanía popular” mediante la toma de decisiones autónomas en el ámbito político, económico y cultural, en el seno de las comunidades. Sin este carácter soberano de la actuación de los Consejos Comunales en la resolución de sus grandes problemas —que en definitiva son los grandes problemas de la clase trabajadora del país— no podría hablarse auténticamente de Poder Popular. Por eso Chávez advertía con insistencia que “los Consejos Comunales no deben ser apéndices de las alcaldías ni de las gobernaciones” (Chávez. Aló Presidente. N° 252. 2006). Sin duda, los Consejos Comunales fueron un paso importante para la conformación del poder popular como base y sustento de la Revolución Bolivariana.

Sin embargo, el propio Chávez en su continua maduración de ideas sobre el poder popular, comprendió que el alcance político de los consejos comunales no trasciende lo local. La organización local es necesaria cuando se trata de descentralizar las políticas públicas —sentido inicial de los Consejos Comunales—, pero cuando se trata de sustentar la Revolución sobre la base del poder popular, entonces lo local se hace insuficiente. Más aún, se torna contrarrevolucionario. Nos dice Chávez sobre este particular: “lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario” (Chávez. Aló teórico. N° 1. 2009.) Sobre la base del carácter socialista de la Revolución Bolivariana cobra sentido esta sentencia, pues la revolución socialista no se hace en territorios aislados sino en toda la nación, unificadamente. Por eso Chávez reconoce el salto fundamental que hay que dar en la construcción del poder popular como bases para el socialismo: se hace necesaria la formación de la comuna.

La comuna, cuya ley orgánica fue creada en 2010, es la instancia más elevada del poder popular, pues articula en un sistema unificado a todas las demás instancias de participación popular. La concepción del socialismo de Chávez no puede entenderse sin la comuna, pues, en definitiva, esta “debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la república” (Chávez. Aló teórico. N° 1. 2006). Si bien aún no hay recetas demasiado claras sobre cómo construir el socialismo venezolano, hay principios básicos muy bien establecidos. Es sobre la base de la comuna, es decir, irremediablemente desde abajo y desde las nuevas relaciones sociales y económicas que promueve la comuna, que se germinarán las bases para la sociedad socialista y más allá: para la destrucción del Estado burgués, pues la comuna “tiene como propósito fundamental la edificación del estado comunal” (Ley Orgánica de las Comunas. 2010). Sin la comuna se desdibuja el proyecto socialista de la Revolución Bolivariana, pues —como señalamos más arriba— en ella se condensa la experiencia de lucha y la acumulación de fuerzas históricas en contra del capital, que es la que hoy constituye la principal fuerza popular como alternativa al modo de producción capitalista.

* Filósofo marxista venezolano, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.