[Opinión] Mala suerte para Chile

Democracia Directa

La presión del empresariado chileno fue tan fuerte que la entonces presidenta Michelle Bachelet no tuvo otra alternativa que mostrar una señal nacionalista de defensa. Con ese influjo nació la demanda por el Silala que Chile presentó el 6 de junio de 2016 en contra de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Y no era para menos la preocupación del empresariado minero de Chile, pues tres meses antes, el 23 de marzo de 2016, el presidente Evo Morales instruyó a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) estudiar las alternativas jurídicas para defender las aguas del Silala “ante las instancias internacionales”.

El anuncio provocó un remezón en el empresariado minero chileno, principal beneficiario de las aguas por las cuales no paga ni un solo centavo al Estado boliviano.

De acuerdo con las propias declaraciones de la expresidenta Bachelet (03/07/2018 Emol.com), las aguas que llegan a Antofagasta, Sierra Gorda y Baquedano son empleadas en la actualidad por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la principal empresa estatal chilena dedicada a la explotación minera cuprífera, área en la que es la mayor compañía del planeta.

Sólo en 2017, las ventas de Codelco alcanzaron a 14.642 millones de dólares. No por nada en algún momento el expresidente Salvador Allende dijo que el cobre es el sueldo de Chile.

Las cifras y los intereses empresariales precipitaron la demanda, inconsistente y ciertamente contradictoria. Como sustento, veamos la aplicación que Chile presentó en junio de 2016 en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

En ese escrito, Chile reconoce que el Silala nace en territorio boliviano y que la empresa Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Company Limited, ahora conocida como Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), solicitó permiso para el uso de las aguas y para realizar obras de canalización.

“El sistema del río Silala (también denominado Siloli) es un curso de agua internacional cuyas aguas superficiales nacen a unos 4.400 metros sobre el nivel del mar en territorio boliviano”, señala el punto 1 de la solicitud chilena de inicio de procedimiento.

En efecto, el Silala nace en territorio boliviano, pero de unos 70 manantiales ubicados en el cantón Quetena Chico de la provincia Sur Lípez, Potosí. Un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que manantial se define como una “fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas”, como es el caso del Silala.

En cambio, un río internacional, como denomina Chile al Silala, se define como “una corriente natural de agua de volumen considerable, que divide o cruza dos o más Estados”.

En el documento, Chile también alude a las tratativas que realizó la empresa chilena FCAB, que solicitó al Estado boliviano autorización para el “uso de las aguas para la operación de sus locomotoras de vapor”, incluso pidió  permiso “para hacer obras de captación y de canalización en territorio boliviano” (Punto 18 del petitorio chileno).

Si bien Chile realiza estas dos admisiones, elude un hecho que desbarata toda su tesis de que el Silala es un curso de agua internacional. Se trata del compromiso que asumió en 2009 para pagar por el 50% de las aguas del manantial, con lo cual reconoció la potestad que el Estado boliviano ejercía en esas aguas.

En el punto 31 de su petitorio, Chile sólo señala que “el Grupo de Trabajo logró algunos avances hacia definir un régimen de utilización y protección de las aguas del Silala, incluyendo la realización de estudios técnicos conjuntos del sistema hidrológico del Silala”.

Mala suerte para Chile que existe el preacuerdo que, sin duda, será determinante en la decisión final que asuman los jueces de la Corte Internacional de Justicia.