[Opinión] La cara opuesta

Democracia Directa

Domingo Santa María nació en Santiago de Chile en 1825, el año en que Bolivia emergía en el continente como una República independiente y soberana.

Su convicción liberal, que la tuvo desde joven, le valió autoexiliarse en sucesivas ocasiones. En 1862, regresó a su país, favorecido por la ley de amnistía.

El retorno significó el inicio de su carrera política, ya que engrosó el gabinete de ministros de los presidentes José Joaquín Pérez Mascayano y Aníbal Pinto Garmendia, éste último organizador de la invasión chilena al puerto de Antofagasta.

Santa María llegó al equipo de ministros de Pinto Garmendia, dos meses después del asalto, cuando ya las tropas de su país ejecutaban ‘el plan de expansión’ sin la previa declaratoria de guerra, como por entonces debía procederse. Ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile desde el 17 de abril de 1879.

Si bien fue parte del equipo de confianza de Pinto Garmendia, Santa María no tenía en la mente las ideas expansionistas y desesperadas del presidente chileno, quien vio en la ocupación la única respuesta posible para sacar a su país de la crisis.

En efecto, el 26 de noviembre de 1879, Santa María señaló: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia... Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa; debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia…”.

El exministro chileno se dio cuenta de lo evidente, pues dejar enclaustrada indefinidamente a Bolivia implicaba enfrentar un problema permanente cuyo costo no tenía sentido para el desarrollo de ambos Estados.

Esa lúcida visión la ratificó en 1880 el propio presidente Aníbal Pinto, quien afirmó: “Al hacernos dueños del Litoral boliviano, era preciso darle a Bolivia salida al Pacífico”, y también el mandatario Gabriel González Videla, quien se avino en 1950 a iniciar una negociación amplia “que pueda hacer posible dar una salida propia y soberana al océano Pacífico”.

Ellos eran hombres de Estado, con mirada de estadistas a largo plazo, que sabían con claridad que la solución a temas pendientes puede tender puentes de acercamiento necesarios para dos pueblos vinculados por historia y por condiciones geográficas, situación de la cual hoy se carece, por lo menos en La Moneda.

La presentación de la contrademanda boliviana sobre los manantiales (el 31 de agosto) en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llevó al canciller de Chile, Roberto Ampuero, a responder de una manera sin precedentes en la diplomacia de esa nación.

Primero aludió a temas de política interna del Estado Plurinacional, luego apeló a las acusaciones directas al presidente Evo Morales y concluyó con la construcción de una falacia de tamaño descomunal al responsabilizar al país de pedir al principal órgano judicial de las Naciones Unidas que embargue la entrega de la contramemoria/contrademanda a Santiago como si La Paz tuviera esa capacidad de influencia en el tribunal.

Ampuero se amparó en esa falacia —el propio periódico La Tercera reportó que la embajadora María Teresa Infante recogió el documento la tarde del 31 de agosto— para romper con el acercamiento que Bolivia y Chile impulsaron en el Comité de Frontera.

El Ministro de Santiago es la cara opuesta de Santa María o del propio González Videla porque está claro que no quiere un acercamiento con el país y que hará todo para no encaminar un diálogo productivo y de buena fe.