Dos ciudadanos estadounidenses declararán en el juicio contra Goni

Foto: Gonzalo Jallasi
Thomas Becker, uno de los asesores legales de los familiares de las víctimas de octubre.

Gonzalo Pérez Bejar

Llegó la hora. Fue un trabajo intenso y minucioso el que realizó el equipo de abogados a cargo del proceso contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. Se reunió información vital y se cuenta con dos testigos estadounidenses que serán citados en el juicio oral que se iniciará el 5 de marzo en un tribunal de Florida en contra de estas exautoridades.

El proceso civil se desarrollará en el juzgado de la División Miami, del Distrito Sur de Florida del Tribunal Federal de Estados Unidos, donde estarán frente a frente quienes en 2003 dieron la orden de disparar contra un pueblo desarmado y los familiares de las víctimas que no cesaron en continuar su búsqueda de justicia.

Así informó a Democracia Directa Thomas Becker, uno de los asesores legales de los familiares de las víctimas de octubre, a pocas horas de emprender vuelo a su país (Estados Unidos) con cinco de los nueve querellantes.
 

Todo el proceso de investigación y recolección de información sirvió para presentar la demanda (2007), que fue  aceptado como prueba por el juez James Cohn, quien resolvió “ir a juicio el 5 de marzo”.

De acuerdo con la carátula del proceso, éste lleva los números 08-21063-CV-COHN en contra de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante y 07-22459-CV-COHN en contra de José Carlos Sánchez Berzaín.

Se trata de la segunda demanda enmendada y consolidada por asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos.

“Estamos organizando las visas para los testigos, la mayoría viajará, otros han testificado fuera del juicio oral y presentaremos sus testimonios por video, no sabemos cómo haremos exactamente, pero la mayoría viaja”, explicó.

Becker tiene la esperanza de que Goni y Sánchez Berzaín sean interrogados por el equipo compuesto por una veintena de abogados pertenecientes al Centro de Derechos Constitucionales de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard y los bufetes de abogados Akim Gump Strauss, Hauer & Feld LLP, Schonbrun Seplow, Harris & Hoffman LLP y Akerman.

“Para mí es muy poderoso que gente de Bolivia hiciera esto (el juicio), no gente de Inglaterra, de países muy ricos, no es gente con mucho poder, es gente humilde, del campo”, sostuvo.

Por eso destacó la importancia de este proceso y además porque será la primera vez que un expresidente se siente en una corte frente a las víctimas, quienes contarán su historia a un jurado norteamericano.

Becker afirmó que por eso los días previos al juicio fueron “duros” y todo el equipo de abogados estuvo abocado a organizar los hoteles y lugares donde se hospedarán los testigos y querellantes.

“Tenemos que preparar muchas cosas, es diferente para ellos viajar desde Warisata hasta gringolandia, es otro mundo, pero será una experiencia buena para ellos y nosotros”, señaló.

El bufet de abogados a cargo del proceso invirtió mucho dinero (no dio ninguna cifra) porque creyó en el caso y la confianza de ganar y hacer que el responsable pague por lo ocurrido en octubre de 2003.

PROCESO

Becker, en un fluido castellano y con la emoción a flor de los labios, explicó que el 5 de marzo iniciará el juicio, la primera sesión estará dedicada a conformar el jurado, todos ciudadanos norteamericanos. “Será todo el día”, puntualizó.

Una vez conformado el jurado se ingresará de forma plena al juicio. Los primeros en subir al estrado serán los testigos de la demanda, los abogados tendrán la posibilidad de interrogarlos.

Las víctimas recibieron la respectiva preparación porque —en criterio de Becker— los abogados de Goni irán a “atacar e intimidarlos”.
“Así será”, anticipó el joven abogado, y mencionó que tiene la certeza de que todo saldrá bien y que convencerán al jurado con sus testimonios.

“Son incontables las veces que me reuní con las víctimas porque hemos trabajado mucho. Ya vivo en Bolivia”, dijo.

Mencionó que tanto Gonzalo Sánchez de Lozada como Carlos Sánchez Berzaín fueron incluidos en la lista de testigos de la acusación y deberán sentarse en el estrado para que declaren.

En el caso de los demandantes, hizo referencia a que en la lista de testigos se encuentran ciudadanos norteamericanos que estuvieron en la localidad de Warisata el 20 de septiembre de 2003, donde murió la niña Marlene de ocho años como consecuencia de un disparo de bala en el pecho. 

La intervención militar fue liderada desde un helicóptero por el entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín,  el objetivo era rescatar a turistas que quedaron retenidos en un hotel de esa región por el bloqueo de caminos.

“Tenemos dos estadounidenses que viven allá, que estuvieron en la intervención militar a Warisata, donde murió una niña”, reveló Becker.
En cuanto al tiempo de duración de cada audiencia, indicó que eso depende de cada juez. “Pueden ser cinco como ocho horas. Eso lo definirá el juez”, insistió. Las audiencias serán de lunes a viernes, con receso los fines de semana.

De acuerdo con la normativa estadounidense, el proceso será acelerado y puede concluir a fin de mes. “Tenemos esa esperanza”, manifestó.
En cuanto a la posibilidad de apelar el fallo, indicó que es “difícil”, pero no impide que las partes asuman esa posibilidad.

Juicio de responsabilidades

El abogado de los familiares de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, afirmó que haber llegado al juicio “es de mucho valor porque ha sido una conquista que costó sangre y mucho sacrificio”.

Recalcó que el proceso instaurado en Estados Unidos fue ante la ineficacia de la justicia boliviana y la imposibilidad de procesar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en el país.

Al respecto, Becker aclaró que el proceso impulsado por los familiares de las víctimas nada tiene que ver con el trámite de juicio de responsabilidades que tiene el Estado boliviano, instaurado en el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Es otro proceso y no tenemos ningún contacto con el Gobierno”, afirmó.

El Gobierno boliviano, a través del Ministerio Público presentó en 2014 una segunda solicitud de extradición contra el exmandatario no tiene, hasta la fecha, respuesta de los Estados Unidos.

Alanoca: No puede repetirse otro ‘octubre negro’

La ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, afirmó que no puede “repetirse otro ‘octubre negro’” porque con lo ocurrido durante esas jornadas, que ocasionaron 67 personas muertes y al menos 400 heridas, culminó un proceso de total enajenación de los recursos naturales y menosprecio al pueblo boliviano.

“Por eso estamos trabajando para recuperar la memoria histórica y recopilando todo lo ocurrido para que las futuras generaciones conozcan lo que ocurrió en esta ciudad”, dijo.

Recordó que después de esa dolorosa experiencia se esculpió una personalidad de rebeldía y coraje que fue ejemplo en el mundo.

“No queremos volver a tener un 2003 jamás, pero también se debe reconocer el aporte realizado en la construcción de una nueva realidad socioeconómica que benefició al país”, aseguró.

Sostuvo que las vidas que se entregaron en esos días de masacre no tienen precio y por eso es que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y todos los que estuvieron involucrados en la orden de intervenir con armas los bloqueos vecinales deben responder a la justicia boliviana.

Homenaje

La autoridad afirmó que en homenaje a los caídos, sus familiares y los que resultaron heridos se trabaja en un proyecto para crear la ruta de la masacre de la Guerra del Gas.

Este recorrido contará con 15 puntos identificados como los sitios donde se registró la masacre de ciudadanos alteños que salieron a las calles para defender lo que era de los bolivianos e impedir que los recursos naturales sean explotados y llevados a través de Chile a Estados Unidos.

Uno de los puntos es la estación de servicio en Río Seco, donde ocurrió una explosión que provocó la muerte de muchas personas.

Datos

  • Octubre de 2003 se tiñó de sangre con los muertos que dejó la defensa de los recursos naturales, en especial del gas, el cual el entonces gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada pretendía sacar por puertos chilenos y llevar a Estados Unidos.
  • Fueron al menos 47 muertos y unos 400 heridos que dejó la masacre en esa ciudad.
  • Los familiares de nueve víctimas que perecieron en esas jornadas insistieron en que la demanda civil instaurada en la justicia norteamericana dio sus frutos porque el 5 de marzo se iniciará un inédito juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.
  • El exjefe de Estado contará para su defensa con el bufet de abogados Williams & Connolly, que, según Thomas Becker, intentará desvirtuar y amedrentar al equipo de denunciantes.