Borda censura tres hechos que desprestigian a la Policía

Rommel Raña, excomandante de la Policía de Oruro.
Foto: Archivo

 

Redacción central / Cambio - Edición Impresa

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, lamentó los tres hechos que en la actualidad marcan el desprestigio de la Policía: los supuestos vínculos con el contrabando, el presunto asesinato de dos ciudadanos chilenos y la violación a una brasileña en una cárcel.

Respecto al contrabando, legislador cuestionó la actitud de jueces y del Ministerio Público de Oruro por haber suspendido el martes la audiencia de medidas cautelares del excomandante de la Policía orureña Rommel Raña, imputado por cohecho pasivo propio y beneficio en razón de cargo.

Raña fue acusado por policías y civiles de cobros irregulares desde $us 2.000 para enviarlos a puntos fronterizos entre Bolivia y Chile, además de liderar un clan que favorecía el ingreso de mercadería ilegal al país.

“Es lamentable, porque ningún Gobierno anterior tomó en cuenta la lucha contra el contrabando. Al militarizar diferentes puestos de avanzada se develó una red de corrupción en la Policía, por ello exigimos absoluta celeridad e imparcialidad a fin de que no se aplique fuero ni privilegio para ningún funcionario”, manifestó.

Borda pidió una sanción drástica para los funcionarios policiales vinculados con sobornos en beneficio de contrabandistas.

Por otro lado, se refirió a la detención preventiva de cinco policías en Uyuni debido a su nexo con la muerte de dos ciudadanos chilenos.

El juez Ronald Lupa indicó que las evidencias develaron que los cinco tuvieron participación en la venta de un motorizado en el que los extranjeros ingresaron a Bolivia.

En otro caso, ocho policías que trabajaban en Rurrenabaque (Beni) fueron recluidos en celdas, tras ser sindicados por una ciudadana brasileña de haberla violado en una carceleta.

“De comprobarse esos hechos se debe actuar con la mayor drasticidad posible sin apelación de fueros ni privilegios. Exhortamos a los jueces y al Ministerio Público a darle la mayor celeridad posible a los procesos. El Ministerio de Justicia y el Estado deben intervenir y exigir que sean destituidos de sus funciones esos policías y luego entrar a la cárcel”, sostuvo.