Brasil y las democracias secuestradas

El expresidente Lula da Silva junto a sus miles de seguidores el 6 de abril.

Por Alejo Brignole*

El 6 de abril último, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba emplazado para entregarse voluntariamente a la justicia brasileña y comenzar a cumplir una condena de 12 de años de cárcel. El plazo se lo había dado el juez Sergio Moro para ejecutar la controvertida sentencia por corrupción que le fue dictada al expresidente. En julio de 2017, en el marco de la investigación Lava Jato, el juez Moro consideró culpable a Lula de recibir de la constructora OAS un inmueble en el balneario de Guarujá como soborno por presuntamente haber favorecido a la empresa con jugosos contratos de la petrolera Petrobras durante su gobierno (2003-2010).

El expresidente recurrió la sentencia, pero en enero de este año una corte de apelaciones en Porto Alegre no sólo ratificó por unanimidad el fallo, sino que amplió la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. El caso de Lula, al que no se le pudo comprobar la malversación de fondos, fue ampliamente mediatizado y manipulado por la Red O globo, aliada del gobierno de Temer y que coordina sus estrategias comunicacionales con la embajada estadounidense.

Por la misma razón, la cadena O Globo (que junto a la mexicana Televisa es la más poderosa de América Latina y uno de los conglomerados mediáticos más grandes del mundo) jamás publica informaciones sobre las flagrantes acusaciones comprobadas de corrupción de Temer en la misma causa Lava Jato. Temer está investigado por graves delitos de corrupción infinitamente más lesivos del patrimonio público que los sindicados a Lula, y sin embargo, sigue ejerciendo su mandato. Un mandato robado a Dilma Rousseff —también acusada sin pruebas fidedignas y destituida sin condena—.

Existen escuchas y filtraciones de la Policía Federal brasileña en las que se constatan indicios claros de que Michel Temer ha liderado su grupo político dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, como una organización delictiva que le permitió recibir 31,5 millones de reales (unos 10 millones de dólares) por favorecer a grupos económicos aliados. Como agravante, se estima que una tercera parte de ese valor fue pagado por la constructora brasileña Odebrecht (otra causa que implica al presidente Temer).

Por parecidas supuestas implicaciones, el vicepresidente en funciones de Ecuador, Jorge Glas, continuador de la Revolución Ciudadana iniciada por Rafael Correa, fue destituido de su cargo por Lenín Moreno, entregado ahora sin filtros a la tutela de Washington después de haber sido ungido por la izquierda ecuatoriana.

Los indicios de corrupción en Brasil involucran además a muchos socios y funcionarios de Michel Temer: al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Moreira Franco; al ministro jefe de Casa Civil, Eliseo Padilha, y al exministro de la Secretaría de Gobierno Geddel Vieira Lima, entre otros. Todos ellos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Evidentemente, los pecados de la izquierda no se perdonan. En cambio los de la derecha son siempre objeto de indulgencias escandalosas, pues mientras Lula es perseguido por un simple apartamento en la playa —y al que no han logrado vincularlo—, los desfalcos de Michel Temer parecen no tener relevancia.

Este esquema jurídicamente surrealista es el que se repite hasta la vergüenza hoy en Latinoamérica. Poder blando, lawfare, guerra jurídica o guerra de cuarta generación, como quieran llamarle, lo que comienza a extenderse peligrosamente como una mancha de aceite sucio en América Latina es el deterioro del cimiento democrático —ya de por sí endeble—, tal como marcan las estrategias del manual institucional estadounidense para sus periferias.

En sintonía obediente a esa agenda, Mauricio Macri —un inveterado corrupto sobre el que pesan unas 200 denuncias penales por gestión fraudulenta— encarcela a presuntos corruptos políticos, siempre de la oposición. Y al igual que en Brasil, Macri lo hace sin las debidas garantías procesales.

Peña Nieto en México manda asesinar a opositores políticos y Temer en Brasil comienza a imitarlo con activistas sociales que caen bajo balas policiales o sicarios anónimos. Juntos, además, son los presidentes con menor índice de apoyo popular de las respectivas estadísticas históricas nacionales. Y sin embargo gobiernan. Pero lo logran gracias al cerco informativo que los medios concentrados les garantizan.

Aliados de las correspondientes oligarquías y con apoyo de Washington, esta trilogía coordinada con el poder judicial —encargado de ejecutar la maniobra final— demuestra que puede imponer un esquema de democracias secuestradas.

Estados Unidos viene logrando con éxito desde 2015 (o quizás desde 2009 cuando derrocó a Manuel Zelaya en Honduras) inaugurar un período ominoso que intenta marcar tendencia, en el que las democracias regionales han sido virtualmente desarticuladas en sus mecanismos y garantías mediante la táctica del golpe blando, o bien a través de la dictadura encubierta de un establishment que busca barrer derechos y garantías jurídicas que parecían inamovibles.

Lula entendió que el panorama es éste, y antes de ser sometido a los rigores de una parodia legal y claramente politizada en favor de las estrategias de Washington, decidió el 6 de abril atrincherarse en la sede del sindicato de metalúrgicos en la ciudad de Sao Paulo. Miles de militantes lo secundaron y forjaron en torno al edificio un escudo humano que lo protegió.

Lula se resistió no sólo a una ley arbitraria, sino a un modelo de llamativas características criptofascistas mimetizado de democracia, que es el que hoy intenta prevalecer en los países gobernados por una derecha voraz y preocupante para el futuro de nuestras sociedades.

Fue un momento histórico el que protagonizó el viejo luchador obrero con su pequeña resistencia. Tal vez hubiera sido alentador para Lula —y para el futuro brasileño— ver cómo tomaba forma una resistencia temible contra el actual secuestro institucional que vive el país. Siguiendo el ejemplo  de Lula, millones de brasileños dignificados gracias a las políticas del PT, pudieron convertirse en esos días en los protagonistas de una batalla popular que seguramente hubiese cambiado las cosas (nunca lo sabremos). Con represión del Ejército, es verdad, con muertos y miles de heridos. Pero una resistencia que hubiera hecho tambalear los cimientos de la dominación invisible que Estados Unidos ha comenzado a desplegar en nuestras repúblicas, hoy peligrosamente minusválidas.

Quizás Brasil hubiera podido contaminar con su ejemplo a muchas otras calderas que ya comienzan a levantar presión en diferentes escenarios. En una Argentina exhausta, por ejemplo. En Ecuador, donde ya parece haber focos de resistencia violenta ante la injerencia descarada de agencias policiales estadounidenses. Sin embargo, los renovados oprimidos de la era Temer no supieron recoger la herencia que dejaron miles de bolivianos en la ‘guerra del agua’ en 1999 y tantos otros tantos alzamientos populares en la historia continental. Y a pesar del grito de resistencia de Lula, Brasil faltó a su cita con la historia: la de una rebelión popular en defensa de la verdadera democracia que Lula intentó amalgamar desde su encierro voluntario. Sólo era necesario un fuego de millones, de ese Brasil que debió salir a las calles al grito de ¡Fora Temer!, aunque ello finalmente no ocurrió.

Hubiera sido bello. Hubiera sido útil. Y hubiera sido maravillosamente contagioso para muchas de nuestras repúblicas, hoy rehenes de un poder adornado con plumas democráticas, pero con piel imperial.

* Escritor y periodista