Neoliberales avalaron 26 normas para privatizar

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Gonzalo Pérez Bejar

En los 20 años de gobiernos neoliberales se creó una estructura jurídica y financiera para enajenar 157 de las 212 empresas públicas creadas entre 1933 y 1985, afirmó el expresidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC), y actual primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli.
“Se armó todo un sistema que no fue solo jurídico (con 26 normas), sino financiero, para llevar adelante este proceso”, sostuvo.
Mencionó que a pesar de tener todo “cocinado” no pudieron actuar en contra de una disposición de la anterior Constitución Política, el artículo 59, referido a las atribuciones del Poder Legislativo, en el que se señalaba: “La enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público”.
“Nunca se salvó este escollo que era a nivel constitucional”, dijo Medinaceli. Basado en ello, afirmó que todas las acciones realizadas por los siete gobiernos neoliberales fueron ilegales.
El senador Medinaceli mencionó que los distintos gobiernos impulsores de este proceso enajenador de empresas públicas y recursos naturales tuvieron una estructura y elaboraron normas específicas para este propósito que están plasmadas en el informe documental que se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en enero de 2019.
Primeros pasos
Durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) se dieron los primeros pasos para el proceso de privatización mediante el convenio AID 511-0577, Usaid/Bolivia (25/06/1987), que destinó $us 17.500.000 de financiamiento para crear la Comisión de Transición Industrial (Comtrain).
Esa comisión recomendó “medidas que permitan racionalizar el sector empresarial público, democratizando el capital e incrementando la participación de la ciudadanía en la economía del país”. 
La Comtrain inició actividades en noviembre de 1987, y en sus 16 meses de labor recibió asistencia técnica del Center for Privatization (CFP), una consultora con sede en Washington DC.
El proyecto BOL/88/002, también financiado por Usaid, encargó a Price Waterhouse la elaboración de una propuesta de privatización.
El documento se denominó Estrategia de privatización para Bolivia, que fue entregado en septiembre de 1990 y sirvió de base para que el gobierno de Jaime Paz Zamora inicie la entrega de las empresas públicas.
Según Medinaceli, esa estructura del proceso (de privatización y capitalización) tenía un consejo y una comisión que estaban a cargo de Samuel Doria Medina, por entonces ministro de Planeamiento. Una era el Consejo Nacional de Planificación (Coneplan) y otra la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública (CEEP), esta última encargada de determinar la situación y perspectivas futuras de las compañías públicas.
Luego se creó la Unidad Ejecutora de Reordenamiento de las Empresas Públicas (UEREP), con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, la que ejecutó todo el proceso.
“Era una estructura ampulosa y compleja que se llevó adelante en ese gobierno, además de la Ley de Capitalización, que tenía como propósito ese gobierno”, afirmó.
GOBIERNO DE GONI
En la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se achica la estructura institucional, pero se mantiene la Ley 1330 de Privatización como marco normativo para la entrega de las firmas públicas.
En este gobierno, el Coneplan fue sustituido por el Consejo de Desarrollo Nacional (Codena) y la CEEP fue fusionada con la Unidad de Evaluación y Reordenamiento de la Empresa Pública (UEREP), dando paso a la creación de la Unidad de Reordenamiento (UR), organismo técnico operativo del proceso de reordenamiento bajo dependencia de la Secretaría Nacional de Inversión y Capitalización del Ministerio sin cartera Responsable de la Capitalización. (1)
Para su ejecución se contrató a una empresa consultora encargada de evaluar y diseñar la estrategia de privatización de una empresa pública, en tanto que la UR recomendaba las estrategias.
Para la capitalización de empresas públicas estratégicas —ENDE, Entel, LAB, ENFE y YPFB—, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el marco normativo y procedimental fue la Ley 1544 de Capitalización.
“La aplicación del proceso de capitalización inicialmente estaba a cargo del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, pero luego se crea el Ministerio sin cartera Responsable de la Capitalización con la misión específica de llevar adelante el proceso junto con la Secretaría Nacional de Capitalización”. (2)
Durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga (1997-2002), la estructura institucional encargada de la privatización y cierre de empresas públicas fue la siguiente: La estructura diseñada por Sánchez de Lozada se mantiene durante el gobierno de Banzer y Quiroga con la única diferencia de que, habiendo sido extinguido el Ministerio de la Capitalización (1 de agosto de 1997), el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión asume la responsabilidad de operativizar la privatización y el cierre de empresas públicas bajo el marco normativo de la Ley 1330 de Privatización.
Durante los tres principales gobiernos enajenadores (1989 a 2002) se crearon consejos interministeriales (Coneplan, Conade, Codena y Conape) que, aunque con nombres distintos, tenían las mismas funciones en el proceso de enajenación, refiere el informe de la comisión.
Toda la estructura institucional (nacional, departamental y empresarial) fue apoyada por los organismos internacionales que financiaron, vía préstamos y donaciones, la contratación de consultorías individuales de línea y por producto para trabajar en el seno de esa institucionalidad y contribuir al diseño y las estrategias, refiere el documento legislativo.
La capitalización y privatización de 157 empresas del Estado, durante los 20 años del neoliberalismo —entre 1985 y 2005—, causó un daño económico aproximado de $us 21.000 millones, reiteró el senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli.
(1) Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización
(2) Ibíd.

La norma para la enajenación 

(Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización 
y Capitalización)

1.-El Decreto Supremo 21060, del 29 de agosto de 1985, normaba sobre diversos temas: finanzas, política cambiaria de divisas, reservas fiscales, régimen bancario, régimen impositivo de importaciones, jornada laboral, libertad de precios, abastecimiento, precios de hidrocarburos, transporte terrestre y aéreo, tarifas de energía eléctrica, medicamentos, tarifas ferroviarias, tarifas telefónicas locales y de larga distancia, libre tránsito y transporte de productos, presentación de estados financieros y programa de ejecución de gastos de empresas públicas, presentación de programas de nacionalización de recursos humanos en empresas públicas y finalmente administración del BCB.

2-Decreto Supremo 21660, del 10 de julio de 1987
Determinaba algunas tareas orientadas al reordenamiento de empresas públicas. Establecía que el Consejo Nacional de Economía y Planificación (Coneplan) debía elaborar un proyecto de reordenamiento de las empresas públicas y autorizaba la adhesión del país al convenio internacional de libre comercio.

3.-Decreto Supremo 21862, del 28 de enero de 1988
Autorizaba al Ministerio de Finanzas la suscripción con la oficina del OSP/PNUD la adquisición y contratación, según DS 21060.

4.- Decreto Supremo 21943, del 13 de mayo de 1988.

5-Decreto Supremo 22260, del 19 de julio de 1989.

6-Decreto Supremo 22407, del 11 de enero de 1990.

7-Ley 1182 de Inversiones, del 17 de septiembre de 1990.
Determinó las condiciones para estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera en el país.

8-Decreto Supremo 22836, del 14 de junio de 1991.

9-Ley 1330 de Privatización, del 24 de abril de 1992.

10-Ley 1544 de Capitalización, del 21 de marzo de 1994.
Esta norma autorizaba al Poder Ejecutivo a aportar los activos y/o derechos de las empresas públicas (YPFB, ENDE, Entel, ENFE y EMV) para la constitución de nuevas sociedades de economía mixta y su posterior enajenación, a realizarse en tres tiempos: primero, con la transformación de la empresa pública en una sociedad de economía mixta (SAM) con participación privada de los trabajadores de la empresa; segundo, con la emisión de un nuevo paquete accionario para su venta mediante licitación pública internacional a un socio estratégico; tercero, transfiriendo a título gratuito el valor de las acciones del Estado en la SAM en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que el 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoría de edad.

11-Ley 1600 del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), del 28 de octubre de 1994.

12-Ley 1604 de Electricidad, del 21 de diciembre de 1994.
Introdujo un cambio fundamental en la normativa sectorial: la fragmentación de la estructura del sector eléctrico en generación, transmisión y distribución.

13-Decreto Supremo 23985, del 23 de marzo de 1995.

14-Ley 1632 de Telecomunicaciones, del 5 de julio de 1995.
Regulaba los servicios públicos y actividades de las telecomunicaciones, establecía los términos para la capitalización de Entel y definía las atribuciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

15-Decreto Supremo 24076, del 24 de julio de 1995.

16-Ley 1654 de Descentralización Administrativa, del 28 de julio de 1995. 
Con esta norma se disolvieron las corporaciones regionales de desarrollo.

17-Decreto Supremo 24098, del 25 de agosto de 1995.

18-Resolución Suprema 216358, del 18 de octubre de 1995.

19-Ley 1689 de Hidrocarburos del 30 de abril de 1996.
Esta norma estableció el régimen de contratos de riesgo compartido con empresas privadas para la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos, y autorizó que la interpretación, aplicación y ejecución de dichos contratos debían determinarse mediante arbitraje.

20-Ley 1732 de Pensiones del 29 de noviembre de 1996.
Habilitó la participación de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) para la administración de los fondos de capitalización colectiva (FCC).

21-Ley 1777 de Minería, del 17 de marzo de 1997.
Establecía que Comibol ya no realizaría actividades mineras productivas por administración directa, sino a través de contratos de riesgo compartido, arrendamiento o prestación de servicios.

22-Ley 1834 de Mercado de Valores, del 31 de marzo de 1998.
Aprobada por el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, tenía como objetivo regular y promover un mercado de valores, complementando las reformas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

23-Ley 1864 de Propiedad y Crédito Popular, del 15 de junio de 1998.

24-Ley 1883 de Seguros, del 25 de junio de 1998.

25-Ley 2196, Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación, del 4 de mayo de 2001.

26-Ley 2427 del Bonosol, del 28 de noviembre de 2002.