Goni quiso frenar en dos oportunidades el proceso

Foto: Elaboración Javier Pereira
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada ahora tendrá que dar la cara a los familiares de las víctimas en un juicio oral.

Gonzalo Pérez Bejar

El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín intentaron en dos oportunidades frenar el proceso civil que se les instauró en tribunales norteamericanos a demanda de ocho familiares de víctimas que perdieron la vida en los luctuosos sucesos de octubre de 2003, informó Thomas Becker, uno de los abogados patrocinadores del proceso, a Democracia Directa.

Tuvieron que pasar 14 años y cuatro meses para que los familiares de las víctimas de la denominada Guerra del Gas tengan la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a quienes se presume fueron los responsables intelectuales de la masacre que derivó en la muerte de 60 personas y dejó al menos 400 heridas en los enfrentamientos entre un pueblo desarmado y fuerzas combinadas de policías y militares.

Becker afirmó que la decisión del juez del Distrito Sur de Florida, División Miami Estados Unidos, James Cohn, fue asumida el 14 de febrero, cuando resolvió que el juicio oral contra ambas exautoridades se inicie el 5 de marzo.

“Es una buena noticia para las víctimas porque tendrán la oportunidad de explicar lo que pasó y eso es importante. En el equipo estamos muy animados y las víctimas ansiosas”, afirmó.

El proceso lleva los números 08-21063-CV-COHN y  07-22459-CV-COHN, los demandantes en este proceso civil son Eloy Rojas Mamani. Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callisaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe.

Becker señaló que todo este proceso en busca de justicia se inició cuando visitó Bolivia en 2005 y Carlos Mesa ejercía el cargo de presidente.

“Durante las manifestaciones contra Mesa conocí a varias personas que habían sufrido en 2003 y me dijeron que fue masacre”, declaró.

A partir de esa información se animó a seguir el caso y buscó alternativas para buscar la forma de procesar a los verdaderos responsables de lo ocurrido en El Alto en octubre 2003 y que viven en su país luego de huir la noche del 17 de octubre de ese año.

El primer intento legal del Estado boliviano fue extraditar a los responsables de esa masacre; sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada bajo el argumento de que no están tipificados en su ordenamiento jurídico los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y atentado contra la prensa, inscritos en el pedido de extradición. 

Esa negativa obligó a que se modifique el pliego acusatorio y se haga una nueva solicitud. En julio de 2014, la Fiscalía General del Estado presentó la segunda solicitud,  un año y siete meses después recién pasó el primer filtro, pero hasta la fecha no existe respuesta.

PROCESO CIVIL 

Al no coincidir la nomenclatura legal entre ambos países es que se decidió buscar otras alternativas.

“Nosotros exploramos las oportunidades”, dijo Becker, y  mencionó que con otros colegas suyos presentaron en 2007 una demanda, pero por la vía civil.

“Encaramos este juicio con otras personas en 2005 y 2006, buscamos las alternativas, y en 2007 presentamos la demanda en la corte Federal de Florida, el juicio empezó en 2007 y avanzamos a pesar de los obstáculos que nos pusieron”, afirmó.

Desde esa fecha tuvimos dos apelaciones legales, una fue cuando presentamos la demanda (2007) y pidieron que el juez los saque del juicio, pero se decidió su remisión a la Corte Superior, donde se pretendió suspender el proceso y anularlo, pero la decisión judicial fue para enmendar (corregir) y continuar con la demanda. 

“Hemos presentado una nueva titulada ‘Segunda demanda enmendada y consolidada por asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos’, y el juez decidió que avanzáramos”, sostuvo.

En la fase de descubrimiento o de explicaciones se presentó la prueba y es cuando el juez Cohn resuelve que un jurado decida sobre la culpabilidad o inocencia de los dos encausados.

Becker también mencionó que se prevé que el proceso, a iniciarse el 5 de marzo, termine a fines de ese mes y será la primera vez en la historia de su país que un expresidente sea juzgado por delitos contra la violación de los derechos humanos.

Advirtió que en caso de que ambas exautoridades sean halladas culpables, las familias recibirían un resarcimiento.

 “No sé cuánto puede ser. Eso lo decidirá un jurado. Nosotros no hemos pedido un monto exacto, pero lo importante es que las víctimas buscan justicia”, señaló.

Además de Becker, el equipo lo componen Beth Stephens en coordinación con el Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y los bufetes de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP y Akerman LLP. 

El presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas, Juan Patricio Quispe, expresó su satisfacción por llegar al juicio oral “después de 14 años de sufrimiento”. Indicó que trabajaron mucho, fueron varios viajes para reunirse con los equipos de abogados para que conozcan detalles de lo ocurrido en octubre.  

“Enviamos videos e hicimos videoconferencias” porque los abogados de la otra parte no querían venir a Bolivia y nos citaban en Quito, hasta donde se viajó para completar las declaraciones con los abogados liderados por Thomas Becker.

Mayta: Agotaremos todas las pruebas

El abogado de los familiares de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, aseguró que la modalidad del juicio oral en Estados Unidos será continua, hasta agotar todas las pruebas con las que se cuenta.

 “Serán sesiones sucesivas, con los recesos que determine el juez, donde expondremos todo el material que reunimos en estos 10 años que estamos en juicio”, afirmó.

Mayta sostuvo que estará presente en las audiencias orales con el equipo de abogados y bufetes que están colaborando con este juicio, que en su criterio podría servir para que el Estado boliviano tramite la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su más estrecho colaborador, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. “Esta acción la encaramos en Estados Unidos por la ineficacia de la justicia boliviana y la imposibilidad de  procesar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, por ello iniciamos la acción civil”, afirmó.

Aclaró que el resultado del juicio oral será el resarcimiento económico, que no es lo que se busca porque lo importante, en su criterio, es que ambas exautoridades bolivianas respondan desde el “banquillo de los acusados” a las víctimas de octubre a pesar del poder económico que tienen.

“Haber llegado a este momento es de mucho valor para nosotros porque ha sido una conquista que costó sangre y sacrificio”, afirmó.

En cuanto a los bienes de Sánchez de Lozada, Mayta dijo que todos fueron vendidos y duda que tenga alguna propiedad en Bolivia. 

Huanacuni: sentencia servirá para pedir extradición

El resultado que lance el juicio oral de resarcimiento contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín será el indicio que le permita a Bolivia solicitar la extradición de ambas exautoridades que actualmente radican en Estados Unidos, sostuvo el canciller Fernando Huanacuni.

El jefe de la diplomacia boliviana señaló que ambos tienen juicios pendientes en el país, por los que tienen que responder.

“El que esté radicado en EEUU es un indicio y nos servirá para el proceso penal que se sigue en Bolivia”, señaló.

El 5 de marzo comenzará el juicio oral que demandaron los familiares de las víctimas que perdieron la vida en octubre de 2003, afirmó el canciller del Estado, Fernando Huanacuni.

“Hermanos aymaras, niños, varones y mujeres fueron masacrados por una lógica de seguir lineamientos imperiales. Pensaron que escapando a Estados Unidos no les llegaría la justicia”, afirmó.

En ese sentido, el anuncio de juicio civil es una demostración, más allá del espacio y del tiempo, de que la justicia llega.

Aseguró que éste es el inicio de una nueva etapa en la parte jurídica para continuar el proceso que se tiene contra el exjefe de Estado y su más cercano colaborador.