[Opinión] La buena fe de Chile

Democracia Directa

La condición costera del territorio de Bolivia y su soberanía marítima nunca fue cuestionada por Chile. Incluso sus constituciones de los años 1822, 1823, 1828 y 1833 reconocieron que su límite hacia el norte era el desierto de Atacama, entonces de posesión de la naciente República de Bolivia.

Por ejemplo, la Constitución Política del Estado (CPE) de Chile de 1822 establecía, en su artículo 3, que “el territorio de Chile reconoce por límites naturales al Sur, el Cabo de Hornos; al Norte, el despoblado de Atacama; al Oriente, los Andes; al Occidente, el Mar pacífico (sic)”.
En tanto, la CPE reformada y promulgada el 25 de mayo de 1833 ratificó los límites fijados por la Constitución de 1822. “El territorio de Chile se extiende desde el Desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y desde las Cordilleras de los Andes hasta el Mar pacífico, comprendiendo el Archipiélago de Chiloé, todas las Islas adyacentes, y las de Juan Fernández (sic)”, cita el artículo 1 de la norma suprema de esa nación.

Así de claro fue Chile y con esa misma actitud, por más de cien años, e incluso desde la misma invasión al puerto boliviano de Antofagasta, reconoció que no se podía dejar a los bolivianos privados de un puerto propio.

En efecto, el 26 de noviembre de 1879, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Domingo Santa María, señaló: “    No podemos ahogar a Bolivia... Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa”, por tanto sentenció: “Debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia…” (El libro del mar, 2014).

Las palabras de Santa María fueron los primeros puntales de la política de Estado que el propio Gobierno de Chile construyó sobre el derecho marítimo boliviano.

Bajo esa lógica, presidentes, cancilleres y embajadoras, conscientes del daño que le causaron a Bolivia, se comprometieron a solucionar la mediterraneidad a través de diversas propuestas materializadas en notas y acuerdos en 1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975 y 1983. Sin embargo, en todas esas negociaciones, Chile se retiró de la mesa de diálogo en el último momento o modificaba su ofrecimiento.

Por ejemplo, el 1 y 20 junio de 1950, los Gobiernos de ambos países intercambiaron notas en las cuales manifestaron su interés de “entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al     océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial, y que consulten efectivamente sus intereses”.
No obstante, meses después, el presidente chileno Gabriel González Videla le comunicó al presidente de Estados Unidos Harry Truman que la fórmula de acuerdo por la cual Bolivia obtendría un acceso soberano al océano Pacífico sería a cambio del uso, por parte de Chile, de aguas del lago Titicaca, versión que fue desmentida por La Paz.

Pese a las aclaraciones respecto a los verdaderos términos de la negociación, una serie de especulaciones periodísticas generó la oposición de círculos políticos tanto en Bolivia como en Chile, razón por la cual la negociación pactada mediante las notas de 1950 quedó pendiente.

Pero ¿por qué González Videla realizó esa infidencia que paralizó las conversaciones? ¿Habrá sido ése su objetivo? Son preguntas que Santiago deberá responder ya no sólo a Bolivia, sino a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal que juzgará su comportamiento sistemático, los compromisos que asumió y su buena fe que como Estado empeñó para resolver un encierro que la élite de ese país provocó.