Censo carcelario revela 60 casos “graves” de vulneración de derechos humanos de reos

El censo de presos en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz.
Foto: Ministerio de Gobierno

 

José Guzmán/Cambio Digital

El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló hoy que de acuerdo al informe preliminar del censo carcelario, que se desarrolló del 11 al 13 de abril en todo el país, se detectaron 60 casos graves en los que las personas privadas de libertad son víctimas de vulneración a sus derechos, principalmente en el penal de Palmasola (Santa Cruz).

La autoridad explicó que se detectaron situaciones en las que algunos reos están recluidos a pesar de no tener una sentencia ejecutoriada o que continúan en la cárcel aún cuando sus sentencias ya fueron cumplidas; personas adultas mayores con discapacidad audiovisual o auditiva recluidas; reclusos que sufren enfermedades mentales o con un cuadro de salud deteriorado; indígenas y campesinos que no tuvieron asistencia en su lengua originaria, entre otros casos.

“También existen casos de retardación de justicia. Un preso en Palmasola tenía una mandamiento de libertad desde hace más de cuatro años, sin embargo la asesora de la Gobernación de ese recinto penitenciario al parecer dispuso, a través de una orden manual, que esa orden no se ejecute, y la persona ha sido privada de su libertad indebidamente” indicó.

Arce aseguró que, como una iniciativa del Ministerio de Justicia, planteará ante la Comisión de Justicia que las salas constitucionales atiendan acciones de libertad en los propios recintos penitenciarios para que “en caso de identificarse casos similares puedan restituir sus derechos a las personas privadas de libertad”.

En el censo carcelario los privados de libertad debían responder a 83 preguntas que posibilitarían identificar este tipo de irregularidades y otros aspectos que permitirán al sistema penitenciario planificar mejorar en las cárceles.

Este proceso fue realizado en 53 recintos carcelarios de todo el país por 1.507 estudiantes de derecho de universidades públicas, quienes participaron en calidad de censistas, y 200 supervisores.

El Censo Carcelario fue organizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Órgano Electoral Plurinacional, la dirección de Régimen Penitenciario, el Instituto Nacional de Estadística (INE),  el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información  (AGETIC),  el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y el Servicio de Registro Público (SERECI)

El Ministro agregó que los resultados finales del censo serán publicados en dos meses, “mismos que servirán como base para la reforma de la justicia penal y la aplicación correcta de la Ley Procesal de Abreviación Penal”.