[Opinión] Camino erróneo

Democracia Directa

¿Qué motiva a las personas a actuar en contra de su propia patria? ¿En qué momento pierden la brújula? ¿O el contexto los desnuda y los muestra como son?

David Moscoso encontró su veta en el Ministerio de Minería: identificó las zonas ricas de ulexita y apenas dejó ese trabajo buscó todos los medios para poder controlar los yacimientos y lo logró.

Pero esto no hubiera sido posible sin la soltura política con la cual actuaron algunas autoridades que lo menos que hicieron fue pensar en el país.

Si bien en mayo de 1986 el entonces presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, aprobó el Decreto Supremo 21260 que declaró la reserva fiscal del salar de Uyuni sobre una extensión de 2.362.000 hectáreas, en 1998 el presidente Hugo Banzer Suárez, a solicitud del senador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Gonzalo Valda, redujo el perímetro de la reserva a 1.344.000 hectáreas con la Ley 1854.

De acuerdo con el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, hubo un evidente “tráfico de influencias” para la sanción de la norma porque Moscoso “disponía de información” para que la Compañía Minera Río Grande SA, de la cual era el principal accionista, obtenga las concesiones de ulexita del salar de Uyuni, aprovechando la reducción del margen de la reserva fiscal.

Años después, Moscoso vendió el 51% de sus acciones (50,99% a Quiborax y el 0,01% al ciudadano chileno Allan Fosk) y se quedó con el 49%. En ese proceso se constituyó la empresa minera Non Metallic Minerals SA (NMM).

Como efecto de las movilizaciones del pueblo potosino en contra de la Ley Valda, en diciembre de 2003, el gobierno del presidente Carlos Mesa promulgó la Ley 2564, con la cual abrogó la Ley 1854 y fijó en 2.190.500 hectáreas la reserva fiscal y la convalidación de la costra salina del gran salar de Uyuni.

De manera adicional, el artículo 3 de la norma dio al Gobierno la facultad de declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros “luego de la evaluación de auditorías técnica, jurídico-legal, económico-financiera, regalitario-tributaria, legislación sociolaboral y preservación ecológica y medioambiental”, en un plazo perentorio de 60 días.

La ruta estaba definida de manera clara. El Ejecutivo tenía las tareas y los tiempos establecidos para recuperar las zonas mineras del salar de Uyuni y amparado en su propia normativa. Pero no. No se cumplieron las auditorías porque la empresa se negó a dar la información, según Mesa.

El 23 de junio de 2004, Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589, con el cual determinó la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non Metallic Minerales SA, que para entonces ya tenía como accionistas a empresarios chilenos.

En esa acción, Mesa, además de no poder llevar adelante las auditorías, cometió un error. Con la aprobación de ese decreto se rompió el marco normativo de entonces porque en el Código de Minería no existía la figura legal de la revocatoria, sino sólo la caducidad y nulidad.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió ese error y abrogó el Decreto Supremo 27589. De hecho, en la parte considerativa del Decreto Supremo 28527 se señala que la norma aprobada por Mesa “adolece de deficiencias jurídicas insubsanables”.

En definitiva, fue el decreto de Mesa el que le permitió a Quiborax abrir un proceso contra Bolivia en el Ciadi. Un error que incluso su propio canciller Juan Ignacio Siles lo advirtió.

El expresidente afirmó que “si volviera a estar en el trance de tomar una decisión sobre Quiborax-NMM, haría exactamente lo mismo”. Es evidente, la intención era buena, pero el camino erróneo, porque no se trató de simples “defectos formales”.