Petitorio de Chile a la Corte

Foto: Cambio
Tuberías que llevan el agua de los manantiales del Silala hasta Chile.

Gonzalo Pérez Bejar

El Gobierno de Chile tiene el objetivo de demostrar que el Silala es un curso de agua internacional y que lo que corresponde es su “uso equitativo y razonable” con Bolivia.

El 6 de junio de 2016, la agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ximena Fuentes, presentó la demanda contra el Gobierno de Bolivia por el uso de dichas aguas, luego de que el 23 de marzo de ese año el presidente Evo Morales anunció que instruyó a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) estudiar las alternativas jurídicas para defender las aguas del Silala “ante las instancias internacionales”. Chile, basado en los informes técnicos, señala que el Silala, que tiene un metro de ancho y pertenece a la hoya hidrográfica del Loa, es un río de 8.400 años de antigüedad que nace a 4.400 metros de altura en territorio boliviano.

En consecuencia, pide a la CIJ que juzgue: “El sistema del río Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario.

(b) Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del sistema del río Silala de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

(c) Bajo el estándar de utilización equitativa y razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala; 
(d) Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en las cercanías del río Silala.

(e) Bolivia tiene la obligación de cooperar y de proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental, para permitir que Chile pueda evaluar los posibles efectos de tales medidas planificadas, obligaciones que Bolivia ha incumplido”.