Como 45 países participarán en Cumbre de Transparencia

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, visitó ayer la redacción de Cambio.
Jorge Mamani

Gabriela Ramos / Cambio
Al menos 45 países participarán en la conferencia internacional sobre gestión transparente, confirmó ayer la ministra Lenny Valdivia.
En declaraciones a la redacción del periódico Cambio, explicó que el evento contará con la participación de unos 300 delegados, entre ministros de Estado, representantes de unidades académicas y entendidos en la materia de administración pública transparente y lucha contra la corrupción.
De las 45 naciones asistentes, 33 serán de América Latina y el Caribe, y 12 de delegaciones de otras partes del mundo.
Destacó la decisión asumida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que Bolivia sea sede de este evento, tomando en cuenta los avances alcanzados por el país en prevención y lucha contra la corrupción.
El presidente Evo Morales anunció esa decisión el miércoles en la ciudad de Cochabamba.
El gobernador del valle, Iván Canelas, resaltó que los gastos de organización del evento correrán por cuenta de la ONU, aunque el Estado boliviano deberá encargarse de la logística.
DISCUSIÓN
Valdivia indicó que en la conferencia se tratará: liderazgo ético, el profesionalismo, la cultura de la integridad en el sector público, cambio de mentalidad en la administración pública y mecanismos de participación ciudadana.
La autoridad ponderó el trabajo desarrollado durante la gestión de gobierno del presidente Evo Morales, pues fue quien instituyó la lucha contra la corrupción con la creación de un ministerio hasta la promulgación de leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz.
AVANCES
Cabe recordar que en el Informe Global Anual 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) se destacaron los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción a través de programas específicos aplicados en los municipios del país.
La ONUDD valora ante todo la aplicación de la rendición pública de cuentas como modelo ampliado de control social, donde las autoridades municipales, departamentales y nacionales dan cuenta de las acciones ejecutadas en su gestión y responden a las cuestionantes de la población.