CIJ: realidades postsentencia

Por Agustín Saavedra Weise *

Han concluido los alegatos de Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya. Mientras se espera la sentencia llegó la hora de auscultar escenarios realistas sobre la base que eventualmente nos abra el tan esperado fallo, culminación de la demanda iniciada en abril de 2013.

Si la CIJ interpreta los compromisos asumidos por Chile ante Bolivia como parte de negociaciones que terminaron fallidas y no tienen carácter obligatorio, triunfaría la posición chilena. Ningún boliviano desea esto, pero más allá de gustos o disgustos y del óptimo trabajo de nuestra delegación, es una posibilidad sombría que merece consideración. Por el contrario, de considerar la CIJ las ofertas chilenas para superar la mediterraneidad de Bolivia como promesas formales, nuestro país ganaría el pleito. Recordemos que la base sustancial de la demanda nacional pide que la Corte ratifique la obligación chilena de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar sobre la base de compromisos del pasado.

No se descarta la tercera posibilidad de un dictamen con matiz político o “salomónico”; cursan antecedentes al respecto. De todas maneras, y sea cual sea la decisión final de la CIJ, las sentencias de ese alto tribunal están para cumplirse. Bolivia así se ha comprometido; Chile dio a entender que podría no cumplir lo que determine la CIJ “de afectarse su soberanía”. Al respecto, vale el recordar que si una de las partes no acata el fallo, la otra parte puede elevar su reclamo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Gobierno de Santiago no querrá verse en esa incómoda situación de ser la sentencia favorable para Bolivia. Ergo, lo más probable es que la cumpla, aunque sea a regañadientes. Al final, con fallo o sin fallo, los dos Estados continuarán juntos —lado a lado y para siempre— por imperio de la geografía.

Por tanto, más allá del esperado dictamen, cabe esperar que tanto Chile como Bolivia retomen la senda del diálogo para alcanzar entendimientos constructivos. Y aquí es donde vienen los escenarios posibles.

Si bien nadie discute que lo mejor que Chile le ofreció a Bolivia hasta ahora está contenido en el Oficio 686 del 19 de diciembre de 1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Moneda, debe admitirse que las realidades geopolíticas han cambiado. En esa oportunidad Chile ofreció un corredor desde el norte de Arica hasta la Línea de la Concordia, su límite con el Perú. La cesión incluía el mar territorial, zona económica y el espacio de plataforma submarina entre los puntos extremos de la costa ofrecida. Chile descartó cualquier otro tipo de cesión que pudiera afectar su continuidad territorial. La entrega del corredor estaba sujeta a un canje simultáneo de territorios por una superficie equivalente a la de tierra y mar ofrecida. Asimismo, Bolivia debía autorizar el uso por Chile del 100% de las aguas del río Lauca y la zona cedida quedaba desmilitarizada. Bolivia aprobó en “términos generales” la oferta chilena, aunque recalcó varias “aristas”. De su lado, Chile solicitó formalmente el acuerdo del Perú en función del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929.

El general Augusto Pinochet era estudioso de la geopolítica, inclusive escribió un libro sobre esa disciplina. En función de las circunstancias del momento, es razonable pensar que en ese entonces ni él ni el alto mando militar chileno deseaban tener frontera común con Perú. Temían al revanchismo latente de Lima y además deseaban minimizar potenciales zonas de conflicto, máxime porque en esa misma época (1976) su Majestad Británica no había emitido aún el laudo arbitral sobre el Canal del Beagle e islas adyacentes (Picton, Lennox y Nueva). Al conocerse dicho laudo (1977), Argentina lo rechazó y ambos países casi entraron en guerra. El conflicto se evitó a fines de 1978 por la mutua aceptación del papa Juan Pablo II como mediador. Lo determinado por el Pontífice en la mediación prácticamente ratificó el laudo de Londres. Por el peso moral de la Iglesia y el compromiso asumido, el gobierno militar de Buenos Aires aceptó la decisión papal, exigiendo sí la limitación de alcances marítimos: Chile hacia el Pacífico y Argentina hacia el Atlántico. Una década más tarde —durante la administración de Carlos Menem— se solucionaron amistosamente las cuestiones limítrofes entre esas dos naciones, salvo el tema de los hielos continentales, pendiente aún.

De 1976 a 2018 la situación geopolítica en la región cambió. Entre Argentina y Chile no existe hoy ninguna posibilidad de conflicto y con Perú las relaciones de Santiago han mejorado notablemente; ambos países quieren mantener sus contactos territoriales y fronteras. Esto es algo que Bolivia deberá considerar con objetividad. No siempre las oportunidades del pasado son válidas en el presente.

La negociación de Charaña inició su picada descendente cuando Chile rechazó la propuesta peruana del 19 de noviembre de 1976. Por su lado, el mandatario boliviano de ese entonces —Hugo Banzer Suárez— solicitó en su mensaje de fin de año que Torre Tagle abandone su pretensión de soberanía compartida (en una parte del corredor propuesto) y simultáneamente pidió a La Moneda que desista del canje territorial. No hubo respuesta a ese ejercicio de diplomacia pública y pronto las negociaciones se paralizaron. Durante 1977 surgieron encuentros y conversaciones, pero no se pudo avanzar. Finalmente, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile el 17 de marzo de 1978, situación vigente a la fecha.

Como lo escribí en su época (1978), Chile estaba obligado a negociar con Perú hasta lograr el “acuerdo entre ellos” prescrito por el Protocolo Complementario para cesiones a terceras partes de los territorios que quedaron bajo sus respectivas soberanías. Dicho Protocolo no reza “sí” o “no”, expresa claramente “acuerdo”; eso implica lanzar propuestas y contrapropuestas hasta llegar (o no) a un punto de entendimiento. La “declinación” de la presentación peruana fue una forma cómoda de Chile para zafar; Perú creyó haber “cumplido” y dado que Bolivia no insistió ni propuso mayores alternativas, el proceso decayó hasta fracasar. Ésa fue la real realidad.

Sobre la base de lo aquí expresado, la salida por el norte de Arica parece que ya no corre más. Reitero: los tiempos geopolíticos son distintos. Chile quiere actualmente mantener su frontera con Perú; en 1976 no deseaba tenerla. En todo caso, mientras menos actores participen, mejor, por eso favorezco en la hora presente una negociación directa con Chile. Lo trilateral, implicando a Perú, podría traer complicaciones y retardos, salvo que ocurra un milagro y eso usualmente no ocurre en el pragmático campo de las relaciones internacionales. La única solución posible que percibo en la presente coyuntura es un enclave cedido por Chile que incluya un complejo ferrovial con servidumbre de paso —similar a lo que se comenta fue ofrecido en privado por el presidente Ricardo Lagos—, pero con una diferencia fundamental: esta vez dicho enclave sería de soberanía boliviana, obviamente sujeto a los aportes que La Paz ofrezca y La Moneda acepte. Esos aportes podrán ser en recursos naturales, en territorio o entregados de otras imaginativas maneras. En fin, tal cosa será parte de un positivo proceso negociador. No hay nada de malo en un enclave si es soberano; la falta de continuidad territorial tampoco es óbice. Rusia tiene Kaliningrado y Estados Unidos, Hawái, Alaska, Puerto Rico e islas Guam. Además, ese enclave deberá transformarse en un complejo industrial y zona turística, ya que bien podemos continuar usando los puertos chilenos (acordando mejores condiciones) hasta que construyamos un puerto propio, pues el nuevo acuerdo no anulará el Tratado de 1904, éste seguirá vigente. Los puertos modernos tienen costos de construcción y operacionales muy elevados; hay que pensar racionalmente en ese factor.

Concluyendo: he aquí una posible solución pragmática para nuestro injusto enclaustramiento, no la ideal, pero tal vez sea la única posible en la actual coyuntura por las razones dadas en esta modesta nota.

* Diplomático de carrera (r) y excanciller del Estado - Economista y politólogo
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