Jurado declara culpables a Goni y a Sánchez Berzaín

El expresidente Sánchez de Lozada deja el tribunal de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.
Foto: Cambio

Gonzalo Pérez Bejar

El jurado civil de la Corte de Fort Lauderdale del estado de Florida, Estados Unidos, halló culpables por los delitos de asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Además, les impuso el pago por resarcimiento de $us 10 millones, informó a Cambio el abogado de los familiares de las nueve víctimas, Thomas Becker.

La Corte del Distrito Sur del estado de Florida, que fue dirigida por el juez James I. Cohn, de 66 años, está conformada por 10 jurados que deliberaron durante más de tres días para entregar su veredicto.

“Fue una decisión unánime del jurado, la cual estableció que Goni y Sánchez Berzaín son culpables. Entonces, el juicio terminó y hay unas situaciones técnicas que los dos lados tenemos que resolver”, detalló Becker en contacto telefónico con Cambio.

El abogado que trabajó con los familiares de las víctimas desde 2007, indicó que el jurado tomó una decisión en forma “unánime” con base en los hechos presentados en el proceso.

Sin embargo, los abogados de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, Stephen D. Raber y Ana C. Reyes, señalaron, en un comunicado, “que el veredicto de ayer es un paso en ese proceso, pero no es el paso final porque el juicio no finalizó y habrá que esperar la sesión informativa que se completará el 4 de mayo cuando el tribunal de primera instancia emitirá su decisión final después de esa fecha”.

“No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”, refiere el comunicado.

Sin embargo, en criterio de Becker, lo que tiene que hacer el juez Cohn es ratificar la decisión del jurado, porque los hechos están claros, pero también existe la posibilidad de que la rechace.

“El jurado decidió que hubo ejecuciones extrajudiciales y es  eso en lo que ganamos, que es lo más importante; es una violación internacional de los derechos humanos”, señaló.

La decisión del jurado civil de la Corte de Fort Lauderdale evaluó la calidad de todas las pruebas presentadas por el lapso de tres jornadas y dos suspensiones.

El juicio comenzó el 5 de marzo y se extendió por 19 días.

Las familias que iniciaron el proceso son: Eloy Rojas Mamani (Warisata, Bolivia), Etelvina Ramos Mamani por la pérdida de su hija Marlene Nancy Rojas Ramos, fallecida el 20 de septiembre de 2003 por un disparo en el pecho cuando se asomó a la ventana.

Sonia Espejo Villalobos por la muerte de su esposo Lucio Santos Gandarillas Ayala, asesinado el 12 de octubre de 2003; Hernán Apaza Cutipa por la muerte de su hermana Roxana Apaza Cutipa, de 19 años, fallecida el 12 de octubre de 2003; Teófilo Baltazar Cerro por el deceso de su esposa Teodosia Morales Mamani, el 12 de octubre de 2003; Juana Valencia de Carvajal por la muerte de su esposo Marcelino Carvajal Lucero, el 12 de octubre de 2003; Hermógenes Bernabé Callizaya por el fallecimiento de su padre Jacinto Bernabé Callisaya, el 13 de octubre de 2003; Gonzalo Mamani Aguilar por la muerte de su padre Arturo Mamani Mamani, y Felicidad Rosa Huanca Quispe por el deceso de su padre Raúl Ramón Huanca Márquez, fallecido el 13 de octubre de 2003.

Los procesados presentaron varias argucias políticas para evitar el juicio, sin embargo, el juez Cohn determinó que ambos sí pueden ser procesados por la vía civil con la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991 por la muerte de personas que sufrieron las consecuencias de la represión militar de septiembre y octubre de 2003.

En los memoriales presentados el 26 de septiembre de 2007, los denunciantes demostraron con abundante documentación que sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente y como consecuencia del Plan República, diseñado por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para “reprimir la oposición popular a su impopular agenda política”.

La acusación revela además que Sánchez Berzaín en persona ordenó el inicio de la represión militar cuando viajó en helicóptero a la región de Sorata el 20 de septiembre de 2003 para desarticular un bloqueo de caminos que impedía el tránsito de pobladores y turistas de ese pueblo.

Al ver un grupo creciente de campesinos que impedían sus maniobras, Sánchez Berzaín gritó a un jefe militar: “Sacá a esos indios de los caminos o les pondré un tiro”.

Goni ordenó la masacre

A una hora aproximadamente de conocido el fallo, Becker junto a su colega Judith Chomsky ofrecieron una conferencia de prensa acompañados de ocho de los nueve demandantes.

Juan Carlos Quispe, a nombre de toda la delegación, expresó su satisfacción por el resultado que lograron luego de 10 años de haber iniciado el proceso. “Esto demuestra que Sánchez de Lozada es un expresidente de Bolivia que con los militares hizo masacrar al pueblo boliviano, ha dejado viudos y centenares de heridos”, señaló.

A su turno, la abogada Chomsky destacó que este proceso es el primero que resalta la defensa de los derechos humanos y lo definió además como histórico por tratarse de un expresidente que es juzgado en Estados Unidos.

“La lucha no ha terminado, porque seguro que apelarán; sin embargo, estamos llenos de confianza porque no puede ser que en Estados Unidos se proteja a estas personas tiranas por el uso de estas prácticas y tortura”, expresó.

Acusación

El equipo que encaró el proceso lo componen Beth Stephens en coordinación con el Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y los bufets de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP y Akerman LLP.

Familiares celebran triunfo total y afirman que sentencia marca un precedente a escala global

Tomó más de 10 años y fue el resultado de esfuerzo y de largas horas de trabajo, y por ello, la sentencia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín fue celebrada ayer por los familiares de las víctimas de octubre de 2003 como un triunfo total.

“Éste es un triunfo total, absoluto, porque hemos ido a buscar a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín donde creían que eran líneas inalcanzables, y un tribunal, cuya imparcialidad no puede cuestionarse, les ha dicho: ‘Ustedes son culpables de la masacre’”, afirmó el abogado de los familiares de las víctimas, Rogelio Mayta.

A su vez, el presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas, Juan Patricio Quispe Mamani, saludó al equipo jurídico que logró procesar a las exautoridades en Estados Unidos, donde ellos creían tener una suerte de protección.

“La sentencia es clara, ya no tiene vuelta atrás, aunque podrían amañar alguna cosa porque Sánchez de Lozada todavía tiene influencia”, advirtió Quispe, quien perdió a su hermano durante las jornadas de octubre de 2003.

Mayta, a su vez, dejó en claro que “con relación a los hechos, es irreversible (la sentencia)”, empero, dijo que “la valoración legal probablemente pueda variar, lo cual de hecho están tratando de pelear en este momento Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín”.

Indicó que la defensa de las exautoridades podría presentar una impugnación de carácter legal, luego apelar la sentencia e inclusive presentar alguna petición a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Por tanto, señaló que “hay mucha tela por cortar, pero los hechos en sí ya no van a cambiar, pueden refugiarse en argumentos legales, leguleyescos, que lo van hacer, seguro, pero los hechos ya no cambian”.

El jurista afirmó además que este veredicto marcará un precedente a escala mundial porque “un presidente democráticamente elegido no puede reprimir violentamente con uso de armamento letal a población civil que se manifiesta, porque eso lo convierte en violador de derechos humanos”.

“Ése es un precedente no sólo en Bolivia, acá ya logramos en 2011 una sentencia que es un precedente, éste es un precedente a nivel global”, aseguró.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron sentenciados en un juicio civil por los delitos de asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, que significaron la muerte de 67 personas y más de 400 heridos que dejó la represión militar que ellos ordenaron en septiembre y octubre de 2003.

Unas 64 personas recibirán fondos del resarcimiento

Unas 64 personas, de las cuales 60 son familiares de las víctimas mortales de octubre de 2003 y cuatro heridos, recibirían parte del resarcimiento que pagarán el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín.

Así lo reveló el presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas, Juan Patricio Quispe Mamani, quien  anticipó para los siguientes días una reunión en la que se definirá los criterios que se aplicarán para la distribución de los fondos obtenidos en este proceso civil en Estados Unidos.

De inicio, una parte irá a pagar los honorarios de los juristas que participaron en el proceso, ya que se realizaron varias diligencias, como viajes y la recolección de pruebas.

Quispe detalló además que existe un acuerdo interno asumido en 2006 entre los familiares de las víctimas de octubre y los heridos, el cual se aplicaría una vez que se ejecute la sentencia del jurado de Fort Lauderdale, ubicado en el sur de Florida, Estados Unidos, en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Pero más allá de lo que ocurrirá con los recursos económicos, Quispe destacó la paciencia de los afiliados a la Asociación y dijo que hubiera sido maravilloso que en lugar de que las dos exautoridades paguen un resarcimiento, éstas sean encarceladas.