Legalidad burguesa y opresión

 

Espacio de Formación Política

Por Alejo Brignole

Karl Marx sostenía que la ley como instrumento de ordenamiento jurídico para la convivencia social deviene también en una herramienta para la defensa de privilegios sistémicos y en la prolongación del Estado burgués en contra de las clases desfavorecidas. Esta legalidad opresiva —base de la democracia burguesa— funciona entonces como un brazo ejecutor de la dominación planteada en el contexto de la lucha de clases analizado por Marx y Engels.

A principios de 1849, Karl Marx residía en Colonia, donde financió y dirigió el periódico La  Nueva Gaceta Renana (Neue Rheinische Zeitung en alemán). Sus artículos explosivos, que llamaban incluso a boicots contra la Casa Real de Prusia, le granjearon serios problemas legales, por los que debió comparecer ante los tribunales muchas veces.

Asumiendo una de estas defensas ante la justicia de Colonia y antes de ser expulsado de su propio país ese mismo año de 1849, expresó una  brillante crítica  a la legalidad burguesa que más tarde plasmaría en su obra El 18 brumario de Luis Bonaparte, publicada en 1852.

Durante su alegato en la corte, Marx señaló: “¿A  qué  llaman ustedes mantener el principio de legalidad? A mantener unas leyes procedentes de una época social desaparecida, hecha por los representantes de intereses sociales caducos o  que estén a punto de caducar, y que por lo tanto se limitan a  elevar a la ley estos intereses contrarios a las necesidades  generales de la sociedad (…) “la  sociedad no descansa en la ley. Eso  es  una quimera  jurídica”.

Estas palabras de Marx hoy cobran especial vigencia en el contexto latinoamericano, donde la ley es utilizada como arma de obstrucción democrática para evitar que líderes sociales vuelvan a tomar las riendas progresistas del continente, tal como ocurre con Lula en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, y también en Argentina. La ley es así transformada (tal como Marx reflexionó) en un elemento de coerción contra las clases sometidas para el mantenimiento del statu quo y la perpetuación de los privilegios. Las conclusiones de Marx sobre este problema sociológico y de filosofía del derecho resultan imposibles de comentar aquí dada su extensión y complejidad. Pero como en otras áreas del conocimiento, Marx abrió aquí también una brecha  que se ensanchó con los años, donde el papel del Estado y la axiología de las leyes en la consecución del socialismo siguen siendo estudiados a fondo. Filósofos y teóricos como el húngaro  Georg Lukács, o el francés Michel Foucault, entre decenas de pensadores, se ocuparían de este problema más adelante. 

Lo que sobrevuela este problema planteado por Marx, pero también por los revolucionarios de la Comuna Francesa de 1848 y antes por los revolucionarios de 1789, es… ¿Obedecer la ley y someterse a sus dictados, o generar una nueva legalidad asociada a la liberación de las masas?

Este debate resulta primordial en el mundo moderno actual, donde las democracias secuestradas por el poder económico ensayan nuevas arquitecturas legales diseñadas para la expansión corporativa y la conculcación de derechos colectivos, tal como reza el más ortodoxo esquema neoliberal. Sobre todo en un contexto de amenaza medioambiental o artificiales crisis terroristas que facilitan la elaboración de leyes regresivas, bajo el pretexto de preservar a seguridad o la disponibilidad de recursos. 

Y si Marx planteaba la legalidad burguesa como un obstáculo a vencer en el camino al socialismo, también en la legalidad internacional existe una opresión sistémica, equiparable a la burguesa, destinada a afianzar y prolongar el privilegio de unos pocos países. 

No hace falta más que analizar la estructuración legal del mundo. Organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Ciadi, la Organización Mundial del Comercio y acuerdos afines como el GATT  —Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio— son duramente criticados por las periferias, pero aún así reglamentan o usurpan un derecho internacional cuya axiología resulta perversa. También la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son buenos ejemplos de esa legalidad que Marx define como básicamente perversa.

Sólo que en el ámbito internacional no oprime a las clases sociales, sino a países y regiones enteras (con sus clases sociales desfavorecidas incluidas).

Sobre esto han escrito algunos autores que resulta conveniente citar aquí, entre ellos los antropólogos sudafricanos John Comaroff y su esposa Jean Comaroff, cuyos trabajos y reflexiones sobre los conceptos de legalidad son de gran utilidad reflexiva. Sus estudios se centran en  el statu quo jurídico vigente en África y cómo éste es utilizado como forma de sometimiento neocolonial.

En su libro de 2006, Ley y desorden en la poscolonia, John Comaroff explora la manera en que los corpus legales son concebidos para someter a sociedades o áreas completas bajo algún interés estratégico.  Y si bien los Comaroff elaboraron sus tesis observando la realidad africana, sus análisis pueden ser fácilmente extrapolados a Latinoamérica, por cuanto compartimos una condición periférica, a pesar de los grandes matices que nos diferencian. John Comaroff señala la confrontación internacional mediante las leyes como “un esfuerzo por conquistar y controlar a los pueblos indígenas por el uso coercitivo de los medios legales”.  

Sobre esta misma  utilización de lo legal como arma y elemento de ataque para mantener la supremacía se basó el mayor general Charles Dunlap Jr., militar y estratega estadounidense experto en cuestiones legales de índole castrense, al que se le atribuye la creación del término guerra jurídica o lawfare en inglés, hoy tan de moda entre los gobiernos neoliberales. El general Dunlap fue el que definió al término como “el uso de la ley como arma de guerra”.  

Este oficial y abogado, que ha ocupado cargos claves dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas y que ha sido un teórico de la Doctrina de Seguridad Nacional, además de integrar los cuerpos diplomáticos de las embajadas de Uruguay y Colombia en los años de genocidio, desarrolla el concepto de guerra jurídica, precisamente desde una perspectiva hegemónica.

Incluso en algunos de sus escritos ensaya justificaciones éticas para las complejas relaciones entre lo ético y lo legal, centrándose en desmantelar la dicotomía moral sobre la aplicación de tortura a sospechosos de terrorismo para resguardar la seguridad ciudadana. Discusión moralmente improcedente debido a que ya fue superada durante la Ilustración dieciochesca, pero que  sin embargo fue instalada en este siglo XXI como válida.

Bajo este prisma, la Patriot Act (Ley Patriótica) de 2003, tras los atentados del 11-S en Nueva York, es un ejemplo claro —y extremo— de articulación legal al servicio del Estado burgués y sus agentes. Lectura análoga que se aplica al rescate bancario que hizo el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos en 2008 con el dinero público. Sin dudas esa democracia burguesa que tanto atacaran Marx y Friedrich Engels en diferentes textos hoy se halla fortalecida y —acaso sin buscarlo— ha contribuido a renovar la vigencia del enfoque marxista de esta brutal realidad contemporánea.