[Opinión] Bolivia no se muere

Democracia Directa

No fue una idea boliviana. No. Así como llegaban en inglés las leyes, el proceso de privatización que se realizó en el país tuvo la firma de Washington.

De hecho, todo el proceso contó con el asesoramiento directo de personeros de Usaid, del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del beneplácito de la administración de George H.W. Bush (1989-1993), quien afirmó que como efecto de las medidas mejorarán “las relaciones de comercio con Bolivia” (Presencia, 12/08/1990).

El ciclo privatizador tuvo dos momentos clave en Bolivia: el primero con la aprobación de la Ley 1330 de Privatización, de 24 de abril de 1992, y el segundo con la promulgación de la Ley 1544 de Capitalización, de 21 de marzo de 1994.

Estados Unidos no sólo dio el beneplácito a todo el proceso, sino que —junto con los organismos internacionales— impulsó el ciclo privatizador; primero, financiando estudios para la privatización de más de un centenar de empresas públicas medianas y pequeñas dependientes de las Corporaciones de Desarrollo Regionales (Cordes) y, después, alentando la “capitalización” de las cinco empresas nacionales estratégicas: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Los gobiernos neoliberales, fruto de los pactos y las alianzas, pusieron en venta al país.

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, las cinco coaliciones políticas que gobernaron el país entre 1985 y 2005 enajenaron 212 empresas públicas y generaron un daño económico al país que bordea los 22.015 millones de dólares.

Mientras Estados Unidos se sentía contento porque Bolivia seguía sus designios —porque ello le permitió también configurar un marco legal favorable a los intereses de las compañías norteamericanas (como sucedió con la Ley 1182 de Inversiones, promulgada el 17 de septiembre de 1990, y con la Ley 1689 de Hidrocarburos, del 30 de abril de 1996)—, la población sintió el costo social.

Los movimientos sociales enfrentaron la privatización y el saqueo de los recursos naturales en las calles, se convirtieron en los protagonistas de la ‘guerra de la coca’ por soberanía, territorio y dignidad; de la ‘guerra por el agua’, en Cochabamba, y de la ‘guerra por el gas’, en El Alto, y dieron nacimiento a la nueva agenda estatal que tuvo como puntos fundamentales la realización de la Asamblea Constituyente, la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos y, por tanto, el cambio de modelo económico.

En 2006, Evo Morales jura como el primer presidente indígena de Bolivia, y con ello se pone en marcha la construcción social que prioriza su manejo soberano como mecanismo de reproducción comunitaria.

El nuevo gobierno hace frente a los mecanismos de control y dominio del territorio empleados por Estado Unidos, a través de la recuperación de la soberanía territorial.

En consecuencia, el 1 de mayo de 2006 se da uno de los pasos vitales con la aprobación del Decreto Supremo 28701, que nacionaliza los recursos naturales hidrocarburíferos.

Se dieron pasos importantes en estos 12 años, se recuperó no sólo la soberanía nacional, sino también la identidad. Ya no son necesarias las recetas ni los beneplácitos externos, porque Bolivia no se muere.