Ministro Romero identifica a grupo irregular y a 1.042 ‘palos blancos’

El organigrama que fue presentado por el Ministerio de Gobierno.
Ministerio de Gobierno

 

Fernando del Carpio Z. / Cambio
No son los Yungas, sino una zona dentro del municipio de La Asunta —que involucra a dos de los seis sindicatos de la Central Pueblo Unido— que resiste la erradicación de coca ilegal utilizando fuerzas irregulares, lo que provocó la muerte de un policía y heridos. 

La denuncia la hizo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el programa El pueblo es noticia, que emiten Bolivia TV y la Red Patria Nueva, en el que explicó —con la ayuda de  fotografías, videos, notas de prensa y organigramas— la situación en esa región. 

“De acuerdo con versiones de los lugareños, han sido entrenados por extranjeros, concretamente colombianos, en la utilización de armas de fuego, lo que ha provocado terror, violencia y muerte en la zona”, manifestó.

El titular dijo que esas acciones afectan no sólo a la Policía sino a autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos, que “no se alinean a su posicionamiento de evitar la acción del Estado en las tareas de erradicación de cultivos de hoja de coca y patrullajes de inspección para la verificación de la existencia de pozas de maceración en la zona”.  

'Palos blancos'
Informó que cuando el Gobierno anunció la biometrización (registro biométrico de productores), Adepcoca —a través de Franklin Gutiérrez— dispuso que no se entreguen las listas de productores y comercializadores.

El Ministro se preguntó: “¿Qué es lo que se esconde?”. El 4 de octubre de 2017 se denunció la existencia de ‘palos blancos’ en la comercialización de hoja de coca. De las 34.673 personas registradas, se estima que 1.042, presumiblemente, son ‘palos blancos’, porque al verificarse los datos con el Servicio General de Identificación Personal (Segip), que extiende las cédulas de identidad, esa cantidad de personas no fue encontrada en la base de datos.

“Son personas que desvían coca para otras actividades, presumiblemente para el narcotráfico”, advirtió el Ministro.

Emboscada
El 24 de agosto, el teniente Daynor Sandóval Ortiz murió  producto de dos proyectiles de arma de fuego que impactaron en la zona de la ingle y porque no recibió atención médica inmediata que evite una hemorragia.

Romero dijo que el grupo armado disparó durante cuatro horas a la Policía, que ingresó con equipo antimotines  y tuvo que trasladar a los heridos en camillas improvisadas porque fueron recibidos con armas de fuego.

“De los siete policías que fueron heridos, por lo menos cinco hubieran sido bajas porque recibieron impactos de armas de fuego en zonas de órganos vitales y salvaron su vida gracias a los chalecos antibala y los cascos”, indicó.

En ese marco, sostuvo que   le molestó que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, presidida por Amparo Carvajal, en una carta señalara que “los policías estaban vulnerando los derechos humanos de humildes campesinos, cuando vemos un grupo armado que dispara armas de fuego de grueso calibre contra efectivos policiales que cumplen su misión constitucional”.

Ese saldo, informó, se suma a los cuatro policías que fueron heridos entre el 18 y 21 de agosto con proyectiles de armas de fuego en la misma zona; ellos, a su vez, se suman a otros tres efectivos que fueron heridos en el bloqueo de caminos, por lo que “en los dos últimos meses 14 policías han sido heridos con bala y un teniente ha sido muerto”. 

El Ministro dijo además que escuchó versiones inaceptables como la que indica que el teniente fue ejecutado por sus propios camaradas debido a que se negaba a disparar contra los campesinos.  

Fábricas de cocaína
La autoridad atribuyó la reacción del grupo armado a que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encontró en los sindicatos de Siguani Chico y Cedroni, en el municipio de La Asunta, fábricas de cocaína.

Ambos sindicatos, afirmó, resisten las tareas de erradicación por la existencia de sustancias líquidas y  sólidas para la maceración de pasta base de cocaína. Refirió que se ingresó con un fiscal para proceder a la destrucción de esas fábricas móviles de cocaína. Las troncas, según las imágenes de un video, fueron colocadas para impedir que ingresen quienes no pertenecen al grupo armado.

De acuerdo con el testimonio de los lugareños, el grupo es entrenado por extranjeros (colombianos) en el lugar donde se encontraron las pozas de maceración. 

Muerte de campesinos
Sobre el deceso de dos campesinos, el 30 de agosto, Romero informó que se detuvo a dos personas —Óscar Valdez Churquina y Ángel Valdés Toconas—  que estaban con armas de fuego. Uno de los fallecidos tenía un arma larga en su poder, por eso “se pidió que no sólo se haga la autopsia de ley, sino el examen de absorción atómica para establecer si estas personas estaban disparando fuego cruzado contra la Policía”.

En cuanto a la movilización que se realiza desde La Asunta hasta la ciudad de La Paz, y que arribará hoy, el Ministro de Gobierno expresó que mucha gente está siendo sorprendida en su buena fe, por lo que consideró que sería importante que se conozcan las denuncias de las personas que fueron amenazadas, quemadas sus casas, golpeadas, porque se oponen a la ilícita actividad.

Se cumplió, según Romero, con las tareas de erradicación y racionalización en toda la parte norte. “La única preocupación del Gobierno es esa zona roja o ilegal de cultivos, porque está fuera del cordón tradicional, es lo que está pendiente y se insistirá en aproximar posiciones por una vía pacífica, el diálogo, para separar lo legal de lo ilegal”, sostuvo. 

El Gobierno proyecta una nueva estrategia para erradicar cultivos ilegales en la zona 

“No vamos a desarrollar nuevas incursiones que ocasionen el choque de efectivos policiales y grupos armados; utilizaremos otro tipo de estrategias, pero evidentemente no vamos a renunciar a la erradicación de estos cultivos que son ilegales”, declaró el ministro Carlos Romero.

Indicó que no es una gran cantidad, “son entre 60 y 70 hectáreas en el lugar de San Antonio”.

Romero señaló que la movilización de La Asunta —que llegará hoy a La Paz— no será intervenida, pero reiteró que el Estado restablecerá la seguridad en la zona. 

Valoró que en los Yungas se haya mantenido la calma y la serenidad, “al margen de este grupo irregular que se ha localizado en una parte del municipio de La Asunta”.

También expresó que su despacho espera que la Fiscalía actúe en este caso con celeridad, transparencia y drasticidad, ya que es el instrumento de defensa del Estado, que tiene que castigar lo ilegal, el asesinato, la existencia de grupos armados y de fábricas de cocaína.

Refirió que todo está debidamente documentado y que involucra a una región específica: San Antonio, dentro del municipio de La Asunta. Tampoco a toda la Central, que tiene seis sindicatos, porque “sólo dos están en este posicionamiento de resistencia a la aplicación de lo que corresponde legalmente”.

Asimismo, el titular de Gobierno convocó a la calma para evitar nuevos choques con estos grupos armados, y a que el accionar de la justicia sea inmediato y transparente.

También llamó a continuar trabajando en esa zona específica, como se lo viene haciendo en el trópico de Cochabamba, donde se erradica un promedio de 47 a 50 hectáreas por día en todas las zonas donde hay cultivos ilegales.

“Así como hemos hecho en los Yungas, el norte de La Paz y el trópico, vamos a trabajar de manera coordinada y concertada con los sindicatos y la población”, añadió.

El entorno del presidente de Adepcoca

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, desde los primeros meses de este año se resistió a la  Ley General de la Coca, rechazando su reglamentación mediante el bloqueo de caminos (en febrero, dos policías fueron heridos con armas de fuego).

Gutiérrez se opone porque la ley divide la zona tradicional y los cultivos que quedan fuera del límite se consideran ilegales porque no están reconocidos para el consumo tradicional.

El entorno del líder de Adepcoca está integrado además por Wilmer Silver Machaca, que no tiene cultivos de coca, no es productor, pero se declaró guardaespaldas de Gutiérrez. 

En el celular de Machaca se encontró, tras ser detenido el 29 de agosto, fotografías de armas de fuego de grueso calibre, granadas de guerra. 

También se encontraron fotografías de las trincheras de ladrillos en las partes altas de la serranía, desde donde se disparaba a los policías.

Otros de los involucrados en los hechos violentos y que forman  parte del entorno de Gutiérrez son: Primo Patzi (preso en Chonchocoro por organizar grupos armados en Trinidad Pampa), Sergio Pampa (acusado de delinquir), Javier Aparicio, Fridolino Durán (en Chonchocoro) y Álex Gisbert (encargado de organizar grupos de choque).

William Apaza, miembro del Comité de Autodefensa de Adepcoca, está acusado del homicidio del agrónomo Eulogio Cama Capaqueña.

Además, la FELCC de La Paz denunció el 15 de abril que cinco policías fueron heridos y uno secuestrado en vendetta por la detención de Primo Patzi.