[Opinión] Bolivianos

Democracia Directa

No sólo más de 20 mil trabajadores fueron expulsados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) como efecto del Decreto Supremo 21060. Con la medida se introdujo con mucha fuerza una política de libre mercado y una reducción drástica del aparato estatal que años más tarde provocó un fuerte empobrecimiento de la población boliviana.

Víctor Paz Estenssoro lo graficó con claridad melancólica en su frase “Bolivia se nos muere”, que era, sin duda, la herencia de las dictaduras y de la marca de lo que sería el neoliberalismo.

Ello generó un remezón social a escala nacional. La migración interna hacia las principales ciudades se incrementó, al igual que la migración externa, considerada, por entonces, la “opción” para encontrar mejores días.

El diplomático Jean-Paul Guevara, en su obra Migraciones bolivianas en el contexto de la globalización, señala que “una fuerte crisis económica durante el primer quinquenio y la implementación de un Programa de Ajuste Estructural (PAE), elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y puesto en marcha en el mes de septiembre de 1985, incrementaron la vulnerabilidad de la población”.

A partir de estas medidas económicas se contrajo la oferta monetaria, se elevó el desempleo abierto y se relocalizó a la mayoría de los trabajadores del Estado, lo que dio lugar a que un amplio segmento se trasladara fuera del país y se incrementara el flujo migratorio hacia Argentina.

Ya no eran bolivianos de población rural-indígena en busca de trabajo temporal, sino urbana, de los centros mineros y de ciudades grandes y medianas, con niveles de educación más elevados, que fueron a asentarse en zonas urbanas argentinas o en la periferia de éstas.

Entre 1974 y 1994, en Argentina radicaron 199.903 connacionales. Pero más allá de la cifra, que subestima el número de inmigrantes, es más importante la evolución de las radicaciones: en 1974 se produjo el 13,31% de ese total, mientras que las de 1994 representan el 64,98%. 

La migración no sólo significaba la pérdida del talento humano que poseían, representaba, a la vez, que el Estado se desligaba de su atención y, en consecuencia, se anulaban los derechos políticos que ellos tenían en el país. Sí, al dejar el país, el manto del olvido estatal sellaba el anonimato de los migrantes.

Hasta antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en 2009, los que residían en el exterior no podían ejercer su derecho a elegir.

En efecto, el artículo 27. I. de la norma recién estableció que “las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia, y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral”.

En 2009, por primera vez los residentes en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos participaron en los comicios para elegir al presidente y vicepresidente. Ya en 2014, el proceso abarcó a 33 países.

Su inclusión no sólo significó que su voto incida en las elecciones, sino que también sean incorporados en la agenda programática de los partidos políticos.

Derechos tan elementales como la atención migratoria, la documentación y asistencia judicial, antes inexistentes, hoy son una realidad.

La clase política del pasado debió entender que los bolivianos no dejan de serlo al dejar el país, lástima que su visión era muy limitada.