Las Fuerzas Armadas aún no nos entregaron lo que hemos solicitado

Foto: Carlos Barrios

Entrevista: Fernando Rodríguez Ureña (Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad)

La Comisión de la Verdad inició, el 15 de agosto, una de las etapas más importantes de su trabajo con la recolección de testimonios de las víctimas de toda la etapa dictatorial en Bolivia. En entrevista con Democracia Directa, el secretario ejecutivo de la entidad, Fernando Rodríguez Ureña, ofrece algunos detalles de ese trabajo y realiza un balance del casi un año de labor cumplida.

El 21 de agosto la Comisión de la Verdad cumplirá un año de conformación, ¿cuál es la evaluación que realiza?
Positiva, pese a todo. Estamos avanzando.

¿Se avanzó en la acumulación de información? ¿Qué entidades les entregaron la información requerida?
Son varias las entidades que han cooperado, entre ellas están la Cancillería, la Asamblea Legislativa Plurinacional, tres fondos documentales del Ministerio de Justicia, Conrevip (Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política), Comteca (Comisión Técnica de Calificación) y Ciedef (Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas), el fondo de Asofamd (Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia). Son varios. El lunes (20 de agosto) nos van a entregar 68 cuerpos, copias autenticadas del juicio de responsabilidades de Luis García Meza. La Fiscalía General del Estado también nos ha entregado documentación. Entonces, son realmente importantes los fondos que se están juntando, que también van a ser parte de la memoria de la Comisión, en sentido de que toda esta información será parte de un repositorio sobre los períodos dictatoriales. Vamos a aportar para generar un fondo especializado de toda esta etapa.

¿Se puede cuantificar n hojas?
Sí, podríamos hacer un intento. Yo creo que estamos por las 120 mil fojas.
Tenemos entendido que se compraron equipos para la clasificación de la documentación…
En realidad, lo que hay que hacer es escanear, las búsquedas son automatizadas.

¿Ya empezará ese trabajo?
Tenemos un tema presupuestario que nos está impidiendo avanzar, pero lo vamos a hacer.

¿El equipo ya se compró?
Sí, tenemos el hardware, nos falta el software.

¿Qué características tiene?
Es un servidor de buena capacidad que trabaja con un mecanismo de seguridad para evitar que la información se dañe. Está manejado por profesionales.

¿Se contrataron especialistas? ¿En qué áreas?
Profesionales que tienen que ver con toda la seguridad informática.

Si bien la presidenta de la Comisión, Nila Heredia, no está de forma permanente acá, ¿cuál ha sido el aporte de cada uno de los integrantes al trabajo de la propia Comisión?
Tenemos reuniones permanentes, pese a que la doctora no está y que don Teodoro Barrientos se encuentra en Sucre, nos reunimos por teleconferencias, permanentemente por WhatsApp, por correo; entonces, la coordinación es cotidiana.

La denominada Plataforma de los Luchadores Sociales, apostada en El Prado, señala que no hay resultados concretos todavía, asumimos que se debe esperar la conclusión de la labor…

Entendemos absolutamente el sentimiento de los compañeros; ellos buscan que nosotros generemos recomendaciones inmediatas y no está en la disposición de la Comisión hacer eso porque la ley no nos manda aquello. Es una diferencia que tenemos, pero no va a ser un elemento que nos confronte. Pese a nuestras diferencias, vamos a trabajar en la obtención de información, ellos nos van ayudar a eso.

Sobre el tema de los testimonios, cuya recepción comenzó el 15 de agosto, ¿ya se definió una metodología?
Hay protocolos para hacer esto, protocolos internacionales. Nosotros hicimos todo un análisis de éstos y tenemos un documento de 70 páginas de diferentes protocolos para diferentes tipos de declaraciones, porque no es lo mismo entrevistar a una persona que sufrió tortura que una que fue exiliada.

¿Para esas entrevistas se contratarán a especialistas?
El equipo de la Comisión se ha ido preparando, pues eso también es parte de esta etapa del trabajo; se ha preparado para recolectar los testimonios.

¿Se tendrá además a especialistas?
Cuando tengamos el nuevo presupuesto podremos contratar sicólogos, ya que eso no estaba consignado en el anterior presupuesto.

¿Cuánto presupuesto se está solicitando?
La Comisión se ha descentralizado y para ello se ha presentado un informe técnico jurídico que incluía una estructura y un presupuesto; entonces, es simplemente eso lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo un incremento sobre lo que teníamos, sino llegar al techo que plantea nuestra descentralización.

¿A cuánto llega?
Está en discusión. Teníamos un remanente de lo que fue el traspaso, pero que no alcanza al techo, nos falta todavía algo así como 3 millones (de bolivianos).

Se habló de la posibilidad de invitar al ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia), Denis Racicot, para que participe en este trabajo, ¿se concretó?
Todavía no se materializó porque no podemos hablar de nada en esa línea mientras no tengamos un presupuesto asignado en los marcos en los que hemos solicitado.

¿Ayudará a la comisión el trabajo realizado por comisiones similares en países como Argentina, Chile, porque al igual que ellos, Bolivia fue parte del denominado Plan Cóndor?
Muchísimo, porque nos va a ayudar a no cometer los mismos errores…

¿Cuáles?
El acumular información. Si no vas procesando la información que te va llegando y sólo la acumulas, probablemente pierdas detalles importantes. Te llenas de papeles y pierdes la esencia de las cosas, ese es un error que no quisiéramos cometer. El otro error es la virtual dependencia del aparato del Estado, por eso nosotros queremos tener unos grados más de libertad y queremos avanzar hacia la descentralización.

La Ley de la Comisión de la Verdad no consigna lo que muchas víctimas piden: la reparación…
No…

Entonces, ¿en qué concluirá el trabajo de la Comisión?
En el aparato estatal hay varias entidades que ven políticas de Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia se ha encargado de realizar un plan nacional de derechos humanos, una política de derechos humanos a nivel nacional que contemple todo. La Procuraduría General del Estado tiene tareas que tienen que ver con ese plan, pero también con la defensa del Estado ante organismos internacionales cuando se presentan casos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos; entonces, tiene otra naturaleza, otro trabajo. El Defensor del Pueblo es el encargado de cumplir con la protección de los ciudadanos en torno al abuso del Estado, es otra línea de acción; entonces, el tema de resarcimiento nosotros no lo vamos a tocar no sólo porque no está en las atribuciones de la Comisión, sino porque eso corresponde a la articulación de otras instancias del propio Estado a las que las víctimas tienen que reclamar aquello; lo máximo que nosotros podemos llegar a hacer son unas recomendaciones respecto al tema, ya que no somos gestores de políticas, la Comisión lo que hace es investigar y recomendar, ni sanciona ni juzga ni nada, recomienda.

¿Pero sí va a identificar a responsables?

Por supuesto que eso estará en el informe; van a haber responsables. El recuperar la memoria histórica, el reconstruir la historia, esa es la otra parte del trabajo; es recomendar que hayan políticas de Estado que impidan que esto se vuelva a repetir, recuperar la memoria para que esto no ocurra nunca más, pero eso ya no es canal de la Comisión, es de otras instancias del Estado: Ministerio de Justicia, Procuraduría y Defensor del Pueblo, con los que debemos actuar de manera concertada.

¿Se recurrió a los archivos de las naciones que fueron parte del Plan Cóndor (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela)?
Ya tenemos algunos avances con Paraguay, por ejemplo; de hecho, nos están esperando para trabajar allá, pero temas presupuestarios ahora nos lo impiden.

¿Cómo se puede acelerar el trabajo si de a poco muchas de las víctimas fallecen?
Es un trabajo contra el reloj y los testimonios de las víctimas son valiosísimos, pero no sólo son testimonios, quedan documentos, fotografías, archivos, declaraciones realizadas, algún libro, alguna entrevista producida, y es de ahí de donde tienes que sacar la información. Es casi un trabajo de Inteligencia.

Al respecto, se visitó el archivo del Estado Mayor, ¿qué se obtuvo?
Todavía no nos han dado lo que hemos pedido. Estamos esperando que lo hagan.

¿Qué se solicitó?
Hemos solicitado listas, planillas y muchos otros temas.

¿Pero hay el compromiso?
Entendemos que es un compromiso firme; nuestro aparato es demasiado burocrático para obtener la información y a veces sacar una fotocopia te lleva un día, imagínate lo que significa sacar 121 copias.

¿Y se recurrió a los archivos de la Policía?
Todavía no. Ellos nos indican que todo estaría conociendo el Ministerio de Gobierno. Es, digamos, el espacio menos trabajado hasta el presente, pero no es porque lo descuidamos, sino porque no queremos llenarnos de información. Avanzaremos de forma programada, tampoco es que llega cualquier rato. Estamos midiendo nuestro alcance.

¿Se identificó a las personas que fueron parte de los gobiernos de facto y que serán entrevistadas?
Hay listas largas, de paramilitares, muchos que ya no están vivos. Se están identificando a los prioritarios; luego hay que investigar, ubicarlos y ver si están en disposición de hablar porque pueden acogerse también al silencio.

¿Con la ampliación del trabajo, se logrará el objetivo?
Tenemos una ley, un objetivo y la predisposición de cumplir ambos, eso es lo que podemos garantizar ahora. Resultados, avances, no los vamos a dar a conocer, no porque no queremos, sino porque estas cosas hay que hacerlas en silencio.

Perfil

Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Sociología. Militante guevarista en la resistencia a las dictaduras de Hugo Banzer y García Meza.

Fue embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Popular China, columnista de La Época, dirigente nacional del MG (Movimiento Guevarista) y trabaja por más de tres décadas en temas de derechos humanos.