Corte definirá la naturaleza jurídica del Silala

Foto: Archivo
El Silala está situado en el cantón Quetena, provincia Sud Lípez, departamento de Potosí.

 

Fernando del Carpio Z.

A casi un mes de presentar la dúplica en el caso caratulado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala (Chile c. Bolivia) —el plazo expira el 15 de mayo—, los equipos jurídico y técnico nacional e internacional tienen previsto efectuar una última reunión para afinar el documento.

Después de lo sucedido con la demanda marítima, en la que la Corte, el 1 de octubre de 2018, falló que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al océano Pacífico, el ambiente en círculos políticos bolivianos es cauteloso sobre el Silala.

El secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, en escuetas declaraciones dijo que después de entregar la dúplica se tendrá la oportunidad de entrar en mayores detalles “para pronunciarnos respecto a estas afirmaciones de algunos analistas y diputados”.

Karen Longaric, doctora en política internacional, puntualizó que la CIJ, en virtud de las convenciones internacionales y de los peritajes técnicos que se realizarán en la zona del Quetena, determinará si el Silala es un río internacional de curso sucesivo (como asegura Chile) o es un manantial cuyas aguas son transportadas artificialmente a territorio chileno, como sostiene la tesis boliviana.

“En este juicio se definirá la naturaleza jurídica del Silala. En consecuencia, no es correcto jurídicamente sugerir que se inicie un juicio contra las empresas privadas chilenas que se benefician del agua del Silala, primero que la Corte defina si es un río internacional o son bofedales bolivianos”, manifestó la especialista.

“No es pertinente”

Longaric consideró que “las observaciones que hace el diputado Gonzalo Barrientos no son pertinentes, no corresponden y no se ajustan al contexto de la demanda judicial que se debate en La Haya”.

El diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD), señaló que “la defensa de las aguas del Silala está mal encaminada” porque la concesión de las aguas la otorgó el Estado boliviano, a través de la Prefectura de Potosí, a una empresa privada y no al Estado chileno, y que con esta estrategia elude la deuda de 1.000 millones de dólares por el aprovechamiento de las aguas sin ninguna compensación para el país.

Las aguas del Silala fueron dadas en concesión, el 23 de septiembre de 1908, al Ferrocarril Antofagasta Railway Company para sus locomotoras a vapor, y desde la década de los 60 beneficia a empresas mineras del norte chileno.

Para Andrés Guzmán Escobari, economista y experto en política internacional, la observación de Barrientos es extemporánea. “Es muy tarde plantear el caso contra la empresa y no contra el Estado chileno, debió ser planteado al principio del juicio y no ahora que estamos en los actuados, en la presentación de documentos”, explicó.

Si bien es cierto que el problema se generó entre una empresa anglo-chilena y el Estado boliviano, era un caso de derecho privado, este juicio —afirmó Guzmán— se inició y Bolivia lo prosiguió y presentó una contrademanda. “Lo que hay que hacer es continuar con la estrategia que se ha adoptado y asumido”.

“Obviamente es Chile que ha presentado el caso, es el Estado chileno que ha salido en defensa de esta empresa y ha convertido un caso de derecho privado en derecho público”, remarcó Guzmán.

Anulan concesión

El excanciller Javier Murillo de la Rocha refirió que el Gobierno de Bolivia en 1997 canceló y dio por extinguido el objeto de la concesión, y, por lo tanto, desde ese momento no corresponde entenderse con la empresa, “una vez que se canceló la concesión, la empresa no tiene nada que ver, ya se vuelve bilateral”.

Además, después de que Chile presentó la demanda “había que responder, no había otra forma, porque Bolivia hizo la concesión a la empresa mediante la Prefectura de Potosí”.

Chile tiene que compensar

“No sabemos exactamente qué es lo que se ha planteado hasta ahora porque los documentos son reservados, pero a mí me ha parecido correcta la presentación de la contrademanda que plantea algo que es incontrovertible en derecho, los canales artificiales que se han construido, ahí Bolivia tiene todas las de ganar”, agregó Guzmán. 

También apuntó que hay que “enfocarse más en la parte histórica, porque la parte técnica, de la naturaleza de las aguas será definida a través de unos estudios, pero en la parte histórica hay ciertos elementos que se pueden discutir, principalmente el hecho de que Chile ha dispuesto de las aguas como si fuesen suyas, de su propiedad”.

Lo hizo no solo con el Silala, sino también con el Lauca y otros cursos de agua que Chile los ha utilizado como si fuesen exclusivamente suyos, “eso hay que hacer en la Corte de La Haya, me parece que por ahí tiene que ir la estrategia de enfocar que Chile dispone de aguas supuestamente compartidas como si fueran propias”.

Mientras que Chile se basa en la Convención de Usos de Agua para fines Diferentes a la Navegación, aprobada por Naciones Unidas en 1997, “para decir que el uso de las aguas tiene que ser equitativo y razonable, y lo que hay que definir primero es si son realmente compartidas o no; de acuerdo con Chile serían compartidas, lo que se tiene que comprobar a través de estudios”. 

“Creo que al final de todo esto, Chile tiene que compensar a Bolivia por las aguas que utiliza que no son de su propiedad, si son compartidas como ellos sostienen, entonces Chile solo tiene derecho a la mitad y si actualmente utiliza casi el 90% del caudal, entonces hay un 40% que es absolutamente boliviano y por el cual Chile tiene que reconocer en términos económicos ese uso que hace sin consentimiento”, añadió Guzmán.