Cuatro pilares garantizan el éxito de la lucha antidrogas

Un agente de la fuerza antidrogas incinera cocaína incautada.
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José Guzmán / Cambio

El éxito boliviano sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico,  reconocido por organismos internacionales y otros países, es producto de una estrategia basada en la reducción de la oferta, de la demanda, control de cultivos de coca y la responsabilidad internacional compartida.

Desde que el presidente Evo Morales decidió nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, luego de la expulsión de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés), en 2008, se incrementó la inversión destinada a la fuerza antidrogas hasta alcanzar un presupuesto de aproximadamente $us 300 millones.

Esta inversión posibilitó el fortalecimiento de la institución con tecnología, el incremento del parque automotor, mayor cantidad de agentes y mejores equipos operativos y de comunicación.

“Este presupuesto destinado a la FELCN permitió llegar a lugares donde nunca antes se lo había hecho, por eso hubo mejores resultados de interdicción que posibilitaron plantear una estrategia sólida que por primera vez incluye un pilar basado en la prevención, respetando los derechos humanos”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El segundo pilar enfatiza las campañas preventivas para concientizar e involucrar a la sociedad como grupo activo en el control del consumo de drogas.

Antes de la nacionalización del combate contra este ilícito no había socialización ni participación de la ciudadanía, sino que todo se limitaba a la interdicción.

Erradicación

Por disposición del presidente Morales, en 2011 se reestructuró la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y se creó el Comando Nacional con dos comandos operativos: FTC Chapare y Yungas, con 21 grupos de tarea conformados por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Romero recordó que en los años 80, los cultivos de coca en Bolivia alcanzaban aproximadamente las 57 mil hectáreas; sin embargo, desde que el país asumió la lucha contra las drogas como una política estatal, en 2009, se redujeron paulatinamente hasta alcanzar una superficie de cultivos que apenas supera las 23 mil hectáreas.

La Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, protege a la hoja como patrimonio cultural de Bolivia, por ello no puede haber coca cero, como se pretendía durante los gobiernos neoliberales que aplicaban la Ley 1008, norma que reprimía a los productores y perseguía a los dirigentes cocaleros a pesar de que la producción superaba en más de la mitad a los que existen actualmente.

El Gobierno aprobó dos normas más adecuadas a la realidad de los bolivianos y más eficientes para la lucha contra el narcotráfico: la Ley General de la Coca (906) y la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas (913).

Desde la aplicación de la Ley 906, que reemplaza a la 1008, Bolivia controló, con autonomía y dignidad, los sembradíos en concertación con los productores hasta representar sólo el 10% de superficie de cultivos en el mundo, muy por detrás de Colombia (68,5%) y Perú (21%), según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

El presidente Morales destaca que este logro en la reducción fue sin represión a los productores, sino con su inclusión en el control del arbusto excedentario a partir de la erradicación concertada.

Regionalización

El Jefe de Estado manifestó en varias ocasiones que una de las metas para fortalecer este combate contra las drogas es lograr que la estrategia boliviana se replique en toda Suramérica.

De esta manera se podrían unificar las actividades de prevención, interdicción y erradicación, basadas en una línea operativa que integre a toda la región con resultados más positivos.

“Nadie pensaba hace 20 años que un país como Bolivia podría ser objeto de halagos debido a una estrategia antidrogas que creó y dio resultados que marcan registros que hasta entonces eran inimaginables”, manifestó el ministro Romero.

Narcovínculos

Los resultados obtenidos por el país y reconocidos por organismos internacionales no eran posibles en la Bolivia neoliberal, puesto que los ‘peces gordos’ de la época financiaban campañas presidenciales de los gobierno a cambio de que sus negocios ilícitos no se vieran afectados”.

Los gobiernos neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), en sus dos períodos; de Hugo Banzer Suárez (ADN) y de Jaime Paz Zamora (MIR) estuvieron ligados estrechamente al narcotráfico, puesto que los grandes narcotraficantes de entonces —como Luis Amado Pacheco ‘Barbas Chocas’, Roberto Suárez Gómez ‘El Rey de la Cocaína’, su sobrino Jorge Roca Suárez ‘Techo de Paja’, Isaac ‘Oso’ Chavarría, entre otros, les proporcionaron grandes sumas de dinero para comprar su silencio mientras el país se sumergía cada vez más en la corrupción y el tráfico de drogas.