A 38 años de una de las dictaduras más nefastas de la historia nacional

Foto: Asamblea de DDHH
Parte de los cientos de detenidos trasladados al Gran Cuartel de Miraflores, el 17 de julio de 1980.

Fernando del Carpio Z.

El martes 17 de julio se cumplen 38 años de una de las dictaduras más oprobiosas. El descalabro institucional, político y económico que dejó a su paso aún no fue reparado. El líder del cruento golpe de Estado, general Luis García Meza, que la última década pasaba más en el hospital que en la cárcel, murió a los 82 años, el 29 de abril de 2018.

Mientras que su más estrecho colaborador, el coronel Luis Arce Gómez, ministro del Interior, cumple su condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro. 

Para el abogado Roberto Quiroz, director general de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, “la víctima principal fue el Estado boliviano, que sufrió tremendo daño institucional, político y económico que no ha sido reparado hasta ahora”. 

El daño institucional se refleja en el copamiento de toda la estructura estatal, en la anulación de la autonomía universitaria y la designación de rectores militares; a nivel político no sólo asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino que persiguieron a dirigentes  políticos y sindicales.

En el plano económico se dieron casos como La Gaiba, al divulgarse que en 1980 el régimen militar extraía ilegalmente piedras semipreciosas de esa región oriental, además de negociados en la compra de equipos petroleros, maquinaria agrícola y otros.

El juicio de responsabilidades que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia, que dictó sentencia contra García Meza y sus colaboradores, el 21 de abril de 1993, hizo que la mayoría  cumpla su condena, pero no  con la  calificación de daños y perjuicios a favor del Estado y de las víctimas.

“Correspondería que el Ministerio Público y la Procuraduría reabran el caso para la calificación de este daño al Estado y a las propias víctimas”, dijo Quiroz. 

Los gobiernos de Hernán Siles Zuazo (10 de octubre de 1982-6 de agosto de 1985) y de Evo Morales, mediante la Ley de Reparación de las Víctimas de Violencia Política, cumplieron en parte, pero no de manera integral. 

Ahora corresponde a la Comisión de la Verdad, posesionada el 21 de agosto de 2017, acumular pruebas contra quienes permanecen en la impunidad, y al Ministerio Público iniciar acciones en defensa de la sociedad.
  
Fecha funesta

El sociólogo Eduardo Paz Rada considera que la reparación a las víctimas es un tema pendiente, aunque “una señal muy importante fue el encarcelamiento de los responsables”.  

Paz Rada define el 17 de julio de 1980 como una fecha funesta para Bolivia sobre todo porque se dio en un momento de gran resistencia a la dictadura del general Hugo Banzer y cuando se empezaba a construir la democracia. 

“El golpe de García Meza fue el último estertor de las fuerzas militares antidemocráticas, que finalmente tuvieron que ceder a la presión del pueblo boliviano y significó el reposicionamiento de los partidos políticos de la derecha MNR, ADN y MIR, que durante 20 años controlaron y destruyeron el país”, apuntó. 

Toda esa herencia la recibió la Unidad Democrática Popular (UDP) de Siles Zuazo porque la dictadura, utilizando el poder de una manera totalmente arbitraria, “se dedicó a hacer negociados, al narcotráfico, a una serie de hechos de corrupción que marcaron la historia del país, pero finalmente fue llevado a la cárcel su principal responsable, Arce Gómez (bautizado como ministro de la ‘cocaína’)”.