[Opinión] Se hará justicia

Democracia Directa

El Nuevo Herald incluyó a Gonzalo Sánchez de Lozada (presidente de Bolivia en dos oportunidades, de 1993-1997 y 2002-2003) y a su exministro Carlos Sánchez Berzaín en una nómina de exfuncionarios sospechosos de corrupción en Latinoamérica que se refugian en el sur de Florida.

De hecho, según la publicación del 17 de diciembre de 2016, el expresidente, principal responsable de la masacre de octubre de 2003 y prófugo de la justicia boliviana, residía por entonces “en una casa de ladrillo de dos pisos que fue adquirida por $us 1,4 millones por Macalester Limited, una compañía de responsabilidad limitada que se formó en las Islas Vírgenes Británicas”.

En tanto, el aliado de Sánchez de Lozada hasta el último minuto, Sánchez Berzaín, quien fugó también a Estados Unidos, se estableció en el sur de la Florida.

La publicación señala que documentos muestran que Sánchez Berzaín y su cuñado son propietarios o están listados como directivos o miembros de entidades de negocios que controlan conjuntamente propiedades inmobiliarias en Miami por un valor de unos $us 9 millones.

Ésa es la vida de quienes en 2003 ordenaron reprimir a la población para lograr el objetivo de exportar gas a Estados Unidos por puertos chilenos. La resistencia de la ciudad de El Alto asumió el costo de la movilización: 67 personas fallecieron y más de 400 resultaron heridas.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín acudían con total normalidad a las recepciones de empresarios, hablaban de política y de cómo habían sido víctimas de un golpe de Estado. Sí, así lo afirmaban orgullosos.

En uno de esos cócteles en el sur de la Florida, Sánchez de Lozada recibió la visita de funcionarios judiciales. No quiso ni estrechar sus manos, tanto que uno de ellos tuvo que ponerle en el bolsillo la notificación para que acuda a brindar sus declaraciones sobre una nueva demanda de los familiares de las víctimas de octubre.

Sánchez de Lozada no podía creerlo. El juez del Distrito Sur de Florida, División Miami, James Cohn, dio curso a la investigación por asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos.

Luego de las investigaciones y de las comparecencias de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, los denunciantes y testigos, el juez Cohn anunció el 14 de febrero de 2018 que este 5 de marzo se dará inicio al juicio civil en contra de las exautoridades.

La demanda la presentaron Eloy Rojas Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callisaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe.

En la demanda se afirma que la respuesta de los acusados a las protestas de septiembre y octubre de 2003 fue ordenar a las fuerzas de seguridad de Bolivia, incluyendo a militares y francotiradores armados con rifles de alta precisión y soldados y policías que usaban ametralladoras, atacar y asesinar blancos de civiles desarmados, muchos de los cuales no participaban en las protestas de ninguna manera y que incluso ni siquiera se encontraban cerca de los lugares de manifestación.

Por tanto, concluye el escrito de la demanda,  “basados en la evidencia respecto a los hechos y circunstancias de cada tiroteo, un jurado podría razonablemente concluir que cada fallecido fue asesinado por un miembro del Ejército boliviano y que los tiroteos no fueron accidentales ni negligentes”.

Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada dejarán su comodidad y este 5 de marzo responderán ante un jurado civil sobre estos hechos. Intentarán todo para eludir el proceso, como ya lo hicieron, pero se hará justicia. De eso ya no hay duda.