Comisión de la Verdad recuperará la memoria histórica

Foto: Archivo
Los tanques del regimiento Tarapacá llegan al centro paceño en uno de los tantos golpes militares para reprimir a la población.

Fernando del Carpio Z.

La Comisión de la Verdad (CV) no es la Fiscalía ni el sistema judicial, no realiza exactamente una investigación como debe hacer un fiscal en cumplimiento de la ley, tampoco está para juzgar, pero puede reunir información e indicios sin que se constituya “en una acusación formal, penal y tampoco en una condena”.

Denis Racicot, exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  en Bolivia, resumió en esos términos la actividad que debe desarrollar la CV, que del 22 al 25 de mayo organizó talleres internos y un seminario con la participación de tres especialistas internacionales, en la ciudad de La Paz.

Racicot, canadiense, considera que a la CV le puede llegar información que de otra forma estaría perdida y podría dar indicios de lo que ocurrió en una época de mucha violencia por parte de los regímenes militares imperantes en Latinoamérica.

El exfuncionario de las NNUU expuso la labor de las CV de El Salvador y Haití, que investigaron las masacres de las dictaduras en sufrieron.
Reconoce que el factor tiempo tiene su influencia porque  es más difícil encontrar familiares y víctimas de algunos tipos de violación de derechos humanos que estén vivos, “desaparecen muchos elementos probatorios o indicios que podrían coadyuvar a entender mejor dónde están las personas desaparecidas, los responsables”. 

Racicot, que fue uno de los impulsores de la constitución de la CV en Bolivia, sobre todo de la Ley 879, que crea esta instancia, dijo que es importante que concluya su labor con un informe que convenza, que incluya las verdades que la población está esperando.   

“Se espera que se explique cómo fueron los patrones de violencia, las causas de estos fenómenos, cuáles los objetivos que los gobiernos militares tenían para mantener ese manto de violencia política”, afirmó.

También considera importante procurar instrumentos que permitan a Bolivia mirar su pasado y proyectar de forma diferente el futuro,  “evitar que se repita lo que ocurrió o que surjan otros brotes de violencia y de intolerancia política”.

Racicot considera necesario tener los insumos para preparar una memoria que sea un instrumento colectivo que permita interpretar lo que ocurrió y por qué.

“Siempre se habla del caso Marcelo Quiroga Santa Cruz, hay un clamor existente no sólo de sus familiares, sino de organizaciones que preguntan dónde está”, añadió.

Otras fuentes

La abogada peruana Susana Cori Ascona explicó que con los asistentes a los talleres y seminario organizados por la CV compartió los aspectos técnicos, la organización de equipos, el trabajo con los familiares, los testimonios y la importancia del acompañamiento psicosocial. 

La  responsable del programa Personas Desaparecidas y sus Familiares, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de Perú, admite que la falta de información es uno de los problemas que se confronta en este tipo de tareas, afectadas por el paso del tiempo.

“Otras dificultades que se encuentran son el rechazo, la desconfianza de los familiares por la inacción que habrían visto todo este tiempo, lo que genera que no sea fácil acceder a la información de fuentes directas, como son los familiares o los directamente afectados”, opinó.

Cori subrayó que las CV no tienen como mandato el elemento de la justicia, sino aportar con el informe final, que les da voz a los familiares, cuenta la historia y explica las causas del período de violencia en Perú.

“El informe es como un primer paso, un insumo importante para que el país y el Gobierno implementen políticas  de atención a los afectados y construir una memoria en el país”, remarcó.

La CV de Perú investigó los hechos entre 1980 y 2000, trabajó en 2001 y en  agosto de 2003 entregó su informe final. Los familiares estuvieron presentes en todas las actividades.

Al reiterar que la CV no tiene el mandato de identificar y sancionar, porque esa tarea corresponde a los operadores de la justicia, Cori dijo que pese al tiempo transcurrido desde que en 2003 entregó el informe final, los familiares siguen demandando atención.

Por esa razón cree importante que Bolivia recoja las experiencias de otros países y adecuarlas a su contexto, además de identificar todas las fuentes de información, incluso donde no se había considerado. 

“Este tipo de trabajos no se debe centrar en el testimonio de los posibles responsables, hay otro tipo de fuentes de información que nos pueden llevar a reconstruir lo que ocurrió, fuentes documentales, archivos históricos, fuentes periodísticas, comunales”, dijo.

Recordó que en su país, la CV primero mapeó dónde ocurrió la violencia y descentralizó oficinas. Además, refirió que se debe aprovechar la tecnología, hay software para procesar información, apelar a bases de datos, fichas que permitan recoger información, para lo cual se requieren recursos.

Recuperación de la memoria

Rodrigo Gómez Tortosa, de la   Coalición Internacional Contra la Desaparición Forzada de la Argentina, relató que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato, realizó un trabajo importante en la construcción de la memoria de su país.

Las investigaciones que realizó sobre las desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias forjaron una memoria para el pueblo argentino, que valoró mucho esa labor y conoció lo que pasó en su país, donde hubo más de 30.000 personas detenidas-desaparecidas (de esa cantidad se identificó a 11.000), torturadas, vejaciones a mujeres, acciones que la sociedad desconocía. 

La Conadep inició sus actividades en 1984. Gómez destaca que en Bolivia, en 1982, se constituyó la primera CV, que aunque no avanzó en su trabajo inspiró a la Argentina a que se constituya la Conadep.  El informe y la documentación de este organismo fue el sustento para el juicio a las tres juntas militares argentinas y la condena a varios expresidentes y altos jefes militares.

Gómez sugiere que la CV de  Bolivia tenga una fuerte articulación con las entidades de derechos humanos y con los familiares de los detenidos-desaparecidos para legitimar su trabajo sobre todo en la elaboración del informe final.

Sistematizarán documentos con programas especializados

Con el propósito de sistematizar la documentación que reúna la Comisión de la Verdad, en la investigación de las violaciones a los derechos humanos que se registraron en Bolivia entre 1964 y 1982, durante regímenes militares, se adquirirán modernos equipos de computación con programas especializados.

“Estamos adquiriendo equipos y el programa especial que nos permitirá leer y seleccionar el material que tenemos. Hay un sistema que nos posibilitará analizar y trabajar de manera más precisa y no perdernos en la técnica”, indicó la presidenta de la entidad, Nila Heredia.

Después de nueve meses desde que se conformó la Comisión de la Verdad se consolidaron los equipos de trabajo en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Ahora se espera la promulgación de la norma que modificará la Ley 879, consolidará la descentralización de la comisión, ampliará por un año más la labor y la posibilidad de obtener más recursos.

Heredia convocó a la población a “empoderarse” de este trabajo y de esa manera no perder la memoria histórica sobre este negro período de la historia de Bolivia.

Describió que una forma de trabajo será la recolección de información de grupos sociales y comunales, así como individuos que contribuyan con elementos que permitan desarrollar su trabajo.

“Queremos que se incorpore la población y para ello realizaremos actividades públicas, reuniones para intercambiar información. Queremos que la población nos ayude y se apodere de este trabajo”, enfatizó.