Los guerreros del gas

Foto: AFP
Miles de ciudadanos salieron a las calles en octubre de 2003 para pedir la renuncia de Sánchez de Lozada.

Judith Fernández y Estefani Huiza*

En la primera gestión presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (1992-1997) se realizó la capitalización de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). Con el argumento de que la empresa estatal era corrupta e ineficiente se entregó la administración a empresas transnacionales. Sin embargo, nadie se imaginaba que años después esta medida determinaría que el pueblo boliviano se levante para recuperar la dignidad de su país y sus recursos naturales.

En 2002, mediante una megacoalición, el ‘gonismo’ inició su segunda gestión. Ante la profunda crisis económica y social que azotaba el país, el mandatario, que recibía órdenes desde Estados Unidos, mediante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, propone aplicar el ‘impuestazo’ al salario, lo que trae como resultado el levantamiento y, por ende, el enfrentamiento entre policías y militares en la histórica plaza Murillo, que concluye con un elevado saldo de muertos.

A esto se suma la presencia de estudiantes de secundaria del colegio nacional Ayacucho, que apedrean las instalaciones del Palacio de Gobierno en clara muestra de la disconformidad que reinaba en la clase obrera popular del país.

Era la primera alerta, el pueblo estaba cansado y molesto por las políticas que se implementaban, además de ser el cúmulo de la bronca contenida por las constantes medidas antipopulares que se gestaron desde 1985.

Pocos meses después y ante constantes manifestaciones en contra de las medidas neoliberales que emitía el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) junto a los partidos tradicionalistas aliados en ese momento, como ocurría desde 1985, Sánchez de Lozada emitió la orden de preparar el Plan República, con el denominativo de secreto de Estado. Este plan totalmente antidemocrático, que iba en contra de la Constitución Política del Estado y los derechos humanos, fue elaborado por el equipo de Inteligencia de las Fuerzas Armadas como respuesta ante posibles movilizaciones sociales que se gestaban en el país debido a las medidas antinacionalistas que tomaban las autoridades de turno.

Corresponde señalar que este plan fue fríamente calculado, diseñado y asesorado por miembros de la Embajada estadounidense en Bolivia mediante la DEA y otras dependencias incrustadas en los altos mandos, tanto políticos como militares del país.

En ese momento se impulsó una de las traiciones más grandes que se podía dar a la nación, que se estaba preparando en la cúpula más alta del MNR y sus aliados, MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), NFR (Nueva Fuerza  Republicana), ADN (Acción Democrática Nacionalista), UCS (Unidad Cívica Solidaridad) y otras tiendas políticas de derecha, como alguna vez había ocurrido en el siglo XIX, cuando unos vendepatrias entregaron las costas del Pacífico a Chile, esta vez era el gas boliviano a Estados Unidos y México, pero industrializado en territorio chileno.

Goni, hábil empresario, habiendo desangrado Bolivia mediante las concesiones mineras y alquileres de sus bienes al Estado, hizo una jugada clave, casi maquiavélica. Se convirtió en socio empresarial de la Pacific LNG, que era la encargada de transportar el gas a Chile y, supuestamente, de ahí a California. Debido a ello, las autoridades nacionales negaron cualquier posibilidad de industrializar el carburante en territorio boliviano y manifestaron que estábamos años luz de la industrialización de nuestros recursos naturales.

La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF pronosticaron una inversión de tres mil millones de dólares en territorio chileno con ganancias aproximadas de mil millones de dólares anuales, de los cuales Bolivia recibiría el 18%, unos 180 millones de dólares por año, demostrando que nuestra materia prima era nada para nosotros y todo para ellos.

Debido a los intereses personales del mandatario nacional, nada podía cambiar en el parlamento, pese a las constantes intervenciones del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma, quien exigió una nueva Ley de Hidrocarburos y que se frene la traición a la patria. 

Sánchez de Lozada, ya con el pacto en mano y los convenios arreglados, ratificó su decisión públicamente, cuando en cadena nacional afirmó “el Estado soy yo” y, por tanto, que sus decisiones eran las correctas para el país y que estaban oleadas y sacramentadas.

Sin embargo, el 8 de octubre de 2003, las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto declararon un paro cívico con carácter indefinido.

Con el paso de los días, las protestas se intensificaron. La represión militar dejó 67 muertos y más de 400 heridos, y el 17 de octubre, Sánchez de Lozada no tuvo más salida que poner su cargo a disposición del Congreso y fugar a Estados Unidos. *Egresadas de Comunicación/UMSA.